El juez De la Mata requiere a la Policía el informe del caso Faisán

• Sobre el chivatazo a ETA de una operación policial contra su aparato de extorsión en 2006
• También quiere que se identifique a los agentes que elaboraron este documento
• Los policías Enrique Pamies y José María Ballesteros fueron condenados a un año y medio de prisión

Imagen de archivo en la que agentes de la Policía Nacional custodian la entrada del bar Faisán.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha enviado un requerimiento a la Dirección General de la Policía para que le remita con urgencia el informe sobre el caso Faisán, sobre el chivatazo a ETA de una inminente operación policial contra su aparato de extorsión en 2006.

De la Mata pide además que se identifique a los autores del informe, de cuya existencia se tuvo conocimiento en una entrevista al ex número 2 de la Policía Eugenio Pino, que habló también de otros dos informes: Marta del Castillo y 11-M, que fue remitido recientemente a la Audiencia Nacional sin que la Fiscalía hallara datos nuevos para pedir la reapertura de la causa.

De la Mata, cuyo juzgado investigó el chivatazo, adopta esta decisión después de que la asociación Dignidad y Justicia reclamara la reapertura del caso Faisán después de las revelaciones del comisario Pino, así como de le tomara a este declaración como testigo y a los funcionarios que elaboraron ese informe.

Sobre el caso Faisán -por el que los policías Enrique Pamies y José María Ballesteros fueron condenados a un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación por un delito de revelación de secretos- Pino aseguró que en el informe "se aclaran algunas responsabilidades".

Al ser preguntado por esos análisis policiales, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, anunció que había pedido localizar esos tres informes y sobre el del Faisán señaló: "Parece que había dos copias, pero no están en ninguna parte".

Tras conocerse la existencia de esos informes, el nuevo jefe operativo, Florentino Villabona, acordó la disolución de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC), creada por Pino y a la que ahora De la Mata reclama el informe del caso Faisán.

Fuentes policiales señalaron en su día que esta unidad específica, en la que trabajaban una decena de funcionarios no tenía como objetivo revisar causas ya juzgadas, sino analizar los procedimientos y técnicas policiales empleadas para la resolución de unos casos determinados. El propósito era discernir si había habido fallos en la actuación policial y, por tanto, no volver a cometerlos en futuras investigaciones.