Competencia multa a Telefónica con 3 millones por "práctica discriminatoria" en la huelga de instaladores de 2015

• La empresa priorizó el suministro y las reparaciones de sus propios clientes
• La CNMC cree que faltó a su obligación como operador con poder significativo
• Telefónica recurrirá la sanción y alega que fue "una situación de fuerza mayor"

Imagen de archivo de la sede de Telefónica en el PAU de Las Tablas (Madrid).

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a Telefónica con 3 millones de euros por discriminar a sus competidores durante la huelga de técnicos instaladores que tuvo lugar entre marzo y junio de 2015 y con posterioridad, según ha informado este miércoles el organismo regulador. La compañía, por su parte, ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional.

Según la CNMC, Telefónica dio prioridad al suministro y la reparación de averías de sus propios clientes frente a la prestación de estos servicios para operadores alternativos, por lo que, tras la instrucción del expediente, considera acreditado que incumplió la obligación de no discriminación que tiene impuesta dada su posición como operador con poder significativo en los mercados mayoristas de banda ancha.

La CNMC subraya que Telefónica debe prestar a terceros recursos equivalentes a los que se proporciona a sí misma, en las mismas condiciones y plazos, que están recogidos en las ofertas mayoristas aprobadas por Competencia y que, según ha explicado, son independencia de la ubicación física.

A juicio de la CNMC, ha quedado demostrado que Telefónica decidió voluntariamente priorizar la entrega y mantenimiento para sus servicios minoristas a costa de retrasar esta entrega y mantenimiento de los servicios mayoristas que presta a otros operadores. Eesta "práctica discriminatoria" durante los meses de huelga, asegura el organismo, supone "una infracción muy grave" de la Ley General de Telecomunicaciones.

Telefónica recurrirá la sanción

Por su parte, Telefónica ha considerado "carente de fundamento y totalmente desproporcionada" la sanción y ha asegurado que interpondrá un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo estipulado de dos meses.

La operadora ha subrayado que, durante la huelga de instaladores, "se hicieron todos los esfuerzos para cubrir la provisión y reparación de averías a pesar de los más de 4.000 sabotajes que sufrió su red fija durante cuatro meses".

Según la compañía, "al tratarse de una situación excepcional y de fuerza mayor", no es responsable de los retrasos en la provisión de servicios a sus competidores causados por terceros.