Correa, Crespo y 'El Bigotes', condenados a entre 12 y 13 años de cárcel por el caso de Gürtel en Fitur

• También la exconsellera 'popular' Milagrosa Martínez ha sido condenada a 9 años
• Además, han sido condenados trabajadores de Correa y ex altos cargos del PP
• En cambio, la exconsellera de Turismo Angélica Such ha sido absuelta

Correa, Crespo y 'El Bigotes' irán a prisión por el caso de Gürtel en Fitur

Los considerados cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Pablo Crespo han sido condenados a 13 años de prisión, y Álvaro Pérez "El Bigotes" a 12 años, en la primera sentencia de la rama valenciana del caso Gürtel, la pieza 3 del caso relativa a supuestas irregularidades en la contratación del expositor de la Generalitat Valenciana en la feria Fitur entre los años 2005 y 2009, etapa de gobierno del 'popular' Francisco Camps.

Según consta en la sentencia emitida este vienes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), también ha sido condenada a nueve años de cárcel la exconsellera del PP de Turismo de la Generalitat y expresidenta de las Corts Valencianes Milagrosa Martínez.

Asimismo han sido condenados a penas de prisión otros responsables de la red Gürtel, como Isabel Jordán (6 años), Cándido Herrero (4 años y 4 meses) y Mónica Magariños (3 años).

El exjefe de gabinete de la exconsellera de Turismo Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, también ha sido condenado a 6 años de prisión, mientras que los ex altos cargos de esta Conselleria Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau han sido condenados a 7, 4 y 3 años, respectivamente.

Por contra, la exconsellera de Turismo Angélica Such, que sucedió a Milagrosa Martínez cuando esta fue nombrada presidenta de Les Corts Valencianes, ha sido absuelta, al igual que el exjefe de servicio en la Agencia Valenciana de Turismo Juan Bover.

En la sentencia, de 558 páginas, se condena a 11 de los 13 acusados por delitos de asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, falsedad y cohecho, y se determina que el grupo Correa se creó ex profeso para manipular concursos públicos y lucrarse, aplicando márgenes desproporcionados, duplicando partidas y facturando gastos inexistentes.

Trama para obtener contratos de la Generalitat Valenciana

Asimismo, se concluye que entre 2005 y 2009 la Conselleria de Turismo alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del grupo Correa, a las que facilitó información privilegiada.

El Tribunal considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener contratos de la Generalitat en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las ediciones de Fitur entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

La sala entiende que el grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios. También que las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros.

De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y Vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que "no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa".

Estas mercantiles, según recoge la sentencia redactada por el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de unos contratos públicos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

Indemnizaciones a la Generalitat

La sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Alvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.

La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde.

También prohíbe contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo Crespo, Alvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.

El tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L. , por importe de casi dos millones de euros 1.938.000 y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada.

El juicio por esta pieza separada del 'caso Gürtel' comenzó en marzo de 2015 y quedó visto para sentencia a mediados de abril de 2016 tras 65 sesionesy se ha conocido el fallo del tribunal casi 10 meses después.

Recurrirán la sentencia

Por otra parte, las defensas de varios de los condenados pedirán al Tribunal Supremo (TS) la anulación de la sentencia, al considerar que la sala estaba "contaminada", según ha podido saber Europa Press.

De hecho, a este respecto, Juan Carlos Navarro, abogado de Francisco Correa, ha indicado a los medios de comunicación, a la salida del TSJCV al que ha acudido para que se le notificara la condena de su cliente, que pedirá al TS la nulidad del procedimiento al entender que "la sala estaba contaminada" porque "resolvió sobre cuestiones de fondo que no debería haber resuelto".

Asimismo, Navarro ha considerado que la sentencia es "desproporcionada" en lo referente a este último delito, ya que se atribuye normalmente a cargos públicos y no a particulares, como es su cliente. Por ello, ha remarcado que van a recurrir la decisión del TSJCV.

Desde el PP, el vicesecretario de Organización de la formación, Fernando Martínez-Maillo, se ha referido este viernes al auto limitándose a afirmar que "la Justicia funciona" y que eso es "una garantía" para los españoles.

Ocho años del caso Gürtel

Esta sentencia sobre los contratos de la Generalitat con una empresa de la trama Gürtel para el expositor valenciano en Fitur llega a los ocho años de iniciarse el caso Gürtel y casi un año después de acabado el juicio.

La conocida como la número tres de las seis piezas separadas de la rama valenciana del caso Gürtel es la única que se ha visto en Valencia, ya que las otras cinco han pasado a la Audiencia Nacional tras no quedar aforados entre los imputados.

El origen de toda esta causa es la investigación que hace ocho años, en febrero de 2009, inició el entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP que operaba principalmente en Madrid y Valencia.

El denominado caso "Gürtel", por la traducción al alemán del apellido de uno de los supuestos cabecillas de la trama, Francisco Correa, llegó al TSJCV en mayo de 2011, tras la inhibición del TSJ madrileño, al que la Audiencia Nacional había remitido la causa por haber aforados en su Asamblea.

El TSJCV dividió la causa en tres piezas: sobre supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007; sobre presunto delito continuado de falsedad documental relacionada con los actos de este partido durante los comicios generales de 2008, y sobre los contratos para Fitur de 2005 a 2009.

En febrero de 2013, el TSJCV abrió tres piezas más, referidas a las contrataciones de RTVV para la visita del papa en 2006, a las contrataciones de la Generalitat con la trama (a excepción de las de Fitur), y a supuestos delitos contra la Hacienda Pública de Orange Market derivadas de las piezas una y dos.

La única pieza de Gürtel con sentencia

La instrucción de la pieza sobre los contratos de Fitur fue la primera en acabar, en noviembre de 2013, si bien el juicio no comenzó hasta el 31 de marzo de 2015, a pesar de que la vista oral se había fijado para un año antes.

La dimisión como diputadas autonómicas de las dos exconselleras de Turismo procesadas en la causa -Milagrosa Martínez y Angélica Such- a pocos días del inicio de la vista oral originó un conflicto de competencias en el que se tuvo que pronunciar el Tribunal Supremo, que finamente estableció que debía juzgarse en el TSJCV.

De esta forma, el juicio comenzó finalmente el 31 de marzo de 2015, aunque se suspendió al día siguiente a petición de las defensas para que pudieran examinar nueva documentación, y se retomó el 19 de junio.

En el banquillo se sentaron trece procesados: siete por sus responsabilidades en la Administración autonómica (dos exconselleras de Turismo y cinco empleados públicos), y seis de empresas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Álvaro Pérez "El Bigotes".

Después de 65 sesiones, el juicio quedó visto para sentencia el 14 de abril de 2016, hace 303 días, si bien la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva, ya había alertado de que la redacción del fallo judicial era "un trabajo muy complicado", dada la cantidad de testigos, acusados y documentación y la duración del juicio.

El responsable de la redacción de la sentencia de los contratos de Fitur es el magistrado Antonio Climent, el mismo que presidió el juicio en el TSJCV "de los trajes", en el que quedaron absueltos en 2012 Francisco Camps y Ricardo Costa, y fueron condenados el exvicepresidente Víctor Campos y Rafael Betoret.