El Congreso aprueba la tramitación de la ILP de renta mínima con la negativa de PP y Ciudadanos

• El hemiciclo debatirá la propuesta con las enmiendas de los partidos
• PP y Ciudadanos han criticado la viabilidad económica de la medida
• La ILP propone ingresos de 426 euros para 2,4 millones de personas sin recursos
• CC.OO. y UGT recogieron 700.000 firmas para esta Iniciativa Legislativa Popular

El Congreso aprueba la tramitación de la ILP de renta mínima con la negativa de PP y Ciudadanos

La mayoría de los grupos parlamentarios, salvo el Partido Popular y Ciudadanos, han votado a favor este jueves en el Congreso de la toma en consideración de la proposición de ley para el establecimiento de una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para las familias sin recursos, procedente de una iniciativa legislativa popular (ILP) de los sindicatos CC.OO. y UGT.

Con 177 votos a favor y 165 en contra -no ha habido abstenciones- el Pleno de la Cámara Baja ha aprobado la toma en consideración de la iniciativa, para la que los sindicatos recabaron más de 700.000 firmas. La decisión ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo del PP y Ciudadanos, con lo que el Congreso inciará su tramitación y abrirá un periodo de enmiendas.

Al debate en el pleno han asistido los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, mientras que el Gobierno se ha ausentado.

PSOE: "Una obligación política y moral básica"

"Es una obligación política y moral básica", ha declarado el portavoz de empleo y diputado del PSOE Rafael Simancas, que ha liderado la defensa de la ILP tras anunciar, el pasado martes, su voto a favor después de una reunión con los sindicatos.

El socialista, cuyo partido ya logró en diciembre la aprobación en el pleno de una moción que reclamaba un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones, ha defendido que la renta mínima de 426 euros propuesta por la ILP constituirá "una inyección directa al consumo, a la actividad económica y al empleo" y "busca corregir" las ayudas que "el PP ha ido suprimiendo según han ido aumentando las necesidades sociales".

Simancas, que ha anunciado la intención del PSOE de que se incremente la prestación por hijo a cargo durante la tramitación de la ley, ha defendido la viabilidad económica de la iniciativa si se comparan los 12.000 millones que conllevaría con los 40.000 millones del rescate bancario, o los 30.000 millones que suponían las prestaciones por desempleo en 2011 y los 18.000 millones que representan en la actualidad.

Unidos Podemos pide una renta de 660 euros

También a favor, el responsable de Finanzas y Transparencia de Podemos y diputado del grupo Unidos Podemos, Segundo González García, ha defenido su voto por una medida que "afectará a 1.330.000 personas sin ningún tipo de ingresos" y ha apelado a PP y Ciudadanos por su negativa. "Van a decirle que no 730.000 hogares que hicieron los deberes", ha declarado González, que ha aventurado que parece que ambos partidos "van a ponerse de acuerdo para que esta medida no se apruebe hasta que no se aprueben unos presupuestos que no se sabe cuándo se van a aprobar".

Asimismo, González ha manifestado el "objetivo claro" de su grupo parlamentario de ampliar la medida durante su tramitación hasta que se acerque al umbral de los 660 euros. "Queremos hacer extensivo al resto del Estado algo que ya es una realidad en el País Vasco", ha explicado en referencia a la Renta de Garantía de Ingresos vigente en esta Comunidad Autónoma.

"Votaremos a favor de la ILP sobre la prestación de ingresos mínimos, es necesaria y ha llegado gracias a miles de firmas", ha declarado, por su parte, el diputado de ERC Jordi Salvador Duch, que -anta la previsible admisión a trámite de la ILP- ha pedido revisar "por completo" el sistema de protección social. "Tendremos tiempo para discutir si se trata de una renta básica, una renta mínima o una prestación indefinida por desempleo", ha señalado.

Apoyo del resto de partidos

Por el PNV, su diputado Iñigo Barandiaran también ha manifestado el voto favorable a la medida que, según su planteamiento, ha calificado como "una especie de tercera prestación de la seguridad social" que ha de ser entendida como tal.

