La Fiscalía ofrece un acuerdo a Alavedra y 3 acusados del caso Pretoria si aceptan los hechos

• También ha ofrecido un acuerdo a Manuel Carrillo, Philip Mc Mahan y Gloria Torres
• La trama operó entre 2001 y 2009 en tres municipios de la provincia de Bacelona

Arranca el juicio por el caso Pretoria que salpicó a tres ayuntamientos de Barcelona

La fiscal Ana Cuenca ha ofrecido este lunes una rebaja en la petición de pena al exconsejero de Economía de la Generalitat Maciá Alavedra y a otros tres acusados del juicio del caso Pretoria si reconocen los hechos y pagan una multa, aunque para algunos estará sujeto a su declaración.

Cuenca ha anunciado el acuerdo al tribunal de la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la primera sesión del juicio del caso Pretoria de corrupción urbanística, que operó entre 2001 y 2009 en los municipios catalanes de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras.

En el caso de Alavedra y de Manuel Carrillo, acusado de un delito de cohecho por presuntamente sobornar al alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartolomé Muñoz, la Fiscalía quiere que se les interrogue primero y dependiendo de su declaración se procedería a modificar la pena a la hora de elevar sus conclusiones a definitivas.

Además, la rebaja de la petición de pena para Alavedra -considerado hombre de confianza del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol- también estaría sujeta al pago de 10,3 millones euros de multa.

Otros acuerdos

También le ha ofrecido un acuerdo la fiscal a Philip Mc Mahan y Gloria Torres, acusados de contribuir en "la ocultación y reinversión" de las comisiones ilegales que percibió Alavedra de la trama.

A Philip Mc Mahan le ha ofrecido una rebaja de 3 años y medio de cárcel a 6 meses y al pago de una multa de 2,6 millones de euros o arresto sustitutorio en el caso de impago; mientras que a Torres le ha ofrecido una disminución de 2 años y medio a 6 meses de cárcel y una multa de 315.000 euros, que ya pagó con anterioridad.

En virtud al acuerdo, la Fiscalía les acusaría de un delito de blanqueo de capitales pero no de un delito continuado, como les acusa en su escrito de conclusiones provisionales.

El juicio ha comenzado con casi una hora de retraso pese a la puntualidad de muchos de los acusados; algunos de ellos, como el considerado "facilitador" de la trama, Luis Andrés García "Luigi", ha llegado casi una hora y media antes del inicio. Pese a que curiosamente este acusado ha olvidado su documentación, el juicio ha comenzado sin mayores problemas.

Once acusados

En este juicio, se sientan en total en el banquillo once acusados, entre los que se encuentra además de Alavedra, otro de los hombres de confianza de Jordi Pujol: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta.

Tras ocho años desde que el juez Baltasar Garzón comenzara a investigar esta causa en 2009, los once acusados se enfrentan a entre 11 meses y 8 años de cárcel por delitos de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.

La Fiscalía pide la pena máxima para el líder de esta trama corrupta, el exdiputado catalán del PSC Luis Andrés García "Luigi", y otros 6 años y 10 meses de prisión para Prenafeta y Alavedra.

Se calcula que su red, que operó entre 2001 y 2009, pudo defraudar unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras mediante tres pelotazos urbanísticos en esas localidades: la "operación Pallarena", la "operación Badalona" y la "operación Niesma".

Junto con los expolíticos, también se sientan en el banquillo empresarios y otros cargos públicos: Manuel Valera Navarro, Manuel Dobarco Touriño, José Singla Barceló, Manuel Carrillo Martín, Gloria Torres Pladellorens, Philip Mahan, así como la mujer de Prenafeta, María Lluisa Mas Crussels.

Para "Luigi", además de los 8 años de prisión, la Fiscalía solicita el pago de 22,6 millones de euros de multa; a Prenafeta, que fue secretario de Presidencia de la Generalitat en los años 80, otros 13,7 millones.

"Luigi" está considerado por la Fiscalía como el presunto "conseguidor" de la trama, quien "lideró junto con la indispensable colaboración de Manuel Valera" -que figura como administrador de muchas de sus sociedades- un entramado dirigido a "manipular las adjudicaciones públicas de varias operaciones urbanísticas".

Actividad por la que percibió a cambio "cuantiosas comisiones" que ascienden "cuando menos" a 5,9 millones de euros que ocultó al fisco a través de sociedades opacas. Colaboraron con él de manera "esencial" -según el relato de la fiscal Ana Cuenca- Prenafeta y Alavedra, quienes mantenían una "estrecha relación personal" con el expresidente Pujol.

Ambos se sirvieron de "la influencia que ejercían sobre determinados cargos públicos de Cataluña" y se concertaron con "Luigi" para planificar y ejecutar "el manejo de los tiempos del desarrollo urbanístico y de las adjudicaciones".

Ejercieron juntos una "situación de dominio" en el ámbito de dos adjudicaciones públicas: la "operación Badalona" de compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de la localidad y la "operación Niesma" en torno a dos fincas en San Andrés.

Con sus labores de intermediación y su influencia en cargos públicos de esos municipios consiguieron que los terrenos se adjudicaran a una determinada empresa, lo que les reportó comisiones de alrededor de 638.000 euros a cada uno, que ocultaron a Hacienda a través de un entramado de sociedades opacas y de cuentas en Andorra y Suiza.

La fiscal destaca que el montante total que defraudaron ascendió en el caso de Prenafeta a 14,9 millones de euros y en el caso de Alavedra a 6 millones, aunque esta cantidad provenía de otros negocios y operaciones -algunas de ellas también ilegales- y el delito fiscal estaría prescrito.