Asciende a 35 las niñas muertas por el incendio en un centro de menores de Guatemala

• El centro había sido denunciado por abusos y una jueza había decretado su cierre
• Familiares y allegados exigen saber las identidades de las víctimas del suceso

Varios voluntarios colaboran para trasladar a una de las heridas en el incendio del centro de menores de San José Pinula.

El número de jóvenes muertas en Guatemala tras el incendio ocurrido en un centro de menores ha aumentado este jueves a 35, mientras que 19 permanecen ingresadas por el fuego que se declaró cuando protestaban por supuestos abusos sexuales y físicos.

Doce de las niñas perdieron la vida en las últimas horas y las que siguen internadas presentan quemaduras de hasta cuarto grado, por lo que la mayoría de ellas, de entre 12 y 17 años, está en estado grave y el riesgo de mortalidad es alta, según los médicos.

De acuerdo con las primeras pesquisas, el fuego fue originado por las mismas jóvenes en unos colchones del Hogar Virgen de la Asunción, una casa hogar administrada por el Estado y con un hacinamiento que ya había motivado múltiples denuncias.

Un joven del centro, identificado como Daniel, contó a la prensa que las chicas estaban encerradas bajo llave en un aula al momento del suceso, y denunció que las autoridades tardaron mucho en reaccionar.

Un centro envuelto en polémica desde el año pasado

La casa hogar de menores, ubicada en el municipio capitalino de San José Pinula, ha estado envuelta en polémica desde el año pasado.

Al menos 47 jóvenes se fugaron entonces, lo que llevó a la Secretaría de la Presidencia encargada de la guardia y custodia a destituir en su momento al director.

Una mujer permanece junto a un cartel de protesta contra el Estado frente a la morgue en Ciudad de Guatemala (Guatemala). Esteban Biba

En el centro, hay internados 748 menores de ambos sexos, aunque tiene capacidad para 400.

Entre ellos, además de huérfanos o víctimas de violencia, también hay algunos acusados de pertenecer a pandillas o de delitos criminales, denunciaron los familiares.

Ante lo ocurrido, el Gobierno ha destituído al director, ha decretado tres días de luto y ha reconocido que la tragedia se pudo haber evitado, pero ha responsabilizado de ello a las autoridades judiciales por no autorizar el traslado de los menores más problemáticos a otros centros.