El fiscal jefe de Anticorrupción intentó frenar un registro de la Operación Lezo y los fiscales lo impidieron

• El fiscal Manuel Moix ordenó la supensión de uno de los registros
• Los fiscales recurrieron a la Junta para que Moix se retractara
• El fiscal general del Estado niega que Moix "obstaculizara" la investigación
• La oposición pide que comparezcan Catalá, Zoido y Maza

PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos ponen en duda la acción del nuevo Fiscal Anticorrupción y piden explicaciones

El fiscal jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, ordenó a los fiscales que investigan la Operación Lezo contra la corrupción en el Canal de Isabel II, en la que fue detenido el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que no realizaran uno de los registros que tenían previstos. Sin embargo, sus subordinados se rebelaron y tras llevar la decisión a la Junta de Fiscales votaron masivamente en contra de la orden de su superior jerárquico, que tuvo que rectificar.

Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han confirmado que el fiscal jefe presentó una orden por escrito a los fiscales del caso en la que se oponía a que se hiciera uno de las decenas de registros que los agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo.

Estas mismas fuentes han asegurado que no se trataba en ningún caso del registro en el domicilio del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que ha sido detenido, ni en el de ninguno de los principales imputados. Afectaba a otro de los investigados por hechos muy anteriores a la llegada de aquéllos al Canal de Isabel II.

A este suceso se une el hecho de que el nombre del fiscal jefe aparece en el sumario de la operación contra Ignacio González, en concreto en una conversación telefónica grabada por la Guardia Civil el verano pasado, entre el propio González y Eduardo Zaplana, ex presidente de la Comunidad Valenciana y exministro siendo presidente José María Aznar. En esa conversación Zaplana le habría dicho a González que estuviera tranquilo y éste se mostró esperanzado en que el nombramiento de Moix mejorara su situación procesal.

Moix, que fue nombrado en el mes de marzo, ha reconocido en una entrevista a la Cadena Ser los hechos y ha asegurado que su orden contaba con el respaldo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a quien le pareció "muy bien".

Los fiscales del caso se opusieron a la decisión

Tras recibir la orden de Moix, los fiscales que investigan el caso, Carmen García Cerdá y Carlos Yáñez, invocaron el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, algo que está previsto en la propia norma pero que es muy poco habitual que ocurra. Este Estatuto prevé que, cuando un fiscal reciba una orden de su jefe y la considere improcedente o no suficientemente razonada, puede recurrir a la Junta de esa Fiscalía.

En la Junta de Fiscales Anticorrupción, la mayoría se opuso a la decisión de su jefe jerárquico y aunque las decisiones de este órgano no son vinculantes, Moix acabó asumiendo el resultado de la mayoría, por entender que, una vez iniciada la operación al día siguiente, el imputado afectado podría hacer desaparecer documentos, y el registro fue finalmente incluido junto a los demás.

La Guardia Civil, a instancias del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y de la Fiscalía Anticorrupción, practicó este miércoles doce detenciones, entre ellas la del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por presunto desvío de fondos del Canal para enriquecerse.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) registraron durante todo el día varios domicilios y empresas, incluida la casa y el despacho de González y la sede del Canal, y hoy siguen los registros en otras compañías.

La Fiscalía General del Estado niega que Moix tratara de "obstaculizar"

Por su parte, Maza ha negado que Moix haya tratado de "obstaculizar" la investigación de la Operación Lezo. Así lo indica la Fiscalía General del Estado en una nota de prensa emitida "ante ciertas noticias aparecidas en algún medio de comunicación respecto de la intervención de la Fiscalía Anticorrupción en la llamada Operación Lezo".

Lo que sí admite son "puntuales discrepancias técnico-jurídicas" en el seno de la Fiscalía Anticorrupción que fueron resueltas "en una Junta de Fiscales conforme a las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en un escenario de estricto y razonable debate jurídico, como es el propio de esta clase de órganos colegiados de las Fiscalías".

No obstante, la Fiscalía General no aporta más detalles, ni explica a qué registro se opuso Moix, porque "no es posible, en el momento actual, entrar en el fondo del asunto ni desvelar elementos ni datos del procedimiento por encontrarse declarado el secreto de sumario".

La oposición pide la comparecencia del ministro de Justicia

Ciudadanos pedirá que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, comparezca en el Congreso de los Diputados para que aclare si está "dando instrucciones a los fiscales para que no investiguen" ciertos casos de corrupción, por ejemplo el de la Operación Lezo.

"Es de una gravedad extrema, si es cierto", ha dicho el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro sobre morosidad.

También pedirá explicaciones al ministro para que informe de los supuestos "chivatazos" dados al expresidente madrileño Ignacio González.

Se ha referido así a las informaciones que apuntan a un "chivatazo" a González previniéndole de que sus líneas de teléfono estaban "pinchadas" y de su posible detención.

Por su parte, el PSOE va a solicitar la comparecencia de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y de Interior, Juan Ignacio Zoido, y del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que aclaren "las maniobras para obstaculizar la investigación de la corrupción del PP". Así lo han confirmado fuentes del grupo parlamentario socialista tras conocer las últimas informaciones que afectan a Moix.

Asimismo Unidos-Podemos ha exigido el cese inmediato del fiscal jefe de Anticorrupción por "proteger al PP en los casos de corrupción", y la reprobación del ministro de Justicia, por ser el "responsable político máximo" de las supuestas irregularidades en el Canal Isabel II. Así lo ha anunciado este jueves el coordinador federal de IU y diputado de Unidos-Podemos, Alberto Garzón.

También pedirá esta formación las comparecencias en el Congreso del ministro de Justicia, del Fiscal General del Estado, y del fiscal anticorrupción Manuel Moix. El coordinador federal de Izquierda Unida ha calificado de "gravísimas" las informaciones de que el fiscal anticorrupción "intentó impedir uno de los registros de la operación".