Ex altos cargos de la Generalitat testifican que no recibieron órdenes de parar el 9N tras suspenderlo el TC

• Coinciden también con que nadie ordenó parar la campaña institucional
• Aseguran que se gastó un millón de euros en la campaña mediática para el 9N

Una estelada ante el Tribunal Supremo de Madrid donde se celebra el juicio por desobediencia y prevaricación por la consulta del 9N contra Francesc Homs.

Ex altos cargos de la Generalitat de Cataluña que gestionaron servicios para la consulta independentista del 9N de 2014 han testificado este martes en el juicio al diputado del PDeCAT y exconseller de Presidencia Francesc Homs que no recibieron la orden de pararla tras suspenderla el Tribunal Constitucional el día 4.

El Tribunal Supremo ha reanudado este martes con más testigos el juicio a Francesc Homs, para quien el fiscal pide nueve años de inhabilitación por delitos de prevaricación y desobediencia grave al Tribunal Constitucional (TC) por celebrar dicha consulta el 9 de noviembre de 2014.

Durante la jornada de este martes entre otros han testificado el ex secretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y el ex director del Instituto de Estadística de Cataluña Federico Undina. Además otros cargos de la Generalitat cuando se celebró el 9N como el ex director general de Atención Ciudadana y Difusión Ignasi Genovés, la exresponsable de publicidad institucional Mónica Osacar y el director jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo Carles Fabró.

Todos ellos han coincidido en que les encargaron que gestionaran la contratación de servicios para celebrar el 9N como alquilar un pabellón en la Fira, difundir publicidad y enviar cartas con datos de mayores de 16 años cedidos por el Instituto de Estadística de Cataluña y que cuando el TC suspendió la consulta nadie les ordenó que los paralizaran.

Sin órdenes para frenar la consulta

El jefe del gabinete de Relaciones Externas y Protocolo de la Generalitat, Carles Fabró, y el director de Atención Ciudadana y Difusión, Ignasi Genovés, encargados de organizar la campaña institucional del 9-N, han rechazado que recibieran indicaciones para frenarla pese a conocer la suspensión que pesaba sobre la consulta.

Los dos altos cargos de la Generalitat -ambos dependientes del departamento que dirigía Homs cuando el 9N- han explicado en calidad de testigos que, tanto el dispositivo del centro internacional de prensa como la campaña de publicidad de la consulta, continuaron vigentes por orden del propio Homs.

Fabró ha precisado que su cometido era habilitar el centro internacional de prensa en el Pabellón Italiano de la Fira de Barcelona, para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre de 2014 y que la comparecencia se hubiera producido aunque las urnas no hubieran salido a la calle.

Genovés, por su parte, ha reconocido al tribunal que preside el magistrado Manuel Marchena que conocía la providencia del Constitucional pero no recibió "ningún encargo relativo a frenar la campaña de publicidad". "No me tocaba a mi considerar si esto afectaba a la campaña o no y no tuve ninguna indicación al respecto", ha dicho a preguntas de las partes.

"De hecho la consulta se hizo el 9 de noviembre con toda normalidad", ha apuntado Genovés, que también se ha referido a que sería "inviable" quitar los carteles colocados en algunos lugares como eran los autobuses municipales.

Cesión de datos del padrón

Al comienzo de su declaración el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana ha asegurado que el afecto que tiene por Homs no le impedía decir la verdad.

Ha recordado que el 24 de octubre de 2014 firmó un convenio con el Instituto de Estadística de Cataluña para que cediera los nombres y apellidos así como los domicilios de los mayores de 16 años empadronados en ayuntamientos catalanes a los que el entonces president Artur Mas remitió una carta para informarles del proceso de participativo del 9N.

Jordi Vilajoana ha añadido que se cedieron esos datos a la empresa que se encargó del envío de las cartas y que cree que el día 27 ya se habían remitido todas, es decir, antes de que el TC suspendiera la consulta.

