Fedea propone vincular la pensión mínima al IPC para que no pierda poder adquisitivo

• Las pensiones subirán un 0,25% anual hasta 2060, dice, sin más medidas
• Prevé que, una vez concedidas, la pérdida de poder adquisitivo sea de un 30%
• Fedea descarta extender esta indexación al IPC al resto de las pensiones
• La fundación señala que entonces el incremento del gasto sería muy elevado

Modificaciones propuestas por el PP en el cálculo de las pensiones.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) propone "blindar" la pensión mínima vinculando su crecimiento al Índice de Precios al Consumo (IPC) como opción para "mitigar los efectos adversos" del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) -introducido en la última reforma de las pensiones, en vigor desde 2013-, que fija la subida mínima de las mismas en el 0,25%. De hecho, para Fedea, en ausencia de ingresos adicionales, el principal riesgo para el sistema en las próximas décadas es la previsible y "significativa" pérdida de poder adquisitivo que sufrirán precisamente por el IRP.

En la presentación del estudio La salud financiera del sistema público de pensiones (ver .PDF), el director de Fedea, Ángel de la Fuente, ha cuantificado el impacto medio anual de dicha medida durante los próximos 40 años en más de 4 décimas del PIB (algo más de 4.400 millones de euros), que habría que financiar con impuestos adicionales. Así, el incremento necesario de la recaudación del IRPF estaría en torno al 6%, lo que a su juicio supondría "un coste aceptable".

Para De la Fuente, el problema es que el índice de revalorización "se quedará atascado en el 0,25% durante muchos años, por lo que las pensiones no se revalorizarían y experimentarían una cuasicongelación", por lo que "habría que anteponer la necesidad de garantizar unos ingresos mínimos aceptables".

“Las pensiones no se revalorizarían y experimentarían una cuasicongelación“

En concreto, según el informe de Fedea, como el IRP se liga "a la salud financiera del sistema y al crecimiento de sus ingresos y de los componentes de su gasto (...) las pensiones se revalorizarían cada año en un 0,25% mientras que la inflación rondaría el 2% durante el grueso del período. La previsión, por tanto, es que las pensiones, una vez concedidas, vayan perdiendo poder adquisitivo a lo largo de la vida del pensionista". Según los cálculos de la fundación, "esta pérdida rondaría el 30% durante los 20 años que, en promedio, tiene de esperanza de vida un recién jubilado".

Pese a la pérdida de poder adquisitivo, Fedea descarta extender esta indexación al IPC al resto de las pensiones, porque "desmantelaría una parte importante de la reforma de las pensiones de 2013" y tendría un impacto medio anual en las próximas cuatro décadas de 2,7 puntos del PIB, lo que requeriría de un incremento de recaudación del IRPF del 36% para financiarlo.

Derogar las últimas reformas de pensiones costaría 5.800 millones anuales

Además, la fundación señala que esta reforma como la de 2011 conseguirán contener el gasto en pensiones durante las próximas décadas a niveles que no plantearían grandes problemas de sostenibilidad. "Desmontar las últimas reformas sería demasiado caro. Hay margen para mejorarlas pero no para derogarlas", ha insistido De la Fuente, quien ha cuantificado el impacto de su eliminación: la reforma de 2013 (3,1 puntos del PIB) y la de 2011 (2,2 puntos), lo que supondría un total de 5,3 puntos del PIB anuales (unos 5.800 millones de euros). Para financiarlo, calcula Fedea, habría que incrementar la recaudación del IRPF en un 70%.

"Hay margen para suavizar las reformas y paliar sus efectos", ha dicho De la Fuente, quien ha insistido que esto no pasaría por indexar la revalorización de las pensiones al IPC y rebajar la edad de jubilación a 65 años.

Tampoco está a favor de revalorizar las pensiones financiando vía impuestos algunas de ellas, como viudedad y orfandad (lo que recortaría gastos en 22.000 millones de euros), a lo que se podría sumar las de incapacidad permanente (12.000 millones). A juicio de Fedea, esta posibilidad permitiría elevar las pensiones por encima de la inflación durante unos pocos años, pero "después se volvería a tener el mismo problema", al tiempo que trasladaría estos costes de los presupuestos de la Seguridad Social a los del Estado.

Lo que sí plantea es limitar el riesgo de inflación para el pensionista, poniéndole "un tope a su pérdida de poder adquisitivo", modificando la fórmula del índice de revalorización para que se reste una tasa concreta a la inflación de cada año.

Plantea elevar la edad de jubilación hasta los 68 años

Las medidas deben surgir fruto de un acuerdo amplio, ha dicho De la Fuente, quien ha planteado elevar de manera paulatina la edad de jubilación incluso hasta los 68 años, para "dar a la gente más margen para decidir cuándo se quieren jubilar", así como revisar los tipos de cotización y los topes máximos.

Además, es necesario mejorar la productividad y mejorar el empleo, mediante una reforma del mercado de trabajo, mejorando la dualidad con el contrato único y fomentando el crecimiento del tamaño de las empresas, ha señalado. "Nadie nos va librar de que la pensión baje en relación con los salarios, pero si conseguimos aumentar la productividad no se perderá poder adquisitivo", ha explicado.