Rajoy acusa a la oposición de afectar al "prestigio" y "crédito" de España por tumbar la reforma de la estiba
- El presidente del Gobierno afirma que con su "no" han roto las "reglas del juego"
- El ministro de Fomento asumirá "personalmente" la negociación parlamentaria
- Bruselas no establece una fecha "específica", pero sí un proceso de infracción
- Estibadores: el acuerdo habría sido posible si la propuesta no fuera contradictoria
- Las partes confían en negociar, pero los sindicatos insisten en "una mesa a tres"
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido a la oposición de que su "no" al Real Decreto Ley de la estiba "rompe las reglas del juego" porque el Parlamento de un "gran país" como España "no puede decir por mayoría que no quiere cumplir una sentencia de los tribunales europeos".
Rajoy se ha pronunciado por primera vez sobre la derrota del Gobierno este jueves en el Congreso de los Diputados en su intervención en el congreso del PP madrileño, donde ha asegurado que no quería "reprochar nada a nadie" ni ahora ni más adelante. Sin embargo, ha insistido en que la reforma de la estiba no es un "problema" del Gobierno, sino de España, cuyo "prestigio" y "crédito" han quedado dañados, en su opinión.
El presidente del Ejecutivo ha añadido que la "mano" del Gobierno sigue "tendida" y que hará "todos los esfuerzos que haya que hacer" como "ya" ha hecho el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para sacar adelante la reforma del sector.
De la Serna se involucrará "personalmente" en la negociación
Por su parte, el ministro ha afirmado este viernes que está "convencido" de que la reforma de la estiba "saldrá adelante" un día después de que el Real Decreto-Ley que liberalizaba el sector haya sido tumbado en el Parlamento y ha anunciado que él "personalmente" se encargará de los contactos con los grupos políticos para conseguir los apoyos parlamentarios necesarios para aprobar un proyecto que, según ha subrayado este viernes la Comisión Europea, es "esencial" para España.
Del mismo modo, en una jornada en la que los sindicatos y el partido del Gobierno han comenzado a tomarse el pulso de cara al reinicio de la negociación, la CE ha señalado que, aunque no hay un plazo límite concreto, el recurso que ha presentado ante la justicia europea propone sanciones económicas.
En este sentido, en una entrevista en Onda Cero recogida por Servimedia, De la Serna ha recordado que España tendrá que hacer frente a una "multa muy importante" -previsiblemente superior a los 130.000 euros diarios- hasta que en "alguien" impere el "sentido común".
Asimismo, el ministro ha defendido los esfuerzos del Gobierno para conseguir consenso en la reforma, aunque ha recordado que ésta debía encajar en la normativa europea, y ha subrayado que es "difícil" compatibilizar la libertad de contratación que exigían las autoridades comunitarias y que haya un registro o lista de trabajadores en el sector al que han de acudir las empresas.
“La CE no dispone de una fecha límite "específica"“
"Invitamos a España a cumplir con la sentencia de diciembre de 2014 del Tribunal de Justicia y con sus obligaciones como miembro de la Unión Europea", ha remarcado en rueda de prensa la portavoz de Transportes del Ejecutivo comunitario, Anna-Kaisa Itkonen, quien ha ofrecido la asistencia de Bruselas a las autoridades españolas y ha recordado que es también "una cuestión de competitividad para los puertos españoles".
Itkonen también ha señalado que la Comisión Europea no dispone de una fecha límite "específica", pero ha recordado que se trata de un procedimiento de infracción "en marcha" y que el recurso del Ejecutivo comunitario propone multas concretas hasta que España apruebe la reforma.
La portavoz se refiere a las dos multas propuestas por Bruselas, sobre las que aún podría tardar unos meses en pronunciarse la justicia europea y que podrían confirmarse o sufrir modificaciones. La primera de ellas impone una sanción diaria de 27.522 euros desde el día en el que el TUE declaró ilegal es sistema de trabajo portuario español, el 11 de diciembre de 2014, y para la que el montante acumulado hasta la fecha es de 22,8 millones. La segunda sanción supondrá, si es confirmada por el tribunal, una cuantía diaria de 134.107,2 euros desde el momento en que la justicia europea falle su segunda sentencia.