Desde el PDECat, Carles Campuzano, ha marcado la necesidad de una prestación orientada a dar cobertura de larga duración y que esté vinculada al empleo y la formación, así como que se gestione por parte de las comunidades autónomas. A su vez, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha defendido que "en una verdadera democracia nadie debería quedar atrás", por lo que ha respaldado la iniciativa como un "verdadero acto de justicia".

Desde Coalición Canaria, Ana Oramas, ha mostrado su apoyo a la toma en consideración, aunque ha matizado que no significa que los nacionalistas canarios estén de acuerdo en el contenido de los aspectos competenciales, por lo que cree que se debe abrir un debate entre las comunidades autónomas y en el tema financiero.

Entre tanto, Iñigo Alli, diputado de UPN, ha mostrado su voto favorable a la toma en consideración, pendiente del debate de la iniciativa en su tramitación.

PP y Ciudadanos critican la financiación de la medida

En contra de la propuesta, tanto PP como Ciudadanos han centrado su discurso en la inviabilidad financiera de la medida. "No vamos a decirle (a los 700.000 firmantes de la ILP) que es posible algo que es absolutamente imposible", ha manifestado la diputada del PP Susana López Ares, que ha declarado que el coste de la medida podría llegar "de los 12.000 millones de euros que establece CC.OO. a los 50.000 de otras estimaciones".

Para la diputada, que también ha criticado el "efecto llamada que podría tener", existen dos vías para costear la renta mínima: "trasladar el gasto a otros programas, es decir, reducir partidas" o "incrementar los impuestos". "En cualquier caso", ha señalado López, "más pobreza para las familias y menor rentabilidad para las empresas".

En el mismo sentido, el portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán Monés, ha abogado por invertir los esfuerzos del Parlamento en generar políticas sociales y de inserción laboral. "Prefiero ofrecer oportunidades que pagas", ha señalado tras referirse a la propuesta como una medida "antiliberal y antiprogresista".

A continuación, Roldán se ha dirigido directamente al PSOE, al que a los que ha interrogado sobre la forma de financiar una iniciativa que "no se pueden pagar". "¿Van a hacerlo con más impuestos, con más recortes o no van a hacer nada?", les ha espetado.

"Sensación agridulce" en los sindicatos

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, asisten desde la tribuna de invitados al pleno del Congreso. EFE/Emilio Naranjo

Por su parte, en declaraciones a las puertas del Congreso, Fernández Toxo (CC.OO.) y Pepe Álvarez (UGT) han agradecido la voluntad mayoritaria de los partidos y han acusado al PP y a Ciudadanos de "falta de sensibilidad" por no apoyar la renta mínima "cuando el rescate bancario ha costado más de 40.000 millones de euros".

"No es de recibo que el Gobierno en pleno se haya ausentado. Hubiera sido un gesto con la ciudadanía y un gesto de respeto a las 700.000 personas que han avalado con su firma la iniciativa", ha declarado Toxo, que ha dicho que se ha quedado con "una sensación agridulce".

El dirigente de UGT ha calificado de "desvergüenza" que el PP y Ciudadanos no apoyen esta renta cuando hay personas que "no tienen para hacer las tres comidas al día" y ha afirmado que también tiene sensación de "tristeza" ante "la posición de cinismo insoportable de Ciudadanos".

426 euros para más de 2,4 millones de personas

La proposición de ley promovida por CC.OO. y UGT busca fijar una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario careciera de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.

En concreto, los requisitos de los beneficiarios son, según información facilitada por Europa Press, tener entre 18 y 65 años, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones por desempleo, que la renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y carecer de ingresos individuales y de los miembros de la unidad familiar establecidos en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La cuantía de la prestación estaría en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.

Para poder sufragar el importe total de la prestación se necesitarían casi 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1% del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2% y el 0,4% del PIB.