La defensa de Mas alega que creyó que el TC no le obligaba a impedir la consulta del 9N

• Centra su argumentación en la "falta de concreción" de la providencia del TC
• También recurre al informe de los fiscales catalanes que no querían acusarle

La defensa de Mas alega que creyó que el TC no le obligaba a impedir la consulta del 9N

El abogado de Artur Mas en el juicio por desobediencia el 9N ha alegado que el expresidente catalán no se escondió tras una "multitud de voluntarios" ni ordenó retirar los medios públicos puestos a su disposición por la inconcreción del Tribunal Constitucional (TC), que cree que no obligaba a impedir la consulta.

Durante la exposición de su informe exculpatorio ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), donde este viernes quedará visto para sentencia el juicio a Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau, el letrado Xavier Melero ha centrado su argumentación en la "falta de concreción" de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, que suspendía la consulta sin incorporar ningún tipo de advertencia, como había solicitado el Gobierno.

Para la defensa del expresidente catalán, la providencia del Constitucional "no imponía un deber positivo de impedir" la consulta soberanista del 9N. Según Melero, en todo el procedimiento, Mas no ha negado nunca el impulso político de su gobierno al 9N, no ha ocultado que el ejecutivo dio medios materiales a los voluntarios y que no ordenó retirar los medios puestos a su disposición".

El letrado ha insistido que Mas no desobedeció y, para sustentar su alegato exculpatorio, ha recurrido al dictamen de la Junta de Fiscales de la Fiscalía Superior de Cataluña, inicialmente reacio a acusar a presentar una querella contra Mas por desobediencia -que finalmente impuso la Fiscalía General del Estado- por la ausencia de una advertencia expresa en la providencia del TC.

Mas dice que se le ha juzgado por el "éxito" de la consulta del 9N

Por su parte, Artur Mas ha asegurado, en un discurso de unos veinte minutos ante el tribunal, que no se les ha juzgado por haber desobedecido al Constitucional sino por el "éxito" de la consulta soberanista del 9N, que el Gobierno vivió como un "desafío". Mas ha proclamado que ni él ni ningún miembro de su gobierno cometieron ningún delito por permitir la consulta independentista.

El expresidente catalán ha lamentado que la Fiscalía pretenda "convertir en un delito" una votación que debería hacer sentir "orgullosos" a los catalanes: "qué pena, señor presidente, qué error, qué inmenso error", ha añadido dirigiéndose al tribunal, para recalcar después que el Gobierno "desobedece sistemáticamente las sentencias del Tribunal Constitucional" y a menudo también las directivas europeas, sin que haya juicios "y menos por la vía penal".

El acusado ha recalcado que, con el 9N, el ánimo del Govern "no era desobedecer, sino plantar cara al Gobierno" que, a su parecer, estaba "impidiendo" un proceso de participación para "conocer la opinión de la gente" y que cree que "usó" al TC "para hacer un trabajo que no hizo desde el punto de vista político".

Como ya hiciera en su declaración al inicio del juicio, Artur Mas se ha declarado "máximo responsable político y en algún sentido único" de la consulta del 9N, en la que el resto de miembros de su Govern encausados por la consulta -los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs- actuaron con la "debida lealtad" al jefe del ejecutivo catalán. "Las indicaciones, instrucciones y directrices emanaban de la Presidencia del gobierno de la Generalitat", ha subrayado Mas, al tiempo que insistía en que "nunca ha rehuido" ni una sola de sus responsabilidades.