300.000 rumanos se manifiestan pese a retirar el Gobierno su decreto ley sobre corrupción

• Despenalizaba los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros
• La medida desató la mayor oleada de protestas desde la caída del comunismo en 1989
• El decreto iba acompañado de un indulto a 2.700 presos por delitos menores

Gente agitando banderas rumanas durante una protesta frente a la sede del gobierno en Bucarest (Rumania) este sábado, 4 de febrero de 2017.

Unas 300.000 personas se han manifiestado este sábado por quinto día consecutivo en Rumanía pese a que el Gobierno socialdemócrata ha anunciado que retira el polémico decreto ley que despenaliza ciertos delitos de corrupción.

"Mañana vamos a celebrar una sesión de Gobierno extraordinaria para derogar el decreto", ha dicho el primer ministro, Sorin Grindeanu, en una declaración a los medios.

"Todos los argumentos no se transmitieron de manera correcta, lo que creó confusión, por lo que el Ministerio y el ministro de Justicia asumen las consecuencias", ha agregado.

El primer ministro ha prometido que pactará con la oposición un nuevo proyecto de ley que cuente con el máximo apoyo parlamentario posible.

En la noche del martes el Gobierno aprobó por vía de urgencia y por sorpresa un decreto ley que despenaliza los casos de corrupción si causan pérdidas al Estado por debajo de 44.000 euros, lo que desató una indignación tal que pronto se tradujo en la mayor oleada de protestas desde la caída del comunismo en 1989.

El decreto iba acompañado de un indulto a 2.700 presos por delitos menores, también por corrupción, y que el Ejecutivo justificó por la necesidad de vaciar las abarrotadas cárceles rumanas.

Piden también la dimisión del Ejecutivo y nuevos comicios

Pese a que la retirada del decreto desató la alegría entre los manifestantes, unas 200.000 personas han seguido concentradas en Bucarest ante la sede del Gobierno entre gritos de "ladrones" y "traidores".

Muchos de los que protestan demandan la dimisión del Ejecutivo y nuevos comicios, pese a que el Partido Socialdemócrata (PSD) lleva apenas un mes en el Gobierno tras las elecciones parlamentarias de diciembre.

En otras ciudades rumanas se han reproducido las manifestaciones, que desde el martes han sacado a las calles del país a una media de 250.000 personas por noche.

El decreto había recibido las críticas de la oposición, del presidente, Klaus Iohannis, la magistratura, la Fiscalía Anticorrupción, la Comisión Europea y de países como Alemania y Francia.

Uno de los beneficiados de la despenalización era Liviu Dragnea, el líder y auténtico hombre fuerte del PSD, y que con la nueva normativa no debería responder ante un tribunal por un delito de corrupción valorado en 24.000 euros.

"Saldremos a protestar hasta que se deje de socavar la lucha contra la corrupción en este país", prometió a Efe Adrian Nica, un universitario.

Un niño con una pancarta en la que se lee "ladrones" sentado en los hombros de su padre durante la manifestación en Bucarest. EFE/EPA/Bogdan Cristel

En la capital los manifestantes han salido a la calle con banderas, silbatos y vuvuzelas, unas trompetas de un sonido estridente.

Numerosos padres han acudido este sábado con sus hijos a la manifestación, y los pequeños portaban carteles con mensajes como: "Con mi futuro no se juega" o "Rumanía es mi país".

"Soy el mejor en la escuela porque estudio, no robo, no miento, no engaño, los políticos nos deberían dar ejemplo", ha declarado a Efe Vasile Neagu, un niño de 11 años.

Para este domingo, 5 de febrero de 2017, hay convocada una protesta en la que se prevé que decenas de miles de personas de toda Rumanía se desplacen hasta Bucarest.

El PSD venció de forma holgada en las elecciones del pasado diciembre con el 45 % de los votos pero el polémico decreto no estaba incluido en de su programa electoral.

Los críticos con la decisión del Gobierno consideran esa normativa como el mayor retroceso en la lucha contra la corrupción desde que Rumanía entró en la Unión Europea (UE) en 2007.

La Fiscalía Anticorrupción ha logrado encarcelar desde 2010 a más de 3.000 políticos y funcionarios -entre ellos incluso ministros y un ex primer ministro del PSD, Adrian Nastase- lo que le ha valido los elogios de la Comisión Europea.

Altos cargos del PSD han criticado la labor de esa fiscalía especial y la han llegado a comparar con la "securitate", la policía política del anterior régimen comunista.

Rumanía es el segundo país más pobre de la UE y parte de la población se muestra frustrada con su clase política, lo que se tradujo en las pasadas elecciones generales en una abstención superior al 60 %.