Abimael Guzmán es juzgado por el atentado más simbólico de Sendero Luminoso

• Guzmán, de 82 años, cumple cadena perpétua por terrorismo
• Se le juzga ahora por un atentado con bomba que dejó 25 muertos en Lima
• El guerrillero fue apresado en 1992 y también se le acusa de narcotráfico

Abimael Guzmán, líder del grupo guerrillero Sendero Luminoso, llega al tribunal que lo juzgará en Callao, Lima, Perú

Abimael Guzmán y otros once cabecillas de Sendero Luminoso han afrontado en Perú este martes el inicio de un nuevo juicio en su contra por su responsabilidad en el atentado de la calle Tarata de Lima, que dejó 25 muertos en 1992 y que se convirtió en el más simbólico de todos los cometidos por este grupo terrorista peruano.

Guzmán, de 82 años y visiblemente deteriorado, se sentó junto a sus compañeros, entre ellos su esposa Elena Yparraguirre, para asistir al juicio oral en dependencias de la Base Naval del Callao, donde el fundador de Sendero Luminoso cumple ya cadena perpetua por terrorismo.

Durante la sesión, un Guzmán anciano, canoso, consumido, encorvado y que en ocasiones parecía quedarse dormido, según la transmisión en circuito cerrado del juicio que emitió el Poder Judicial, contrastó con las célebres imágenes llenas de desafío y retórica con las que afrontó a la prensa al ser detenido en 1992, poco después de los atentados de Tarata.

Guzmán: "Pido que me vea un médico"

Precisamente, su mal estado de salud obligó a suspender el pasado día 14 el inicio de las diligencias judiciales por este atentado y por otra acusación de narcotráfico, por las que la fiscalía pide una condena a cadena perpetua y el pago de 400.000 soles (121.000 dólares) en concepto de reparación civil.

En sus únicas palabras ante el tribunal, Guzmán se ha limitado a denunciar que se encuentra enfermo desde hace más de un mes y que los médicos de la Base Naval del Callao no consiguen curarle.

"Hoy día he venido simplemente para decirle a la sala por qué no he venido antes. He hecho un esfuerzo para venir, esa es la situación. Lo que pido es que un médico (personal) me vea y que yo pueda solventarlo, porque no confío en otro", dijo Guzmán. En ese sentido, el juez autorizó al líder terrorista a recibir la visita de un geriatra en prisión.

Los abogados rechazan el tribunal

Durante la sesión, los abogados de los acusados negaron la jurisdicción del tribunal para juzgar este caso, ya que se trata de una sala especial antiterrorista creada posteriormente a la comisión del atentado, además de pedir la nulidad del auto de enjuiciamiento.

También adujeron que no hay "mérito" para el juicio, que ya fueron juzgados y condenados por estos hechos y que alguno de los delitos, particularmente los ligados al narcotráfico, han prescrito. Sin embargo, los fiscales y el tribunal rechazaron todos esos argumentos.

El juicio intenta establecer la autoría "mediata" (responsabilidad jerárquica) de los atentados de Tarata y el apoyo que Sendero Luminoso brindó a bandas de narcotraficantes durante su campaña contra el Estado peruano desde principios de los años 80 hasta la captura de Guzmán en 1992.

Cuatrocientos kilos de dinamita

El 16 de julio de 1992 un comando de Sendero colocó un vehículo cargado con 400 kilos de dinamita en esa céntrica calle de Lima que, al explotar, destruyó varios edificios y causó 25 muertos, 155 heridos y 360 familias damnificadas.

Aparentemente, el objetivo original era un banco, según confesaron en 1998 los senderistas sentenciados como autores materiales de los hechos.

Ese atentado, ocurrido tras años de conflicto entre el Estado y Sendero Luminoso, causó una profunda impresión entre los limeños, que hasta la fecha no habían sufrido ningún atentado de tal magnitud en el corazón de su ciudad.

Dos meses después del ataque, Guzmán y sus colaboradores más cercanos fueron capturados por la Policía peruana en una casa de Lima, a la que la organización se había dirigido tras lanzar su "guerra popular" en alejados poblados de la sierra y la selva del país en 1980.

Tras la captura de la cúpula de Sendero en 1992, las acciones de la banda se redujeron a casos aislados de secuestro y extorsión y, en los últimos años, a dar seguridad y participar en el tráfico de drogas en el Alto Huallaga y en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), según las autoridades.