La juez cita como investigado al obispo emérito de Cádiz en el caso de los ERE

• Por una ayuda de 300.000 euros que concedió la Junta al geriátrico del Obispado
• También ha citado al cuatro altos cargos de Empleo de la Junta de Andalucía

El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y el obispo emérito de Cádiz, Antonio Ceballos

La juez que investiga el caso de los ERE, María Núñez Bolaños, ha citado el 25 de abril próximo al obispo emérito de Cádiz Antonio Ceballos para que declare como investigado -antes imputado- por una ayuda de 300.000 euros que le concedió la Junta de Andalucía en 2009 al geriátrico del Obispado gaditano.

Además de Ceballos, la juez cita como investigados, en esta nueva pieza de los ERE, al exconsejero de Empleo Antonio Fernández, al exviceconsejero Agustín Barberá, al ex director general de Trabajo Juan Márquez y al ex jefe de servicio de Trabajo Antonio Diz-Lois.

La citación de la juez, según un auto al que ha tenido acceso Efe, se produce después de que la Guardia Civil le pidiera incluir en el caso de los ERE como investigado al obispo emérito de Cádiz y Ceuta.

La Guardia Civil dijo en un atestado entregado al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que instruye el caso, que "puede existir responsabilidad penal por tráfico de influencias" del obispo emérito de Cádiz.

La juez no precisa el delito que le imputa al obispo

La juez, sin embargo, no precisa el delito que le imputa al obispo y al resto de ex altos cargos, y solo indica que "los hechos investigados podrían presentar características que hacen presumir la existencia de una infracción penal".

Ceballos, obispo entre diciembre de 1993 y agosto de 2011, tuvo una "intervención directa" con la Consejería de Empleo para la consecución de la ayuda económica, que se hizo "prescindiendo del procedimiento" establecido, según la Guardia Civil.

Tras la concesión de la ayuda sociolaboral a favor de los trabajadores del geriátrico, la Junta de Andalucía inició una revisión de oficio en abril de 2012, cuando ya estaba en marcha la investigación judicial por el caso ERE.

El 23 de julio de 2012, la Junta dictaminó que se debía devolver la ayuda concedida al Obispado, que era nula, recuerda la juez.

Sin embargo, el 10 de diciembre del mismo año, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo emitió una nueva propuesta proponiendo el archivo del expediente, "ya que la declaración de nulidad y exigencia de devolución de la ayuda iría en contra de la buena fe de los trabajadores y/o beneficiarios", indica la instructora.