Soria declara por la querella que presentó la juez Rosell por calumnias e injurias en las elecciones de 2015
- Exige responsabilidades al exministro por sus acusaciones en la campaña
- También pide que sus manifestaciones sean apreciadas como delito electoral
- Soria acusó a su rival de un "escándalo de corrupción judicial" y de "cohecho"
- El TSJ de Canarias no apreció delito en la actuación judicial de Rosell
El exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria ha declarado durante unas dos horas ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, como investigado en la querella por calumnias, injurias y delito electoral que la juez Victoria Rosell había presentado contra él y que se reactivó el pasado mes de diciembre.
El también expresidente del PP en Canarias no ha querido hacer declaraciones a los periodistas ni a su entrada ni a su salida de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, a la que ha acudido a declarar junto a su abogado Nicolás González Cuéllar.
La querella interpuesta por Rosell exige responsabilidades a Soria por las acusaciones que dirigió en varias manifestaciones públicas contra la juez en la campaña electoral de 2015, en la que ésta competía contra el entonces ministro en la circunscripción de Las Palmas como cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados.
Acusada de no apartarse de un caso por un choque de intereses
Victoria Rosell se vio salpicada en esa campaña por una investigación disciplinaria abierta por la Fiscalía, que consideraba que la juez había vulnerado sus obligaciones profesionales al no apartarse de la instrucción de un caso por fraude fiscal abierto contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, a pesar de tener posibles intereses personales en el asunto.
En concreto, la Fiscalía vinculaba esos supuestos intereses con el hecho de que la UD Las Palmas hubiera comprado por 300.000 euros a la pareja de la juez, el periodista Carlos Sosa, editor de CanariasAhora, los derechos explotación de una licencia de FM.
El Consejo General del Poder Judicial exoneró después a Rosell de cualquier mala conducta profesional en ese procedimiento y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la investigación abierta por la Fiscalía porque no tenía competencias disciplinarias sobre la juez y por vulnerar sus derechos como candidata.
Sin embargo, Soria se querelló entonces contra Rosell por cohecho, prevaricación y retardo malicioso de una causa penal porque entendía que la instrucción que había realizado la juez en el caso contra el empresario Ramírez estaba influenciada por sus intereses personales y los de su pareja. Victoria Rosell abandonó la política al verse imputada en esta causa.
La magistrada Victoria Rosell. Elvira Urquijo A.
El TSJ de Canarias no apreció delito en Rosell
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias archivó esas acusaciones el pasado mes de diciembre al no apreciar delito alguno en el desempeño de Rosell como instructora de ese procedimiento, lo que llevó a esta a reactivar la querella que meses atrás había presentado contra Soria ante el Tribunal Supremo y que no llegó a tramitarse en ese órgano, ya que el ministro había dimitido.
Rosell ha confirmado a Efe que pretende que Soria responda en los tribunales por una serie de manifestaciones que hizo contra ella en aquella campaña electoral, en la que la acusó de protagonizar "el mayor escándalo de corrupción judicial de la historia de Canarias" y de haber participado en "un cohecho como la copa de un pino".
La juez no tiene "ninguna duda" de que las declaraciones de Soria durante aquella campaña estaban dirigidas a perjudicarle en las elecciones. "Estoy convencida desde el principio", ha subrayado.
Rosell acusa a Soria de calumnias e injurias por haberle imputado la comisión de varios delitos y propone que sus palabras se tipifiquen también como delito electoral, ya que la ley que regula los comicios en España prevé que las calumnias proferidas en campaña contra un candidato con el propósito de perjudicarlo sean castigas con la mayor pena prevista en el Código para ese tipo de delitos.
También pide a Soria, aunque por ahora sin fijar ninguna cantidad, que le resarza por los perjuicios materiales y morales que le ha ocasionado.
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