El juez del caso Púnica atribuye al presidente de Murcia tres delitos de corrupción pero la Fiscalía lo exime

• Serían los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada
• Se refiere a su etapa como consejero 'popular' de Educación en Murcia
• Atribuye también cinco delitos a la senadora del PP Pilar Barreiro
• El instructor de la causa conforma la pieza separada de la trama en Murcia

El juez Velasco ve indicios para juzgar al presidente de Murcia por tres delitos

El instructor del caso Púnica, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha dictado un auto en el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente del Gobierno murciano, el 'popular' Pedro Antonio Sánchez, y otros cinco a la senadora del PP Pilar Barreiro.

Sánchez, quien fue consejero de Educación, y Barreiro, exalcaldesa de Cartagena, son dos de los 22 investigados que figuran en el auto mediante el cual el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco conforma la pieza de la Operación Púnica relativa a las supuestas irregularidades en Murcia, la tercera de las catorce en que ha dividido esta trama.

La presunta actividad criminal del presidente murciano estaría relacionada, según Velasco, por supuestamente concertarse con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia.

Atribuye cinco delitos a la senadora del PP Pilar Barreiro

Mientras que a Barreiro le atribuye los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación.

Pero también por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad para que emitiera noticias positivas sobre su persona y los honorarios de un periodista.

Ahora bien, Velasco precisa que al tratarse de una senadora (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo) y del presidente de la Región (cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Superior de Justicia) debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, "su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada".

La Fiscalía exime de delito al presidente de Murcia

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Velasco que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo proponiendo imputar en el caso Púnica a la senador Pilar Barreiro, pero exime de delito al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, porque no llegó a contratar con la trama.

Anticorrupción, que cree que la línea entre los contratos de publicidad institucional y los de buena reputación política y personal "es ciertamente tenue", entiende que la participación de Barreiro en los hechos "aparece sustentada en diversos indicios que, sin adelantar su suficiencia probatoria, sí merecen ser investigados".

"Distinta valoración merece la conducta del otro aforado, don Pedro Antonio Sánchez, por entender que no llegaron a formalizarse contratos de publicidad y no se ha producido perjuicio alguno para las arcas públicas", sostiene Anticorrupción en contra del criterio del propio Velasco.

Investigados también el ex consejero de Industria y el ex alcalde de Molina

Junto a Sánchez y Barreiro, el juez incluye en el procedimiento a De Pedro, al exconsejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación Juan Carlos Ruiz López y al exalcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras.

También figuran Jose Antonio Alonso Conesa, exalcalde de Cartagena; David Conesa, el que fuera jefe de gabinete del actual presidente de la región; Francisco de Asís Ferreño, exjefe de gabinete de la alcaldía de Cartagena, además de otros directivos y funcionarios.

El resto de investigados son la exdirectora general del Instituto de Turismo María Dolores Martínez Robles 'Mariola'; el secretario general de la Consejería Jesús Norberto Galindo Sánchez, el exjefe de Gabinete del Consejero de Industria Fidel Saura, y varias personas vinculadas al empresario De Pedro como Sara Gargallo Rico, Francisco Javier Bueno, María José Gutiérrez Martínez 'Ajo', Guadalupe Caballero Carrascosa, Adrián de Pedro y Esther Gutiérrez Martínez.

También se dirige contra que era entonces directora del instituto de Fomento de la región de Murcia, Reyes Samper Henarejos. El resto de citados en el auto del juez Son Francisco de Asis Ferrero, María del Mar, Agustín Alonso Conesa y Vicente Gimeno Martínez.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal.

Igualmente, también dirige el procedimiento contra cuatro empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

Trabajos para mejorar la reputación

De todo lo investigado en Murcia, el magistrado afirma que en septiembre de 2014 Alejandro de Pedro y Pedro Antonio Sánchez, entonces consejero de Educación, acordaron realizar trabajos en Internet y redes sociales que mejorasen su reputación ya que "pretendía convertirse en candidato de su partido para la Presidencia de Murcia".

Tales trabajos "serían facturados bajo conceptos relacionados con la formación e incluirían también la retribución por los trabajos de reputación" para Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena.

Este modo de actuar era similar al empleado meses antes por De Pedro y Jose Antonio Alonso Conesa para sufragar trabajos de reputación al exconsejero Juan Carlos Ruiz López, quien también perseguía postularse como candidato a presidente de la región.