La contradicción ha bloqueado el acuerdo, según los estibadores
Por su parte, en sendas entrevistas en TVE, el representante de los trabajadores y el portavoz del PP en la Comisión de Fomento del Congreso han intercambiado pareceres acerca del punto en el que se encuentran en este momento las negociaciones. Mientras, el primero ha criticado el fondo y la forma de la propuesta presentada 'in extremis' por el Gobierno, el segundo ha defendido ese documento como una propuesta "de máximos".
"Si lo que dice el ministro (de Fomento) coincidiera con lo que intentó poner sobre la mesa, podríamos haber llegado a un acuerdo", ha declarado este viernes el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, en una entrevista en Los Desayunos de TVE, en la que también ha criticado la tardanza en la llegada de la proupesta.
Asimismo, Goya ha defendido la necesidad de "garantizar el empleo" en los puertos y ha afirmado que "la única manera de hacerlo es a través del Decreto Ley". En este sentido, el representante del sindicato de trabajadores portuarios ha reforzado su tesis recordando el acuerdo ente sobre este punto entre empresas y trabajadores.
En cuanto a la oferta del Gobierno, que planteaba prejubilaciones con el 70% del sueldo para los trabajadores con más de 50 años y la subrogación del resto, Goya ha reconocido que "es atractiva en aquellos puertos donde la plantilla esté sobredimensionada, pero ha criticado que esta "no es una realidad".
Por este motivo, el representante sindical ha insistido en la subrogación de los contratos actuales. "El Ejecutivo ya ha garantizado la subrogación en otros casos como en la privatización de Aena, ha insistido Goya, quien ha matizado que su petición "no contradice la normativa europea". "Lo que no podemos consentir es que la denuncia de Estrasburgo sirva para justificar despidos", ha enfatizado.
"España ha llegado al máximo que permitía la legislación europea"
Por su parte, el portavoz del PP en la Comisión de Fomento en el Congreso, responsable de defender el Real Decreto-Ley el pasado jueves en el hemiciclo, Miguel Barrachina, ha respaldado este viernes en el mismo espacio de TVE la propuesta de Fomento. "España ha llegado al máximo que permitía la legislación europea, como con la convalidación de los estudios exigibles o el hacerse cargo de sus derechos laborales si decidiesen no seguir trabajando", ha explicado Barrachina.
Además, el portavoz parlamentario del Grupo Popular ha reconocido entender que la normativa "suponga frustraciones" para los trabajadores desde su "perspectiva familiar" de sus empleos, pero ha recalcado que, con la situación actual, la estiba en España es más cara que en el resto de Europa. "Cuesta más del doble descargar un barco en España que en Italia", ha comparado.
En cuanto al veto del Parlamento al Real Decreto-Ley, Barrachina ha señalado que la denuncia del tribunal de Luxemburgo "no es una condena al PP como se quiso hacer ver" este jueves sino al conjunto de España y ha recordado que la norma "viene desde el año 2010 con un Gobierno del PSOE".
Por otra parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, entrevistado también el Los Desayunos, ha recordado la inexistencia de un plan B y ha asegurado que su partido espera no tener que que "pulsar ningún botón" electoral. Casado ha asegurado que el PP "no ha podido hacer más" y ha declarado que todo lo que haya que hacer a partir de ahora "será por la irresponsabilidad de la oposición"
Reinicio de las negociaciones
Finalmente, ambos representantes han coincidido en la necesidad de seguir negociando, aunque Goya ha reiterado que los sindicatos han pedido al Gobierno "que se siente a negociar" y ha insistido en la necesidad de "una mesa a tres".
En este sentido, en la entrevista antes mencionada, De la Serna ha revelado que él ha estado tres veces reunido de manera formal con los sindicatos y la patronal aunque no se haya hecho público, y ha expuesto que el Gobierno está "de facto sentado" en esa mesa, aunque no ha confirmado si acudirá él a la reunión prevista para la semana que viene. "Lo tendremos que hablar" entre los distintos ministerios, ha comentado, ya que hay una parte importante que corresponde a Empleo.
De la Serna, que también ha desvelado "contactos informales" con el objetivo de "intentar llegar a acuerdos", ha criticado la "inflexibilidad absoluta" de los planteamientos que los trabajadores han hecho hasta ahora y ha apelado a la responsabilidad para que pueda haber un acuerdo en la mesa de negociación colectiva entre patronal y sindicatos.