El Supremo rechaza el recurso de Garzón que pedía sacar a Franco del Valle de los Caídos

• Concluye que el Gobierno no vulneró el derecho de petición del ahora exjuez
• Descarta que el Ejecutivo tenga que volver a pronunciarse sobre este asunto

Vista general del Valle de los Caídos, en Madrid.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el exjuez Baltasar Garzón contra una solicitud denegada por el Gobierno central en la que pedía trasladar los cuerpos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar.

Fuentes jurídicas han informado del fallo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que ha rechazado el recurso interpuesto por Garzón y los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz contra la desestimación de la solicitud que habían presentado ante el Consejo de Ministros.

La Sección Cuarta de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal no se pronuncia sobre el contenido de la petición del recurso y concluye que el Gobierno no vulneró el derecho de petición de Garzón en relación al traslado del cuerpo de Franco. Por ello, el Ejecutivo no tendrá que volver a pronunciarse sobre la petición formal que fue presentada ante el Consejo de Ministros el 19 de noviembre de 2015.

La solicitud, presentada en virtud del Derecho de Petición, coincidió con el 40º aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, inhumado desde entonces en el Valle de los Caídos junto al fundador de Falange.

En su escrito, los juristas pidieron al Gobierno la reconversión del Valle de los Caídos en un 'Espacio de Memoria', el traslado de los restos de Francisco Franco y José Antonio y que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Reclamaban que los restos de Franco y de Primo de Rivera se depositen en el lugar que designen las respectivas familias y recuerdan que, en este caso, el Arzobispado de Madrid está vulnerando los cánones eclesiásticos que expresamente señalan que no deben enterrarse cadáveres en las iglesias a no ser que se trate del papa, arzobispos o meritorios.

Convertir el Valle de los Caídos en un 'Espacio de Memoria'

Reclamaba también al Ejecutivo la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se practican en el propio Valle de los Caídos y que, a su juicio, "pueden incitar al odio".

Además solicitaba la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterrados en la Basílica y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado "pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral".

El escrito proponía la anulación y derogación de las normas de creación de la Basílica y de La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que datan de 1940 y 1957, respectivamente, ya que contradicen la Constitución española y la Ley de Memoria Histórica.

Los juristas pedían la transformación del Valle de los Caídos en un 'Espacio de Memoria', donde las víctimas de la dictadura y sus familiares pudieran ejercer su derecho a la verdad y a la reparación y también un lugar de identificación y homenaje de quienes se encuentran inhumados, con la publicación oficial de sus nombres.

Para ello, se solicitaba al Gobierno la aprobación de la dotación económica suficiente a cargo del Estado para la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos.

Garzón recurrirá al Tribunal Constitucional

Tras la decisión del Tribunal Supremo, Baltasar Garzón ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para conseguir trasladar los cuerpos de Franco y Primo de Rivera del Valle de los Caídos a otro lugar y, si es necesario, una demanda ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH), si bien el Supremo no ha hecho pública aún su argumentación.

"No compartimos la decisión del Tribunal Supremo. La Sala se alinea, una vez más, en contra de las víctimas y de su derecho a la verdad, la justicia y la reparación en favor de los perpetradores", ha señalado en un comunicado junto a los abogados Manuel Ollé y Eduardo Ranz.

"España no puede seguir ignorando a las más de 114.000 víctimas del franquismo y seguir financiando un monumento que ejemplifica la revictimizacion constante de aquéllas", han puntualizado.