Podemos califica de "pelea de bar" las agresiones de Alsasua y no terrorismo
- Algunos diputados se desmarcan del manifiesto de apoyo a los acusados
- Unidos Podemos recibe a los familiares de los agresores de los guardias civiles
- Con el manifiesto, rechazan que se les imputen presuntos delitos de terrorismo
El grupo parlamentario de Unidos Podemos ha criticado este miércoles que los agresores de guardias civiles en Alsasua (Navarra) hayan sido acusados de un delito de terrorismo en la Audiencia Nacional, una calificación que cree desproporcionada para lo que considera que ha sido una "pelea de bar".
"Se ha calificado como terrorismo lo que nosotros consideramos como una pelea de bar y eso supone que no está siendo un juicio proporcional a los hechos que ocurrieron", ha dicho la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, tras recibir en el Congreso a los familiares de los imputados por la agresión a los guardias civiles.
A petición de los familiares, un total de 88 diputados y senadores de Unidos Podemos, IU, el PNV, PDeCAT, ERC, Compromís y Bildu han suscrito además un manifiesto en el que denuncian "la falta de proporcionalidad" y la vulneración de las garantías procesales de los imputados.
Piden que se elimine la calificación como delito de terrorismo y que el caso sea devuelto al juzgado de instrucción número tres de Pamplona, de donde, según Belarra, "nunca debería haber salido".
Belarra, además, ha considerado que víctimas son tanto las personas agredidas como "las que están viéndose sometidas a un procedimiento judicial injusto y desproporcionado", es decir los imputados por la agresión. "Nos solidarizamos con todas las víctimas", ha añadido.
Dos diputados de Podemos se desmarcan
El manifiesto, sin embargo, no lo han suscrito todos los diputados de Podemos, como había anunciado en un principio la formación. Lo firman 48 de los 67 miembros del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. No está entre ellos el exportavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Juan Antonio Delgado.
Delgado ha optado no firmarlo para poner en valor lo que, ha señalado, es "lo importante": que "desde el minuto uno Podemos ha condenado la agresión" a los guardias civiles que considera que "es un delito", y que su solidaridad está con las víctimas.
Si bien Delgado comparte que ha habido desproporción al calificar los hechos como terrorismo, ha insistido en poner el acento en la condena sin paliativos de todo su grupo a la agresión a los guardias civiles.
El juez Juan Pedro Yllanes tampoco comparte al cien por cien el contenido de ese manifiesto porque considera que la reclamación a la Audiencia Nacional puede suponer una interferencia en la separación de poderes.
Sin embargo, su firma sí aparece. Yllanes no recordaba haberlo suscrito y manifestaba a la prensa sus discrepancias con el contenido, aunque después ha admitido haber olvidado que le presentaron hace dos meses el documento y que lo había firmado.
Como él, otros diputados de Podemos han reconocido a los medios que a veces es posible que no recuerden todos los manifiestos que firman debido a la carga de trabajo parlamentario.
Belarra ha asegurado que la decisión de suscribir el manifiesto ha sido "unánime", que "no se ha desmarcado ningún diputado" y que toman las decisiones "de forma colectiva" y colegiada. "Es conocida la forma de funcionamiento de Unidos Podemos", ha dicho recordando que se abrió un periodo de tiempo para que quien quisiera se pudiera sumar al manifiesto, que algunos diputados no firmaron "porque no se enteraron".
Un manifiesto con apoyo de otros partidos
En el acto también han estado presentes los representantes del resto de grupos políticos que firman el manifiesto, entre ellos Ricardo Sixto (IU), quien ha recalcado que este miércoles en Euskadi y Navarra hay una "situación de paz", en la que no se pueden aplicar "viejas excepcionalidades" ni "culpabilizar a todo un pueblo", como ha ocurrido.
Joan Tardá, de ERC, ha manifestado la "solidaridad del republicanismo catalán" con estos "ciudadanos" que han sido "víctimas" de una "gran arbitrariedad" y ha lamentado que la "mentalidad de la administración española" no haya cambiado y siga aplicando criterios de "venganza".
Por su parte, Oskar Matute, de Bildu, ha enfatizado la necesidad de "revertir el atropello democrático" que se ha cometido, en su opinión, "con todo el pueblo y con los imputados que están en la cárcel".