El Parlamento de Venezuela inicia el proceso para destituir a siete magistrados del Tribunal Supremo

• La oposición hace valer su mayoría para poner en marcha el procedimiento
• Les acusa de "responsabilidad en la ruptura del orden constitucional"
• Sin embargo, no dispone del aval del Poder Ciudadano, exigido en la Constitución
• Los chavistas denuncian un "golpe de Estado parlamentario" de los opositores

El Parlamento venezolano vota para iniciar el proceso de destitución de siete jueces del Supremo.

La oposición de Venezuela ha hecho valer este miércoles su mayoría en el Parlamento para poner en marcha el procedimiento con el que pretende destituir a siete magistrados del Tribunal Supremo, a los que acusa de "responsabilidad en la ruptura del orden constitucional" por haberle arrebatado sus competencias temporalmente, además de responsabilizar al presidente, Nicolás Maduro.

Las decisiones de la Asamblea Nacional abren una nueva batalla política con el oficialismo, sin que los diputados chavistas, que han asistido al debate aunque no han participado, hayan podido frenar la aprobación de "la activación del procedimiento de la remoción de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia por su responsabilidad en la ruptura del orden constitucional".

La minoría chavista, en cualquier caso, ha reclamado que la Cámara "no tiene potestad" para destituir a los jueces ya que, según la Constitución, se requiere el aval del Poder Ciudadano -otro de los cinco poderes en los que se divide el Estado venezolano y que, hasta ahora, ha negado que haya una quiebra constitucional-, así como el respaldo de dos tercios de de los diputados.

Así, el líder chavista en el Parlamento, Héctor Rodríguez, ha negado que la oposición cumpla ninguno de esos dos requisitos y ha llamado a los seguidores oficialistas a manifestarse este jueves contra de lo que ha calificado de "golpe de Estado parlamentario".

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Causa contra siete magistrados

Pero el diputado Juan Miguel Matheus, que ha defendido en el debate la propuesta de la oposición, ha aclarado que la votación de este miércoles no destituye a los magistrados, sino que solo da inicio al proceso.

De este modo, los diputados han aprobado emplazar al Poder Ciudadano y a la Fiscalía General a tramitar la solicitud presentada ante ambos organismos el pasado 31 de marzo, y un documento complementario que presentarán en los próximos días, que evaluará las faltas graves cometidas, a juicio de la Asamblea Nacional, por los magistrados.

Además, se ha acordado "dejar a salvo la posibilidad de iniciar el procedimiento de declaración de nulidad de la designación de los magistrados del TSJ que hayan sido elegidos por la Asamblea Nacional sin cumplir los requisitos constitucionales y legales".

Los siete magistrados de la Sala Constitucional del Supremo que la Asamblea pretende destituir son: Calixto Ortega, Luis Damiani, Lourdes Suárez, Juan José Mendoza, Arcadio Delgado, Carmen Zuleta y Gladys Gutiérrez, por ser "autores materiales del golpe de Estado", según ha detallado Matheus.

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Los diputados del chavismo se han sumado a la sesión cuando ya había comenzado y se han negado a participar en el debate, aunque Héctor Rodríguez ha acusado a los parlamentarios de la oposición de estar "violando la Constitución" e intentar dar un "golpe parlamentario".

Tras su intervención, un grupo de opositores que acompañaban a los diputados antichavistas les han gritado a los oficialistas: "Ustedes son golpistas, la fiscal lo dijo", en alusión a la posición de la Fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien el viernes aseguró que el Supremo había "violado" la Constitución al asumir las competencias del Parlamento.

Entre acusaciones cruzadas, la Asamblea Nacional también ha aprobado responsabilizar a Nicolás Maduro del supuesto "golpe de Estado" que supone mantener a la cámara en situación de "desacato" a través del Tribunal Supremo, lo que motivó la fallida anulación de sus competencias.

Además, los diputados han acordado "exigir" a la fiscal general, Luisa Ortega, que "incoe las averiguaciones conducentes al establecimiento de la responsabilidad penal en la materia".