Las eléctricas deberán esperar cuatro meses, en vez de dos, para cortar la luz a los beneficiarios del bono social

• Si la familia sufre vulnerabilidad severa, no podrán cortarle la luz en ningún caso
• El Congreso convalida el real decreto sobre la financiación del bono social
• Hay un plazo de tres meses para desarrollar el reglamento que evite los cortes
• La Cámara convalida también el proceso extrajudicial sobre cláusulas suelo

Un contador de electricidad.

Las eléctricas deberán esperar cuatro meses, en lugar de dos como ahora, para cortar el suministro eléctrico a los hogares beneficiarios del bono social por impago salvo que sean familias con una vulnerabilidad severa. En este caso no les podrán cortar la luz una vez que se desarrolle, en los próximos tres meses, el reglamento del real decreto-ley convalidado este martes en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha explicado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, durante la defensa del real decreto-ley que, además de la financiación del bono social, plantea medidas de protección para los consumidores vulnerables de energía eléctrica y que fue aprobado en Consejo de Ministros en diciembre tras un acuerdo con PSOE y Ciudadanos.

El Congreso lo ha convalidado con 248 votos a favor -los del PP, PSOE, C's, Foro, CC y Nueva Canarias-, 77 en contra -Unidos Podemos y ERC EH Bildu- y 15 abstenciones -PNV, Partido Democrático de Cataluña y Compromís.

El Congreso ha convalidado también el real decreto sobre el procedimiento extrajudicial para la devolución de las cláusulas suelo y el de medidas urgentes para mejorar el Sistema de Garantía Juvenil.

Prohibido cortar la luz en casos de extrema pobreza

El real decreto-ley sobre el bono social prohíbe cortar la luz a los consumidores con bono social que sufran una situación de extrema pobreza. Serán las comunidades autónomas las que determinen si una familia se encuentra en esta situación en un plazo de cuatro meses en los que no podrá haber corte del servicio.

Si son especialmente vulnerables, el suministro de los hogares será asumido por los servicios sociales autonómicos y municipales con cofinanciación procedente del bono social, que será aportada por las compañías eléctricas.

El reglamento dividirá, además, en tres categorías a los perceptores del bono social según su vulnerabilidad en función de su renta. En la categoría de menor vulnerabilidad, que recibirá un descuento del 25% en la tarifa como hasta ahora, estarán todos los colectivos que perciben el bono actualmente. Se trata de las familias numerosas, las que tienen todos sus miembros en paro, las formadas por jubilados con la pensión mínima y quienes tienen contratos con una potencia inferior a 3 kilovatios, informa Servimedia.

En la segunda categoría, que recibirá un descuento mayor que todavía está por definir, estarán aquellos hogares con situaciones de mayor vulnerabilidad por factores de renta. Por último, la tercera categoría estará formada por los hogares con una vulnerabilidad severa, que son aquellos a los que no se les podrá cortar el suministro.

Unidos Podemos y ERC no lo ven suficiente

El ministro Nadal ha pedido el respaldo a los grupos porque "cuando más apoyo reciba mejor, porque será más robusto". La diputada del PSOE, Pilar Lucio, ha destacado que "a pesar de que no se han cumplido todas las expectativas" se ha abierto las "puertas a la esperanza de mucha gente que aguarda decisiones políticas que le faciliten la vida".

Desde Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha subrayado que "es necesario trasmitir a la gente que hay temas importantes" sobre los que pueden llegar a un acuerdo.

Entre los que votaron en contra, el diputado de Podemos Francesc Vendrell ha denunciado que "no es una verdadera ley de mitigación y reducción de la pobreza energética" y que "llegamos tarde y mal". También votó en contra ERC porque considera que el decreto beneficia a las grandes compañías eléctricas y es un "parche", según su portavoz Joan Capdevila.

El Congreso convalida el real decreto sobre las cláusulas suelo

Por otra parte, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde también al real decreto ley que establece un mecanismo extrajudicial para que los afectados por las cláusulas suelo puedan recuperar el dinero pagado durante los años en los que no se beneficiaron íntegramente de las caídas del euríbor.

El texto ha salido adelante con 166 votos a favor, 87 abstenciones y 88 en contra. En concreto, la convalidación de la norma ha contado con el voto a favor del PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, frente a la abstención del PSOE y PNV, y el voto en contra de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ERC, PDECat, Compromís y Bildu.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha defendido que se da una respuesta "eficaz" a los consumidores afectados mientras que Margarita Robles, del PSOE, ha defendido la abstención porque aunque "ayuda a resolver el problema de los consumidores" y les otorga "protección plena", todavía persiste un sistema hipotecario que "cuanto menos produce sonrojo jurídico".

El diputado de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, ha calificado de "insensatos" a los grupos que se han opuesto a un mecanismo que "alivia" de carga a la justicia y fija una obligatoriedad para los bancos.

Por su parte, el diputado de Unidos Podemos, Alberto Montero, ha mostrado su rechazo al decreto porque "impone una a simetría entre consumidores y el sistema bancario", y hace que sea la banca la que elija "quién, cuánto y cuándo se cobra por el abuso de las cláusulas suelo", permitiendo que el sector bancario sea "juez y parte".