La Audiencia Nacional ordena investigar a Fernández Ordóñez por la salida a Bolsa de Bankia

• Miguel Ángel Fernández Ordóñez era en 2011 gobernador del Banco de España
• Andreu tendrá que citar a declarar como investigados a otras siete personas
• Entre ellas se encuentra el exsubgobernador del organismo, Fernando Restoy
• Los tres altos cargos que todavía estaban en el Banco de España dimiten
• Consulte el auto de la Audiencia Nacional (.PDF)

Imagen de archivo del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez

La Audiencia Nacional ha solicitado al juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, que cite a declarar en calidad de investigados -término que sustituye al de imputado- al exgobernador del Banco de España entre 2006 y 2012 Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al entonces vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Fernando Restoy, que fue subgobernador del Banco de España de 2012 a 2016; al expresidente de CNMV Julio Segura, y a otras cinco personas, por las supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad.

En un auto publicado este lunes (ver .PDF), los tres magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal admiten parcialmente el recurso de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) contra el auto del juez instructor Fernando Andreu, quien en noviembre de 2016 rechazó por tercera vez investigar a quienes fueran los máximos responsables de ambos organismos, así como la práctica de una serie de diligencias solicitadas en el marco de la investigación por la salida a Bolsa de la entidad financiera.

Los magistrados consideran que "ante la existencia de nuevos indicios de criminalidad contra determinadas personas, las anteriores resoluciones denegatorias han de ser revisadas".

Por ese motivo, además de a Fernández Ordóñez, Andreu y Segura, la Audiencia Nacional ha acordado que se cite también como investigados a los responsables del Banco de España Mariano Herrera García-Canturri, Pedro Comín Rodríguez, Pedro González González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Aríztegui. Estos dos últimos fuera ya del Banco de España.

El director general de Supervisión del Banco de España, Mariano Herrera García-Canturri; el director general adjunto de Supervisión, Pedro Comín Rodríguez; y el director del Departamento de Inspección IV, Pedro González González, han presentado este mismo lunes su dimisión tras la decisión de la Audiencia para no afectar "al desarrollo de las funciones de supervisión" del organismo.

El auto considera procedente la petición de llamar a declarar a los responsables de ambas entidades, que tenían bajo su competencia la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su constitución y salida a Bolsa y que, según aquellos, la autorizaron "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros)".

Los correos de un inspector del Banco de España, claves

En este sentido, valora la testifical y los correos electrónicos intercambiados por el inspector del Banco de España José Antonio Casaus con sus superiores, y califica de "razonable y razonada" la pretensión de la CIC al estimar que existen indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad" en esta conducta.

En dicha testifical, se dio cuenta de que la conclusión de los inspectores había sido reiterada y puntualmente transmitida a la dirección del organismo hasta en cuatro ocasiones, mediante otros tantos correos electrónicos, en abril y mayo de 2011 -documentos que corroboran su versión según constata la Sala-.

Tras reproducir el contenido de los cuatro correos, la Sala concluye que no se deja lugar a dudas sobre "la expresa, previa y contundente información que la dirección del Banco de España, tuvo, tempestivamente, acerca de la inviabilidad del grupo y la falacia de los resultados presentados efectuada por el equipo de inspección del mismo Banco de España".

Otros indicios apuntados por la Sala son los informes de seguimiento emitidos por el equipo de inspección y los informes periciales realizados por los inspectores designados en su día por el juez instructor.

De este modo, la Sala asume los argumentos de la acusación, que señaló al Banco de España y a la CNMV por haber ofrecido una "inestimable colaboración" a la excúpula de Bankia como "cooperadores necesarios" de las supuestas irregularidades e "incitar" a la entidad a efectuar lo que denominó una "huida hacia delante".

Además, remite al informe elaborado por el fiscal del caso, Alejandro Luzón, el pasado noviembre, quien planteó que de cuestionar la viabilidad del grupo BFA-Bankia, la responsabilidad "no sería exclusiva de los administradores o del auditor", sino que "podría suscitarse la participación de otros actores, los responsables del Banco de España, que conscientemente habrían cooperado en el mantenimiento del engaño".

La Sala rechaza otras peticiones de la acusación

Sin embargo, la Sala rechaza otras peticiones de la acusación popular, como la solicitud de que se oficie al Banco de España para que aporte todos los correos electrónicos remitidos y recibidos desde su dirección corporativa entre José Antonio Casaus y Pedro Comín, por tratarse de una diligencia "manifiestamente excesiva" y, por ello, "innecesaria" al poder vulnerar la intimidad de personas ajenas a la investigación.

Sobre la calificación de las conductas, los magistrados Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri y Ana María Rubio consideran que en la fase actual de la instrucción no es el momento procesal para circunscribir el ámbito del procedimiento a una determinada calificación jurídica de los hechos (posible estafa de inversores del artículo 182 bis del Código Penal), como ha realizado el instructor, sino que no procede verificarse hasta finalizada la investigación.

Tras el aviso de la sala, se espera que el juez Andreu emita sus citaciones, momento en el que se confirmará la incorporación de estos ocho cargos a una causa en la que ya figuran el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, su exvicepresidente, José Luis Olivas, y Deloitte, firma que auditó las cuentas supuestamente "falseadas", además de una treintena de personas.