Homs se declara inocente: "Si hacer un proceso participativo es hacer un pulso al Estado, no quiero formar parte"

• El fiscal mantiene su petición de 9 años de inhabilitación por desobediencia
• Asegura que ha quedado probado que cometió los delitos que se le imputan
• La defensa pide su absolución porque dice que no está probado que sea el autor
• Es la última jornada del juicio contra Homs por desobediencia al TC el 9N

Visto para sentencia el juicio contra Francesc Homs por la consulta del 9-N

El diputado de PDeCAT y exconseller de Presidencia Francesc Homs se ha declarado este miércoles "inocente" en su alegato final en la última jornada del juicio que se celebra contra él en el Tribunal Supremo por desobedecer al Constitucional en la consulta independentista del 9N y ha negado que el denominado "proceso participativo" fuera "un pulso al Estado", como le ha acusado el fiscal Jaime Moreno en sus conclusiones..

"Les digo que si hacer un proceso participativo es hacer un pulso al Estado, no quiero formar parte de este Estado", ha advertido Homs en su turno de usar la última palabra en el juicio, que ha quedado visto para sentencia y en el que el fiscal ha pedido para él nueve años de inhabilitación mientras que su defensa ha solicitado su absolución.

Homs ha comenzado su último turno de palabra, que se ha prolongado unos 20 minutos, reconociendo que cometió los hechos que se le imputan, pero ha negado que se le pueda considerar culpable. "Me siento inocente. Esto no quiere decir que no cometiera los hechos. Una cosa es la consideración que se hace al respecto, y yo ya admití que lo hice, pero me siento inocente", ha señalado.

Antes de terminar, el exconseller ha afirmado que sea cual sea la sentencia, "para nada modificará" su conducta de "promover el derecho a decidir de Cataluña", como tampoco parará a otras personas. "No se pueden imaginar a cuánta gente representa", ha señalado.

Y ha asegurado que este mismo año habrá referéndum en Cataluña: "Esto se va a hacer porque este mandato democrático está contrastadísimo en las urnas y esta es nuestra determinación".

Además, ha criticado que en el juicio se esté mezclando "derecho y política" porque ha dicho que "la provindencia nace de una decisión estrictamente política" y la invocación del artículo 161.2 del Código Penal -sobre la suspensión de leyes autonómicas- en el recurso presentado contra el decreto de convocatoria de la consulta es discrecional del Gobierno de España.

La repercusión de la sentencia

También ha advertido a los magistrados del Tribunal Supremo que su sentencia tendrá "efectos que marcarán las relaciones del Estado español y Cataluña" y creará "jurisprudencia".

El diputado ha insistido en que las resoluciones judiciales no frenarán la voluntad del pueblo y se ha referido expresamente a la del 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña -del que ha recordado que fue ponente- y que negó que se entendiera a Cataluña como una nación.

"Alguien pensó que con aquella sentencia se cerraba una puerta y lo que ha pasado es que se ha abierto una más grande", ha explicado el exconseller.

La defensa reclama la absolución

Previamente, durante más de hora y media, en su turno de intervención, su abogada, Eva Labarta, ha reclamado la absolución del acusado al considerar que no se ha probado que sea autor de dichos delitos y alegando que nunca quiso desobedecer la suspensión del Tribunal Constitucional -por ello el pidió que aclarara el alcance de su providencia-. Ha pedido que no se considere a su cliente un delincuente "porque no lo es".

La letrada ha utilizado su alegato final para realizar una defensa muy poco técnica respecto de los delitos de prevaricación y desobediencia por los que el fiscal solicita para su defendido 9 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, en la que se ha centrado en el carácter poco concreto de la providencia por la que el tribunal de garantías acordó el 4 de noviembre de 2014 la suspensión del denominado "proceso participativo".

A lo largo de su intervención, la abogada ha calificado de "política" la querella presentada por la Fiscalía tras la oposición de los fiscales catalanes a la interposición de la misma y ha incidido en que en caso de producirse una condena se estará entrando "en un camino que sienta precedentes muy delicados", en alusión a la judicialización de la vida política.

"El Tribunal Constitucional no deseaba que esto terminara en un proceso penal, porque si así hubiera sido, hubiera acudido a los requisitos del tipo penal de desobediencia, que no se cumplieron", ha dicho la letrada en su alegato final.

"Cuando el TC no contestó a la petición del abogado del Estado de que debía advertir" a los miembros del Govern "de las consecuencias penales de la celebración del 9N, expresó su opinión de que no deseaba acudir a la vía penal. No fue un olvido, como destacó la junta de fiscales de Cataluña", ha añadido la abogada.

"Es muy excepcional que una Junta de Fiscales diga que algo no es delito y que llegue una orden de Madrid para que se presente querella. Si esto no es política, qué lo será...". "Un correo electrónico no puede hacerse equivaler a un requerimiento personal", que es lo que exige el Código Penal para el delito de desobediencia, ha dicho también.

El fiscal mantiene su petición de inhabilitación

Durante su turno, el fiscal Jaime Moreno ha mantenido su petición de nueve años de inhabilitación para cargo público para Francesc Homs al estimar que ha quedado probado en el juicio que cometió los delitos de prevaricación y de desobediencia grave al Tribunal Constitucional por la celebración de la consulta independentista del 9N.

A su juicio, el denominado "proceso participativo" del 9N en Cataluña "no fue más que un desafío a la legalidad y un pulso al Estado de Derecho". En su alegato final, ha asegurado que hay indicios suficientes para condenar a Homs por los delitos de prevaricación y desobediencia, ya que entiende que su actitud fue "abusiva, arbitraria, consciente y a espaldas" del alto tribunal.

Ha añadido que lo que se está analizando por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo "no es la intervención de los voluntarios ni la conducta de quienes en base a esa llamada acudieron a votar", sino cómo los gestores políticos de la Generalitat "se conciertan para hacer su propia voluntad frente a lo que ha establecido el máximo interprete de la Constitución".

"La democracia no es sino la sumisión de todos los poderes públicos a la ley", ha incidido el representante del Ministerio Público, que ha recordado que lo que hizo el Tribunal Constitucional fue dictar una medida cautelar, la suspensión de la consulta, mientras decidía sobre el fondo de la cuestión, es decir, sobre la constitucionalidad de la convocatoria.

"En definitiva, esa providencia priva a la comunidad autónoma de la competencia para celebrar la consulta mientras resolvía el fondo de esta cuestión", ha insistido en fiscal en referencia a la providencia dictada por el tribunal de garantías el 4 de noviembre de 2014. Dicha providencia se recibió por el Govern de Cataluña, pese a lo que se decidió no paralizar el proceso y realizar "actos de impulso" de la convocatoria, que se acabó celebrando.

Para justificar la condena por desobediencia, el fiscal desmiente la versión de Homs de que no se le notificó la providencia ya que, en palabras suyas, dicho aviso se envió directamente al entonces president de la Generalitat Artur Mas, que este martes prestó declaración en este juicio en calidad de testigo.

El fiscal ha insistido en que "decir que quedaba en manos de voluntarios es prácticamente algo que no se sostiene por sí solo" y además ha descartado que la Generalitat hubiera vulnerado los derechos fundamentales de los catalanes suspendiendo el proceso sino que más bien lo que se vulneró fue el Estado de Derecho al saltarse la suspensión que pesaba sobre la consulta. Escuchadas las partes, el juicio ha quedado visto para sentencia.