Homs reconoce que fue quien aseguró al Govern que no era ilegal mantener el 9N tras la suspensión del TC

• Dice que primero recabó la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat
• Alega que el TC no advirtió al Govern sobre las consecuencias de incumplir

Homs admite que comunicó a la Generalitat que la votación no era ilegal a pesar del veto del TC

Francesc Homs ha reconocido este miércoles que, como responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, fue él quien aseguró al Gobierno catalán de que no incurría en ninguna ilegalidad al mantener la consulta del 9N tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) porque el Alto Tribunal no aclaró el alcance de su prohibición ni el Gobierno quiso ser "más preciso" cuando impugnó la consulta.

Homs, a quien el Tribunal Supremo ha notificado que le juzgará entre los días 27 de febrero y 1 de marzo por su papel en la consulta del 9N, ha declarado como testigo propuesto por las defensas ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que juzga al expresidente catalán Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por mantener el 9N pese al veto del TC.

El exconseller de Presidencia y actualmente diputado de PDeCAT en el Congreso ha sido interrogado en unas condiciones especiales, asistido por su abogada y bajo la advertencia del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, de que no estaba obligado a contestar a aquellas preguntas que pudieran perjudicarle en el proceso que el Supremo tiene abierto contra él por el 9N.

Recabó la opinión de los servicios jurídicos

En respuesta a Xavier Melero, abogado de Mas, el exconseller de Presidencia ha afirmado que, tras recabar la opinión de los servicios jurídicos de la Generalitat, dio cuenta al Govern de que "además de no incumplir la ley ni cometer ninguna irregularidad tampoco incurría en ningún tipo penal" si mantenía la consulta independentista después de que el TC la suspendiera, el 4 de noviembre de 2014.

Homs ha precisado que no fue un "mero transmisor" del dictamen de los servicios jurídicos de la Generalitat, de los que era responsable como conseller de Presidencia, sino que asumió plenamente su criterio: "yo configuré la decisión final".

En una de las principales líneas esgrimidas por las defensas, Homs ha sostenido que no creía que el Govern cometiera "ninguna irregularidad" al mantener el proceso participativo porque el TC desoyó la petición del Gobierno de Mariano Rajoy de que advirtiera expresamente a la Generalitat de las consecuencias de seguir adelante con la consulta.

"Silencio" del Constitucional

Homs ha indicado que para calibrar el alcance de la suspensión es preciso valorar el "silencio" que el Constitucional mantuvo entre los días 4 y 9 de noviembre de 2014, pese a que el gobierno catalán le había solicitado por escrito que aclarara exactamente qué actos del proceso participativo quedaban expresamente prohibidos, lo que a su parecer no es "menor, ni baladí, ni neutro".

"¿Dónde empezaba y dónde acababa el contenido de aquella presunta voluntad de suspenderlo exactamente todo?", ha apuntado Homs.

En ese sentido, el exconseller se ha preguntado "por qué el Gobierno no fue más preciso a la hora de interponer el recurso" contra la consulta de independencia: "en la medida en que sabía que era un automatismo la decisión que tomaba el TC, podría haber sido mucho más preciso y no lo quiso ser", ha remachado.

Homs, que ha insistido en el "menosprecio" con que el Gobierno se refirió a la consulta del 9N, ha alegado también que, aunque el Ejecutivo catalán supo de la suspensión del TC por las portadas de la prensa, no fue informado formalmente de la orden, a diferencia de la notificación personal que recibieron los miembros del Govern cuando el Alto Tribunal anuló en 2015 la declaración de ruptura aprobada en el Parlament.

La demanda del Govern en el Supremo

Según el exconseller, tras garantizar al Govern que no era ilegal mantener el 9N, él mismo se ocupó de informar de la estrategia a seguir tras la suspensión, que incluía presentar una demanda ante el Tribunal Supremo por vulneración de los derechos fundamentales de participación ciudadana, libertad ideológica y de expresión.

Después de la celebración de la consulta, se ha congratulado Homs, sintió avalada su opinión con el dictamen de la junta de fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, que días después del 9N se opuso por unanimidad a querellarse contra Artur Mas por desobediencia, al entender que no existía una advertencia expresa del TC sobre las consecuencias de desoír su orden.

La intervención de su abogada, Eva Labarta, ha impedido que Homs contestara a preguntas formuladas por los letrados sobre las instrucciones concretas que dio la Generalitat los días posteriores a la suspensión de la consulta, unos detalles que su letrada entendía podrían perjudicarle en su proceso penal ante el Supremo.

Antes de finalizar su declaración, Homs ha ironizado sobre la decisión del fiscal de no preguntarle en la vista que se sigue en el TSJC, porque está pendiente de ser juzgado en el Supremo, exclamando: "¡qué lástima!".

En la tercera sesión del juicio por el 9N han declarado, a propuesta de las defensas, varios políticos de la órbita nacionalista, entre ellos el expresidente del Parlament y del Pacto Nacional del Dret a Decidir, Joan Rigol, que ha afirmado que Mas le pidió que el proceso quedara en manos de voluntarios tras la suspensión, y "así se hizo".

Por su parte, una directiva de la empresa Sertrans, contratada para distribuir por los puntos de votación las urnas que habían confeccionado presos de las cárceles de Lleida, ha afirmado que el reparto del material se efectuó entre los días 7 y 8 de noviembre, cuando la consulta ya estaba suspendida, sin que recibieran ninguna indicación para cancelarlo.