El Gobierno de Cifuentes se personará como acusación en la trama del 'caso Canal'

• Lo hace porque las presuntas irregularidades afectan a organismos regionales
• Se investiga un desvío millonario de dinero público a través del Canal de Isabel II

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes

El Gobierno autonómico de Cristina Cifuentes se personará como acusación particular en la operación Lezo, que investiga la supuesta trama de corrupción en el Canal de Isabel II y por la que está en prisión sin fianza el expresidente madrileño Ignacio González.

Cifuentes ha dado ya instrucciones a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para personarse en el caso, paso que se dará en el "momento procesal oportuno", según indican a Efe fuentes del Gobierno regional.

La decisión se adopta a la vista del criterio de la Abogacía General, que pone de relieve que las irregularidades investigadas en la llamada operación Lezo afectan a diferentes organismos de la Comunidad de Madrid y que de ellas puede derivarse prejuicio patrimonial, indican las mismas fuentes.

La actuación, que se toma en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se une a la llevada a cabo el año pasado cuando la Comunidad de Madrid trasladó a la Fiscalía un "amplio" informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a cabo en el Canal de Isabel II y sus empresas filiales, que pudieran ser constitutivas de delito, destacan desde el Ejecutivo autonómico.

Con anterioridad, el Gobierno regional se ha personado en la Operación Púnica y en Gürtel, "para defender los intereses de los madrileños".

El pasado miércoles, tras la detención de González en el marco de la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, Cristina Cifuentes declaró en calidad de testigo.

También lo hicieron su jefa de Gabinete, Marisa González, y el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, actual presidente del ente Canal de Isabel II.

El juez Eloy Velasco cree que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos por el caso del Canal de Isabel II ascendería a unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual), tan solo en la operación que supuso la compra de la brasileña Emissao, una de las que se investigan.