Bruselas da dos meses a España para que modifique las multas por no declarar activos en el extranjero

• Amenaza con llevar al país a la justicia europea si no cambia el modelo 720
• "Las multas impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas", dice
• Se contemplan sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.

La Comisión Europea ha dado dos meses a España para que modifique las multas que impone a ciudadanos que no declaran sus activos en el extranjero, que considera "desproporcionadas", y ha amenazado con elevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si no responde de manera satisfactoria en este periodo de tiempo.

El Ejecutivo comunitario ha enviado un dictamen motivado a las autoridades españoles en el que reclama un cambio en las reglas sobre activos en otro Estados miembros de la UE o del Espacio Económico Europeo, el denominado modelo 720, según una nota publicada este miércoles por la propia Comisión Europea.

El régimen de la declaración de bienes en el extranjero contempla sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado. Además, los contribuyentes que no presenten el modelo 720 debiendo hacerlo -o aquellos que han efectuado la declaración de manera incorrecta- se enfrentan a sanciones mínimas de 10.000 euros, más 5.000 euros por cada dato omitido o inexacto.

“La Comisión podría llevar a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la UE“

La Comisión considera que España tiene derecho de exigir a sus contribuyentes que notifiquen a las autoridades determinados activos que mantienen en el extranjero, pero que "las multas impuestas en caso de incumplimiento son desproporcionadas". De hecho, Bruselas explica que estas normas pueden disuadir a empresas o individuales de "invertir o moverse dentro del mercado único", dado que las multas previstas son "mucho más elevadas" que las que se aplican en una situación "puramente nacional".

"Estas disposiciones son discriminatorias y entran en conflicto con las libertades fundamentales de la UE", remarca el Ejecutivo comunitario, que añade que "ante la ausencia de una respuesta satisfactoria en el plazo de dos meses, la Comisión podría llevar a las autoridades españolas ante el Tribunal de Justicia de la UE".

La investigación de Bruselas -que había empezado un proceso de infracción- se inició hace unos años a raíz de varias denuncias, entre ellas las de DMS Consulting, sobre el modelo 720, una de las medidas más ambiciosas que ha aprobado el Gobierno del PP contra el fraude fiscal.

La obligación de informar sobre bienes y derechos situados en el extranjero ha supuesto que, desde el año 2013 y hasta mediados de 2016, más de 200.000 contribuyentes hayan declarado por primera vez activos en el exterior por un valor cercano a los 140.000 millones de euros, según datos de la Agencia Tributaria.