También dice el juez que De Pedro había prometido hacer llegar a la cúpula del PP información favorable al entonces consejero de cara a posicionarle como candidato a la Presidencia de Murcia.

Para tal fin, explica, se pusieron en marcha contactos entre ellos, que se intensificaron a partir del 22 de septiembre. El contrato reputacional sobre la persona de Pedro Antonio Sánchez incluía Estrategia SEO y Linkbuilding "Pedro Antonio Sánchez", creación de identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoría de posicionamiento SEO en webs inexistentes, un periodista e informes mensuales.

Todo ello con un coste de 4.600 euros al mes en un periodo de 7 meses, del 1 de noviembre de 2014 al 30 de mayo de 2105, el periodo previo a la campaña electoral de ese año y se facturarían como "formación". Pero estas cantidades, señala el auto, no se llegaron a cobrar porque la Púnica estalló a finales de octubre.

Sobre la senadora Barreiro, se dice que siendo alcaldesa de Cartagena "sentía una honda preocupación reputacional" por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado 'caso Novo Cartago', por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención- y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para Pedro Antonio Sánchez.

El auto detalla que a uno de los empresarios vinculados a De Pedro para estos trabajos y también investigado en esta causa, Antonio Alonso Conesa, se le intervino en el momento de su detención una tarjeta de crédito Visa a nombre de Barreiro del Congreso de los Diputados, "demostrando la estrecha relación" entre ambos según el juez.

Pedro Antonio Sánchez: "No se puede demostrar lo que nunca existió"

Tras conocer el auto de la Audiencia Nacional , el presidente de la Comunidad de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha dicho este lunes en rueda de prensa que "no se puede demostrar lo que nunca existió".

Sánchez ha advertido en el Palacio de San Esteban que cuenta con más de una decena de certificados oficiales que acreditan que no existió relación comercial entre las empresas de la Púnica y la Consejería de Educación, que él dirigía antes de ser presidente de Murcia.

El presidente murciano ha manifestado que en el auto del juez Eloy Velasco se habla "de que pudo acordarse un contrato de en torno a 30.000 euros" cuando él era consejero para hacer unos supuestos trabajos de reputación "online" y, según ha insistido, "no hay nada de eso, nunca lo hubo, y así lo hemos demostrado con más de una decena de certificados oficiales".

En palabras de Sánchez, esa documentación oficial acredita que "nunca se firmó, ni se acordó, ni se pactó, ni se pagó, ni se aceptó presupuesto" y, al mismo tiempo, "nunca se pidió una oferta, ni a esta empresa ni a cualquier otra". Ha reconocido que "recibieron ofertas, alguna de ellas insistentemente y con agresividad comercial", pero ha reiterado que "no se hizo nada con ésta ni con ninguna otra empresa".

Fuentes de su entorno sostienen también que los doce certificados oficiales acreditan que "ni siquiera se inició ningún expediente" administrativo para contratar con el empresario Alejandro de Pedro, uno de los conseguidores de la trama, y que todos los funcionarios de la Consejería de Educación responsables de contratación han acreditado ante el instructor que "nunca recibieron instrucciones para contratar ni estos servicios ni a estas empresas".

Solo una propusta de servicios

Según las fuentes, la "hoja de servicios" que ha presentado la acusación para demostrar la existencia de relación contractual con la Comunidad de Murcia "era realmente una propuesta de servicios y no contiene ningún dato que sea necesario para hacer una facturación o un contrato".

En su breve comparecencia del mediodía ante los periodistas, el presidente ha dicho también que no existía ninguna partida de formación a la que cargar el supuesto contrato de 30.000 euros con las empresas de la trama, y que hay un certificado oficial que acredita la inexistencia de ese concepto en la Consejería.

Preguntado por las peticiones de dimisión hechas desde los grupos de la oposición, el presidente ha contestado: "No espero que la oposición me apoye. Ni en esto, ni en cualquier tema". "Tenemos una oposición que en estas circunstancias ya sabemos lo que dice", ha añadido.

El presidente ha recalcado que el caso que investiga el juez de la Púnica se refiere a una propuesta de una empresa "que nunca se aceptó y eso es lo que es", y ha señalado que en los documentos que se intervinieron en los registros judiciales "pone arriba propuesta y borrador".

"Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que no quede ninguna duda de que nada se hizo mal; es lo que se espera de mí, comparecer, dar la cara, explicar las cosas y probarlas", ha subrayado.