Gas Natural demanda a Colombia por la liquidación de Electricaribe y le reclama más de 1.000 millones de dólares
- Comienza el procedimiento arbitral ante un organismo de Naciones Unidas
- Pide que se le indemnice o que se le devuelva su filial Electricaribe
- Expresa su voluntad de seguir negociando para alcanzar un acuerdo
Gas Natural Fenosa ha solicitado este miércoles el inicio del procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) contra Colombia por la liquidación de Electricaribe. La compañía española pide que se le devuelva Electricaribe "en un marco regulatorio viable" o, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, con arreglo a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares (unos 927 millones de euros al cambio actual).
En la solicitud presentada, Gas Natural Fenosa se alza, entre otros, contra la ausencia de "trato equitativo y de seguridad jurídica" en la actividad regulada en los últimos años, contra la toma de posesión que constituye una expropiación sin indemnización, y contra el hostigamiento sobre un inversor internacional y las personas a su servicio.
En un comunicado, la compañía española asegura que la decisión de toma de posesión y de liquidación de Electricaribe por parte de las autoridades de Colombia "son contrarias al proceso de diálogo que, durante los últimos meses", han mantenido las partes.
"La actitud del Gobierno de Colombia es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio, e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país", agrega.
Voluntad de seguir negociando con Colombia
A pesar de solicitar hoy el inicio del procedimiento arbitral, Gas Natural Fenosa expresa su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes.
Desde la energética señalaron que "Colombia no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable y el pago de las citadas deudas".
Aunque en un principio la multinacional pretendía que el arbitraje internacional por este contencioso quedara en manos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que depende del Banco Mundial, finalmente se ha decantado por otro. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), como el Ciadi, está reconocido como un foro adecuado de resolución de diferencias en el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Colombia y España.