Cuando el fiscal le ha vuelto a preguntar si los envíos no empezaron días más tarde, Jordi Vilajoana ha contestado: "Pues a lo mejor yo estoy equivocado de fechas, han pasado muchos años ya, pero yo creo que el 4 de noviembre -fecha de la providencia del TC- ya estaba todo enviado".

El objetivo era enviarles una carta porque tenían que informarles del "proceso participativo" que se iba a desarrollar, lo que se concretó en una misiva del entonces presidente de la Generalitat Artur Mas.

El exdirector del Instituto de Estadística de Cataluña Federico Undina ha declarado que se trató de una cesión temporal de la base de datos y que se comprobó que se destruyó el 21 de noviembre.

Como el fiscal le ha advertido de que cedieron datos de menores, a preguntas de la abogada defensora ha aclarado que el convenio para la cesión de los datos se ajustó a la legalidad y que antes de firmarlo pidió informes a los servicios jurídicos, que le aseguraron que la cesión estaba amparada por la ley.

Casi un millón de euros en publicidad

Por otro lado, el exdirector general de Atención Ciudadana y Difusión del Departamento de Presidencia de la Generalitat Ignasi Genovés ha recordado que Francesc Homs ordenó una campaña de publicidad institucional del 9N que se encargó Media Planning con un presupuesto superior a 813.000 euros.

Ha añadido que conoció la providencia del TC de 4 de noviembre pero que no recibió encargo alguno para paralizar la campaña ya que la Generalitat pidió una aclaración de la misma.

La responsable de publicidad institucional de la Generalitat Mónica Osacar ha reconocido ante la Sala que desconoce si fue Homs el que ordenó la realización de la campaña institucional para el proceso participativo del 9-N. La campaña se contrató por la vía de urgencia si bien la primera empresa seleccionada renunció al contrato.

Según Osacar, no se recibió ninguna orden para frenar esta campaña tras la resolución del Tribunal Constitucional, por lo que se siguió realizando. La testigo ha señalado que no pensaron en ello porque además a la vez que gestionaba este encargo tenían muchas más campañas en marcha e iban "a mil por hora".

A continuación ha testificado Marta Coll, directiva de la empresa de publicidad Media Planning que es la que realizó la publicidad en prensa, autobuses y marquesinas y en el cine, y que ha explicado que de la emitida en televisión y radio se ocupó directamente la Generalitat.

Ha explicado que solo podrían haber paralizado la campaña por orden judicial o de Autocontrol o por petición del cliente, lo que no se produjo en este caso y por ello no se paró.

Tampoco se ordenó paralizar la rueda de prensa del 9N

El exdirector jefe del Gabinete de Relaciones Externas y Protocolo del Departamento de Presidencia de la Generalitat Carles Fabró ha explicado que por decisión de Francesc Homs gestionó el montaje en un pabellón de la Fira de Barcelona del centro internacional de prensa para informar de los resultados del 9N ya que se esperaban unos 800 periodistas.

La primera en declarar este martes ha sido la directora asesoría jurídica de Fira, Fática Soro, quien ha coincidido con lo señalado este lunes por los responsables de la empresa Focus, que era la encargada de montar la rueda de prensa que se dio el 9-N por la noche tras la celebración del denominado 'proceso participativo'. Según esta responsable pese a la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional nadie de la Generalitat le ordenó parar en la organización de este evento.

Ha explicado que el contrato entre ambas entidades se firmó el día 7 -una vez suspendida la consulta por el TC- pese a lo cual la fecha que aparece es la del día 3, porque era ese el día en el que comenzaba la vigencia del contrato.

Con esta explicación ha coincidido el segundo testigo que ha depuesto en la sesión de este martes, el director del área de negocio externo de la Fira Pere Camprubí, quien tampoco se preguntó en ningún momento si estaban organizando actos prohibidos por los tribunales. El presupuesto final, no obstante, superó en algo más de 10.000 euros lo previsto inicialmente, algo que este testigo ha calificado de "perfectamente asumible".

El juicio seguirá este martes por la tarde con más testigos, entre ellos el presidente de la Generalitat cuando se celebró el 9N Artur Mas, que precisamente está pendiente de sentencia por la celebración de esta consulta tras haber sido juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.