El Congreso insta a impulsar la 'mochila austriaca' para cubrir las indemnizaciones por despido
- La inciativa de PDeCAT ha sido reelaborada por el PP y cuenta con Cs
- PSOE y Unidos Podemos se oponen a este modelo de indemnizaciones
- Piden al Gobierno que negocie con empresarios cómo financiarla
La Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso ha apoyado este martes una proposición no de Ley presentada por el PDeCAT -la antigua Convergència- y reelaborada posteriormente junto al PP para impulsar un nuevo sistema de indemnización por despido, que pasaría a financiarse con la conocida como 'mochila austriaca'.
Este sistema prevé la creación de fondos individuales que acompañarían al trabajador durante toda su vida laboral a partir de las aportaciones de los empresarios. Con este fondo se financiarían las indemnizaciones por despido de los trabajadores.
La iniciativa respaldada por la Congreso insta al Gobierno poner en marcha este sistema antes de 2020 a través del diálogo social.
Además del PP y PDeCAT, la iniciativa ha contado con el apoyo de Ciudadanos, que lo llevaba en su programa, y del PNV, mientras que el PSOE y Unidos Podemos se han votado en contra.
El texto finalmente aprobado insta al Gobierno a elaborar y aprobar un proyecto de ley que regule la constitución de "un fondo de capitalización para los trabajadores y un nuevo sistema de indemnizaciones por despido".
Buscan "reducir la dualidad del mercado de trabajo"
El objetivo, según este texto, es "reducir la dualidad del mercado de trabajo y contribuir a la creación de empleo estable". Asimismo, la iniciativa llama al Gobierno a negociar la constitución de este fondo con "las organizaciones empresariales y sindicales más representativas".
En su exposición de motivos, el PDeCAT había pedido una reforma en el sistema de indemnizaciones pues consideran que el actual sistema "obliga a realizar fuertes desembolsos a empresas en situaciones de crisis que pueden agravar su situación".
En este sentido, señalan que la constitución de un fondo de capitalización "es un mandato legal" de la propia reforma laboral de 2010, impulsada por el PSOE, y que éste había sido refrendado en el acuerdo suscrito por el Gobierno, patronal y sindicatos en febrero de 2011.