Detenidos varios altos cargos de Convergència en una operación contra la financiación irregular

• Entre los detenidos se encuentra el tesorero de CDC Andreu Viloca
• También se ha arrestado a un excargo y un exteniente de alcalde de Barcelona de CDC
• La Guardia Civil investiga a tres organismos públicos por contratos amañados
• Adjudicarían contratos a cambio de donaciones a fundaciones satélite del partido

Varios altos cargos de Convergència detenidos en una operación contra la financiación irregular

La Guardia Civil está desarrollando una operación contra la supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) en la que se prevén cerca de veinte detenidos relacionados con tres empresas de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat.

El tesorero de CDC Andreu Viloca, que en 2015 permaneció en prisión preventiva por su presunta relación con el cobro de comisiones de empresas, ha vuelto a ser detenido hoy en la cuarta fase del llamado caso del 3%, que dirige el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona).

También ha vuelto a ser detenido el directivo de la empresa Oproler Josep Maria Bassols, esposo de la juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el expresidente catalán Artur Mas fichó como comisionada de Transparencia

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, en la operación desplegada por la Guardia Civil ya han sido detenidas 18 personas presuntamente relacionadas con una trama de empresas que pagó comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obras públicas, en lo que supone la cuarta fase de la investigación, con epicentro en el Ayuntamiento de Barcelona en la etapa de Xavier Trias (CiU).

Además de Viloca, entre los detenidos figuran Ángel S.R., director general de Barcelona Infraestructuras Municipales S.A. , y Ernesto E.S., director de obra civil de esta empresa del consistorio encargada de la adjudicación de proyectos públicos. También el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y varios cargos de la antigua CDC: el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives, el exresponsable de servicios jurídicos de la antigua Convergència Francesc Sánchez y el exgerente del consistorio barcelonés durante la alcaldía de Xavier Trías y actual presidente de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga.

A última hora de la tarde, además de Viloca y Vives, los otros detenidos que han sido trasladados a dependencias de la Guardia Civil en Tarragona son el exresponsable de asuntos jurídicos de CDC Francesc Sánchez y el exdirector general de Infraestructuras Josep Antoni Rosell, que fue destituido en el cargo tras su primer arresto por esta causa, en 2015. Otros detenidos que también han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil son el exdirectivo de Copisa Francesc Xavier T. -imputado por la Audiencia Nacional por el supuesto pago de comisiones a Jordi Pujol Ferrusola-, y el delegado en Cataluña de Oproler, Josep Manel Bassols.

La investigación, en el marco de la causa judicial del caso del 3%, se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, presuntamente a cambio de comisiones que, en forma de donación, acababan en las arcas de CDC. El juez del caso atribuye a los detenidos los delitos de blanqueo, financiación ilegal, cohecho y malversación.

La mayoría de los detenidos -se trata de arresto técnicos, mientras duran los registros- son empresarios, aunque también se incluía en la previsión el arresto de algún ex alto cargo de la formación política, además de registros en empresas, sedes mercantiles y despachos de abogados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha precisado en una nota que el juez no ha acordado ninguna detención.

Según han informado a Efe fuentes del instituto armado, la Operación Pika, continuación de la llamada Operación Petrum, y dirigida por el juzgado de instrucción número uno del Vendrell (Tarragona), se centra en la licitación pública de contratos amañados con tres empresas, que como contraprestación realizaban donaciones a las fundaciones Forum o CatDem, vinculadas a Convergència (hoy PDeCat).

Se trata de las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA), en las que agentes de la Guardia Civil están practicando registros, requerimientos de información y detenciones. Se están practicando 25 registros y dos requerimientos y se esperan 19 detenidos, en las provincias de Barcelona, Lleida, Girona y Madrid.

Detenidos varios ex altos cargos de CDC en una operación por financiación irregular

Adjudicaciones amañadas a cambio de donaciones

La Operación Pika afecta a tres importantes organismos públicos que, de acuerdo a la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, realizaban presuntamente licitaciones de contratos amañados con diferentes empresas.

Como contraprestación a la adjudicación de estos contratos, posteriormente hacían efectivas donaciones a las fundaciones satélites de CDC, en realidad comisiones presuntamente de entre el dos y el diez por ciento.

La Guardia Civil sospecha que esta dinero pasaba a formar parte de la financiación del partido político, con la participación directa de relevantes responsables de la formación nacionalista.

La Guardia Civil se encuentra también recabando información en despachos profesionales y domicilios relacionados con la trama presuntamente fraudulenta. Unos 250 agentes se han desplegado en Barcelona, Girona y Lleida en el marco de esta investigación.

La Operación Pika es continuación de las tres fases de la Operación Petrum, desarrolladas por la comandancia de la Guardia Civil de Tarragona y que investiga desde 2015 el presunto pago de comisiones del tres por ciento a CDC a cambio de obra pública.

Con todo, el caso se remonta a hace una década cuando en 2005, durante un debate en el Parlamento catalán sobre el hundimiento del túnel del Metro en el barrio de El Carmel, el entonces presidente de la Generalitat Parqual Maragall (PSOE) le espetó al entonces líder de la oposición, Artur Mas (CiU): "Ustedes tienen un problema y se llama 3%", en alusión velada a que durante años de Gobierno de CiU las obras públicas se gravaban con tal porcentaje en forma de comisiones que servían para financiar la formación nacionalista.

Casi una década después, la Operación Petrum y ahora la Pika son las últimas líneas de investigación abiertas sobre esas supuestas comisiones. Petrum tiene su origen en un presunto caso de corrupción investigado en el Ayuntamiento de Torredembarra (Tarragona) a raíz de las denuncias presentadas en 2013 por la exconcejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montse Gasull.

Zoido niega que sea una respuesta al desafío soberanista

Jacint Borràs, máximo responsable de la antigua CDC, ha denunciado una "operación programada" por el Estado para desinflar la movilización que se prepara para arropar este lunes a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau ante el juicio por la consulta del 9N.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado que "hay que disipar cualquier duda" respecto a que esta operación de la Guardia Civil en Barcelona contra la presunta financiación irregular de CDC sea una respuesta a la intensificación del proceso soberanista en Cataluña.

También el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que esta operación "debe trasmitir la sensación y la certeza de que las instituciones funcionan" y que el sistema judicial "garantiza el cumplimiento de las normas", ha dicho en una entrevista en Los Desayunos de TVE.

puesta en marcha de la Hacienda propia catalanael referéndum soberanista podría incluso adelantarse

El momento en el que se desencadenan las operaciones no depende muchas veces de la Guardia Civil o la Policía, ha subrayado el ministro, y ha añadido que es la cuarta vez que se realiza una operación de estas características en el caso de la supuesta financiación irregular de CDC y ha dicho que "no ha sido a instancias de la Guardia Civil, sino de la propia autoridad judicial".

En declaraciones a la cadena Ser, Zoido ha desvinculado estos registros y detenciones en el marco del 'caso del 3%' a los anuncios de  y las declaraciones de miembros de la Generalitat de que  respecto a la fecha prevista de septiembre.