El juez pide al TSJM imputar a la diputada del PP María Josefa Aguado en Gürtel

• El juez sostiene que adjudicó a dedo contratos a empresas de Francisco Correa
• Fragmentaba el pago en facturas de menor valor para la misma empresal
• Hasta que no sea imputada no entrará en vigor el Código Ético del PP

Francisco Correa, en una imagen de hace unas semanas.

El juez del caso Gürtel, José de la Mata, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) imputar a la diputada del PP en la Asamblea madrileña María Josefa Aguado, al apreciar indicios de que adjudicó a dedo un contrato del Ayuntamiento de Arganda del Rey a empresas de la trama corrupta.

En su exposición razonada elevada al tribunal madrileño, en el que está aforada Aguado, el magistrado le atribuye los delitos de fraude a la Administración Pública, malversación y prevaricación.

El juez circunscribe su actividad a la adjudicación en 2007 del contrato para las "X Olimpiadas Escolares" a empresas del líder de la Gürtel, Francisco Correa, valorado en 89.000 euros pero que se fragmentó en siete contrataciones menores para evitar el concurso público.

Se aprovechó de su puesto de jefa de deportes

Lo hizo, dice el magistrado, desde su puesto de jefa de deportes de la Sociedad de Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, y "a sabiendas de su flagrante vulneración de los principios rectores de la normativa en materia de contratación pública.

Ella participó así "de forma decisiva", añade De la Mata, "en que se efectuara el pago de múltiples facturas en perjuicio de la Sociedad de Fomento".

El juez sostiene que sus actos a la hora de decidir la adjudicación fragmentando el contrato fueron "objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales para conseguir la disposición de fondos públicos y el pago de sus facturas al Grupo Correa".

Esos actos perseguían evitar la libre concurrencia de otras empresas y que los servicios no pudieran adjudicarse a las sociedades que hubieran podido realizar la oferta más beneficiosa para los intereses municipales, lo que supuso un perjuicio para las arcas municipales.

Aguado dio su conformidad a aquel pago, que se fraccionó en siete facturas tramitándose así como contratos menores, independientes y "eludiendo el correspondiente procedimiento impuesto legalmente".

"Pese a la obviedad de la argucia", explica el magistrado, la diputada informó a favor de la aprobación de todas esas facturas, que se hizo, además, en siete informes distintos emitidos y firmados el mismo día (29 de mayo de 2007).

Siete facturas para una sola empresa de Correa

En cambio, la realidad es que ese servicio lo prestó una sola empresa de Correa, Easy Concept, mientras que Aguado y otros funcionarios públicos "idearon y pusieron en marcha un mecanismo fraudulento para conseguir el cobro".

Para el juez, Aguado sabía de lo ilegal de sus acciones y "no pudo haber una situación de confusión o error". "Estamos ante una situación de ilegalidad manifiesta que Aguado del Olmo tuvo que conocer cuando firmó los informes", añade, por lo que concluye que la diputada "estaba dando cobertura a una situación que provocaba un resultado injusto".

El juez envía su escrito a la Sala Civil y Penal del TSJM para que determine si la imputa y si decide llamar a declarar a las personas investigadas en esta pieza de Arganda que no están aforadas, entre ellas Francisco Correa, su número dos, Pablo Crespo, y el ex jefe de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla del Monte César Tomás Martín Morales.

En esta pieza del caso Gürtel se investiga el cobro desde el año 1999 de comisiones por parte de distintos cargos públicos de Arganda del Rey por la adjudicación de contratos, tanto a sociedades vinculadas a Correa como a empresas constructoras "desde el Ayuntamiento y desde la Sociedad de Fomento de esa localidad".

El PP no le exigirá dimitir hasta que no sea imputada

El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha aclarado este lunes que hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) llame a declarar a su diputada Josefa Aguado en concepto de investigada no entra en vigor el código ético por el que los diputados populares se han comprometido a renunciar a su acta en caso de resultar imputados formalmente.

"Respetamos las decisiones judiciales y tendrá que ser el TSJM el que decida ahora a la vista del informe del juez si la llama o no en concepto de investigada", ha manifestado un portavoz del Grupo Popular, para agregar que entretanto no entra en vigor el código ético.

El Código Etico firmado por todos los diputados populares a principios de la presente legislatura recoge que deberán abandonar su acta en el caso de que resulten investigados formalmente por un delito de corrupción o que genere alarma social. En aplicación del código ético dimitió el diputado y exalcalde de Móstoles Daniel Ortiz, imputado en la trama Púnica. También dimitió el expresidente de la Asamblea y exconsejero de Transportes José Ignacio Echeverría, que tuvo que declarar en calidad de investigado tras tener un accidente de coche y dar positivo en el test de alcoholemia.