Entra en vigor el decreto que liberaliza la estiba y que augura costosas huelgas

• Aprobado sin acuerdo en el sector, pretende cumplir una sentencia europea
• Debe ser ratificado en un mes en el Congreso, donde aún no tiene mayoría
• Los estibadores convocan nueve días de huelga y denuncian un ERE encubierto

Entra en vigor el decreto que liberaliza la estiba y que augura costosas huelgas

El real decreto que reforma el sector de la estiba en España, para liberalizarlo dando cumplimiento a una sentencia europea, entra en vigor este lunes.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este sábado el real decreto de la estiba, que firma el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Ha entrado en vigor este domingo a excepción del punto que establece que las autoridades portuarias asumirán la indemnización de estibadores despedidos cuando empiece a aplicarse el decreto, medida que puede tener un coste de hasta 350 millones de euros para el Estado. Este punto concreto no entrará en vigor hasta que la Comisión Europea le dé el visto bueno.

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Pendiente la validación del Congreso

La norma que liberaliza la estiba fue aprobada este viernes en Consejo de Ministros y el Congreso de los Diputados tiene que convalidarlo en el plazo de un mes, donde de momento no tiene garantizado el respaldo suficiente para salir adelante.

Con este real decreto, que responde a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014, el Ejecutivo espera evitar que España deba hacer frente a una multa que asciende ya a unos 22 millones de euros y que podría incrementarse a razón de 134.000 euros diarios si se produce una nueva sentencia.

Según el Gobierno, el decreto incluye todas las medidas solicitadas por los sindicatos del sector que no han sido rechazadas por la Comisión Europea.

De hecho, sostiene que el decreto no puede ser modificado tampoco durante su tramitación parlamentaria si España pretende evitar la multa.

Sin embargo, considera que sí que puede haber acuerdos fuera de esta norma que garanticen los puestos de trabajo de los estibadores, enmarcados en la negociación entre la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) y los sindicatos, con la mediación del presidente del Consejo Económico y social (CES), Marcos Peña. Dicha negociación, que se inició el pasado martes, debe retomarse la próxima semana.

Nueve días de huelga

El decreto contempla establecer un plazo de un año para que los convenios colectivos se adapten a la nueva normativa. Por su parte, los sindicatos de estibadores han convocado nueve días de huelga entre los días 6 y 25 de marzo.

La Coordinadora de Trabajadores del Mar, el principal sindicato de la estiba, la reforma "esconde un expediente de regulación de empleo para los 6.150 estibadores" y "solo logrará desestabilizar una de las industrias más prósperas del país, un reducto en el que desarrollan su labor algunos de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes".

Por ello, consideran que "la única medida de presión que les queda a los trabajadores para llamar la atención de la opinión pública y de los grupos políticos sobre este abuso del Gobierno es ejercer su derecho a la huelga".

"Así lo harán a partir del 6 de marzo, como está anunciado", concluye el sindicato que coordina Antolín Goya. En concreto, la convocatoria de Coordinadora, junto con CC.OO., UGT, CIG y CGT, comprende nueve días de paros parciales que, al programarse alternos, se extenderán durante tres semanas. En concreto están previstos para las horas impares de los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 del próximo mes de marzo.

Impacto en la economía

Ante el temor a posibles desabastecimientos por la huelga, Fomento tiene preparado un plan de contingencia que consiste en unos servicios mínimos del cien por cien para las operaciones que afecten a mercancías perecederas y peligrosas, a pasajeros, a situaciones de emergencia y a productos esenciales para las islas, Ceuta y Melilla, además de otras medidas para evitar colapsos en las autovías que conectan con los puertos.

De la Serna ha advertido de que una huelga de estas características produce un daño importante a la economía porque las empresas toman decisiones sobre el transporte de carácter temporal de utilización de otros puertos durante la huelga que "pueden convertirse en definitivas".

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha alertado de que el recrudecimiento del conflicto nacional en los puertos valencianos tras la aprobación del decreto puede tener "desastrosas consecuencias" para la economía valenciana.