El voto por correo, principal queja al Defensor del Pueblo en temas electorales
- Se denuncian complejidades burocráticas y el "voto rogado" desde el extranjero
El voto por correo, especialmente desde el extranjero, ha agrupado la mayor parte de quejas recibidas el pasado año por el Defensor del Pueblo en materia de régimen electoral, según el Informe Anual 2016 entregado este martes en el Congreso por esta institución.
Las elecciones generales del 26 de junio pusieron de manifiesto idénticos problemas a los detectados con anterioridad, que afectan al esquema electoral y a la insuficiencia que la actual legislación ofrece para el ejercicio efectivo del derecho al voto por todos los ciudadanos, de manera especial por los residentes en el extranjero.
Según el informe, las complejidades burocráticas, la dependencia de servicios de correos extranjeros (no siempre eficientes) y, sobre todo, el carácter "rogado" del voto han dificultado el pleno ejercicio del derecho fundamental a la participación política.
Sobre el voto por correo, el informe señala que no ha funcionado de forma correcta.
Documentación que no llega y gastos por votar
El mayor porcentaje de quejas recibidas se siguen centrando en el voto de los residentes en el extranjero, en concreto, en la falta de recepción de la documentación a tiempo para votar, por un lado, y por otro, en los mecanismos de designación de los miembros de las mesas electorales.
En una queja formulada por una organización sindical se ponía nuevamente de relieve el calvario burocrático del sistema actualmente vigente, en gran medida debido al establecimiento del voto rogado.
A ello se han añadido otros obstáculos como una inadecuada publicidad e información institucional, horarios exiguos de los consulados españoles, insuficiencia de recursos de las oficinas de Correos para atender la demanda del voto por correo o falta de gratuidad real del voto por correo.
Por otra parte, el informe apunta que se han recibido numerosas quejas procedentes del colectivo de residentes españoles en el exterior que no han recuperado, o lo han hecho de forma parcial, los gastos efectuados para el envío del voto desde el exterior.
Por otra parte, la designación de los ciudadanos para formar parte de una mesa electoral también provoca la recepción de quejas. Estas se refieren al mecanismo establecido para poder formular una excusa a dicho nombramiento, en razón de la existencia de impedimentos de tipo personal, familiar o profesional y su aceptación por la Administración electoral.
Garantizar el voto de las personas con discapacidad
Por otro lado, la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, considera que existen "fundadas esperanzas" de que en esta legislatura las Cortes garanticen totalmente el voto a las personas con discapacidad, en referencia a la situación en la que están los miembros de este colectivo sometidos a tutela judicial.
Becerril se refiere al hecho de que las asociaciones de la discapacidad pidan modificar la ley electoral, de forma que las personas sometidas a tutela judicial no necesiten la autorización de un juzgado para poder ejercer el derecho al sufragio.
Según el Defensor del Pueblo, el criterio debería ser que "sólo en supuestos muy excepcionales se impida" a este colectivo votar, en clara alusión a los electores con discapacidad que están bajo tutela judicial.
En su informe se añade que esta demanda "parece haber sido sustancialmente incorporada al programa político del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de modo que existen fundadas esperanzas de que se aborde en esta legislatura".