El Supremo anula los ceses del presidente y de un consejero de la CMT al crear la CNMC

• Considera que su mandato “se cercenó y se redujo a menos de la mitad"
• De Lorenzo y Ormaetxea deberán volver a sus cargos y ser indemnizados

Fotografía de archivo del expresidente de la Comisión del Marcado de las Telecomunicaciones Bernardo Lorenzo.

El Tribunal Supremo ha anulado este miércoles los ceses de Bernardo de Lorenzo y de Xavier Ormaetxea como presidente y consejero, respectivamente, de la extinta Comisión Nacional de las Telecomunicaciones (CMT) al crear la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNCM) por considerarlos "contrarios a derecho" y ha condenado a la Administración General del Estado a reponerlos como miembros del organismo regulador de las Telecomunicaciones de España.

Asimismo, la sentencia obliga a la Administración a abonarles los salarios correspondientes desde la fecha del cese hasta el momento de su reposición, "con los intereses correspondientes", o a ofrecerles una indemnización "que sustituya la sentencia si esta no puede ejecutarse material o legamente".

La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo -tras el fallo a favor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en octubre del año pasado- estima los recursos interpuestos por ambos contra los Reales Decretos de 11 de octubre de 2013, que acordaron sus ceses.

Un cese "sin causas legales"

En el documento, el Supremo ha explicado que el mandato inicial de seis años del presidente y los consejeros, que habían sido nombrados en mayo de 2011, “se cercenó y se redujo a menos de la mitad" tras la fusión de los órganos reguladores sectoriales en un regulador único, la CNMC, sin que los titulares del órgano hubieran incurrido en ninguna de las causas legales de cese.

Una reforma legal de la autoridad de regulación como la examinada, añade el Supremo, “no conforma una razón suficiente para el cese de sus directivos salvo que se prevean reglas que garanticen que dicho cese antes de la finalización de los mandatos no menoscaba la independencia e imparcialidad de las personas afectadas”.

El Gobierno decidió en marzo de 2013 unificar siete organismos reguladores bajo un único paraguas con el objetivo de reducir tanto el número de sedes como el número de consejeros, pasó de 52 a nueve, para lograr un ahorro de cuatro millones de euros en retribuciones.