El juez del accidente del Alvia investiga al exjefe de seguridad de Adif por homicidio y lesiones por imprudencia

• Considera que Adif "no cumplió" con su deber de valorar y gestionar el riesgo
• Tanto la UTE como Ineco remitieron informes a Adif señalando el peligro
• El maquinista del convoy accicentado en 2013 era hasta hoy el único investigado
• El caso se reabrió el pasado mayo para indagar deficiencias en la seguridad

El juez del caso Alvia cita como investigado al exjefe de Seguridad de Adif

El juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido en julio de 2013 en el barrio compostelano de Angrois ha acordado dirigir la investigación contra Andrés Cortabitarte, entonces jefe de seguridad de Adif, como presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, según ha sido notificado a las partes en un auto con fecha de 10 de marzo al que ha tenido acceso RTVE.es.

En el documento, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, ha considerado que "existen indicios suficientes para concluir que la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif", de la que era responsable Cortabitarte en el momento del accidente, "no cumplió" con su cometido de "evaluar los riesgos inherentes a la circulación (...) generando y tolerando una situación de riesgo que finalmente cristalizó en el accidente".

Tras analizar los informes periciales, Lago ha señalado que tanto la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada del mantenimiento como la empresa de ingeniería civil Ineco remitieron documentos a Adif señalando el riesgo y por ello considera innecesaria la investigación de los técnicos que se había solicitado. Sin embargo, en virtud de dicha notificación, el letrado ha destacado que Cortabitarte y su departamento conocieron la situación y no ha hallado constancia de que el director de Seguridad ordenara "medida alguna" para evaluarla o gestionarla. De este modo, el juez cita a declarar a Cortabitarte "como presunto responsable de los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave".

La Audiencia Provincial de A Coruña ordenó el pasado mes de mayo reabrir la instrucción por el accidente que causó 80 muertos y más de cien heridos después de que Lago la diera por cerrada en enero del pasado año. El organismo provincial consideraba que era pertinente "aclarar diversos extremos" expuestos en las periciales practicadas que incidían en deficiencias de seguridad en la vía.

Hasta ahora, la instrucción se había cerrado con el maquinista de ese convoy, Francisco José Garzón Amo, como único investigado.

Adif no evaluó los riesgos en A Grandeira

Según el auto del juez instructor, a la vista de los informes periciales aportados "no hubo una evaluación integral de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea 082", en la que se produjo el accidente en una curva del barrio de Angrois, en las afueras de Santiago.

El auto señala que existía una situación de riesgo en la curva de A Grandeira, donde finalmente se produce el accidente, consistente en un descarrilamiento por exceso de velocidad y que dicho riesgo era evidente dada la reducción significativa de velocidad que exigía la entrada en la curva (80 km/h), precedida de una larga recta en la que el tren podía alcanzar perfectamente velocidades de hasta 200 km/h.

Además, considera que el riesgo fue convenientemente detectado y comunicado a Adif tanto por la UTE encargada de la construcción del tramo como por Ineco, "reconociendo ambos la insuficiencia del sistema Asfa para conjugar o mitigar el mismo".

De este modo, el documento sostiene que Adif era la responsable de gestionar el riesgo y que "no cumplió con ese deber" (...) "lo que en términos de contribución causal al resultado finalmente producido equipara dicho incumplimiento a la imprudencia del maquinista".

Por lo tanto, una vez analizado el organigrama de Adif, el juez argumenta que existen "indicios suficientes" para determinar que fue la Dirección de Seguridad en la Circulación la que "no cumplió" con su cometido.

El juez desestima el resto de solicitudes

Por otra parte, el juez se ha manifestado sobre las peticiones de diligencias que han sido remitidas hasta el momento por las partes, entre las que destaca la solicitud de declaración en calidad de investigados de los técnicos de la UTE. Sobre este asunto, Lago ha considerado que "no existe motivo alguno" para la imputación al no haber constancia de ningún "incumplimiento normativo" con incidencia causal. "Al contrario, fueron ellos quienes detectaron los riesgos derivados de las limitaciones del subsistema de control, mando y señalización suministrado y lo pusieron en conocimiento de Adif para su gestión", ha apuntado.

En segundo lugar, el magistrado ha considerado "innecesaria y redundante" la solicitud de documentación de expedientes administrativos de diferentes entidades públicas como diligencias al caso. "Tal propuesta escede con mucho el objetivo de la presente investigación", ha matizado.

Finalmente, el juez se ha pronunciado además sobre la pertinencia de recabar un informe de la Agencia Europea de Seguridad del Ferrocarril (ERA) y ha explicado que buena parte de las cuestiones ya aparecen "sobradamente contestadas" en uno de los informes periciales, el que defiende la necesidad normativa y técnica de la evaluación de riesgos, si bien se ha reservado la potestad de consultar a la ERA tras la declaración de Cortabitarte.