Venezuela, el silencio a la fuerza de las voces críticas

• Numerosos opositores al chavismo son detenidos arbitrariamente y sin pruebas
• Amnistia Internacional documenta 20 casos de detenidos en una "caza de brujas"
• La ONG denuncia que los arrestados sufren torturas, malos tratos y hacinamiento

Amnistía Internacional denuncia las detenciones arbitrarias en Venezuela

El concejal José Vicente García salió de su casa el 17 de octubre de 2016 y, desde entonces, está detenido. Al parecer, tenía uniformes militares y granadas dentro de su coche. Su mujer denunció que fueron miembros del Servicio de Inteligencia Bolivariano los que colocaron allí ese material. El diputado Gilber Caro regresaba, en su coche, a Caracas el 11 de enero de 2017, cuando policías le ordenaron detenerse. Se le incautó, supuestamente, un fusil de guerra y material explosivo, y se le relacionó con actividades terroristas. Los dos están detenidos, sin orden judicial y sin que el Ministerio Público haya presentado cargos contra ellos.

Amnistia Internacional ha documentado más de 20 casos, como el de estos dos políticos, de detenciones arbitrarias, violar la inmunidad parlamentaria y no poder demostrar los delitos de que se les acusa ante ninguna autoridad judicial. Esta ONG denuncia una caza de brujas y persecución por motivos políticos en Venezuela

Carolina Jiménez, responsable del informe Silencio a la fuerza de AI, cuenta a RTVE.es desde Lima que, a pesar de que, "hay un grave problema de acceso a la información" han conseguido a través de abogados, testigos, víctimas que ya están libres e incluso testimonios de los propios funcionarios judiciales, demostrar lo que está pasando en las cárceles venezolanas.

Torturas, malos tratos y hacinamiento

En realidad, la mayoría de estos arrestados suele permanecer en las dependencias del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia) durante meses e incluso años. Aunque entre sus cometidos no está hacer detenciones ni realizar custodias de los detenidos, lo cierto es que, según AI, posee calabozos donde malviven cientos de arrestados sin lo básico. "En el país faltan alimentos y medicinas y muchas familias tienen que llevarles a sus familiares retenidos las tres raciones de comida diaria", añade la investigadora de AI.

“En el país faltan alimentos y medicinas“

Los arrestados están en prisión preventiva aunque sus casos no han sido vistos ante ningún juzgado. En algunos casos, incluso, existe la orden de excarcelación al no encontrar pruebas. "El guardia dice que a él no le han dado la orden de excarcelar a nadie y muchos siguen a la espera en la sede del SEBIN". Para Carolina Jiménez, todos estos detenidos tienen el mismo factor en común: "Son opositores al régimen y lo que pretende el Gobierno es silenciar esas voces críticas".

En una reunión con la Fiscal General de la República de Venezuela, Luisa Ortega, reconoció a Amnistía Internacional que, al menos, hay más de 1.000 detenidos en las últimas tres semanas de protestas en el país.  Son jóvenes, estudiantes, activistas que fueron capturados en "el ejercicio de su libertad de expresión", recuerda Carolina Jiménez.

Jóvenes como Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado que, en marzo de 2014, fueron capturados por la policía del Estado cuando marchaban en una protesta antichavista pacífica, según los testimonios y vídeos aportados. Sin embargo, fueron condenados por delitos de instigación pública. Los dos han denunciado que fueron sometidos a torturas y malos tratos durante su detención preventiva según el informe de AI "Silencio a la fuerza".

Detenciones a dedo

Otro estudiante, Villca Fernández, fue señalado directamente desde algunos programas de televisión como terrorista o de participar en una conspiración para desestabilizar la seguridad del Estado. Ese mismo día, el 31 de enero de 2016, oficiales del SEBIN lo detuvieron y, a día de hoy, sigue esperando juicio.  "Es muy habitual que, desde algún canal de televisión, un alto cargo del gobierno o de la magistratura señale a alguien con el dedo y le acuse de terrorismo sin preservar su derecho a la inocencia y, horas más tarde, esa persona es capturada",  asegura Carolina Jiménez.

Amnistía Internacional también ha denunciado casos de incomunicación y aislamiento y que, a veces, a la persona detenida no se le permite tener contacto con su familia o con su abogado defensor. Y pone de ejemplo a Yon Goicoechea, dirigente estudiantil, que después militó en el partido opositor Voluntad Popular. En 2016, en plena mudanza a su nueva casa de Caracas, fue interceptado por dos hombres y obligado a subir a una camioneta. Su familia no supo de su paradero hasta días más tarde. Fue detenido por llevar explosivos que, supuestamente, serían empleados en una manifestación de la oposición. Meses más tarde, se emitió una orden de excarcelación porque el Ministerio Público no encontró pruebas para acusarle. Sigue arrestado en la sede de SEBIN.

Yon Goicoechea, líder estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, protesta frente a miembros de la Policía Metropolitana (PM), en una imagen de archivo del 14 de junio de 2007. EFE/Eduardo Morales

Con el informe Silencio a la fuerza Amistía Internacional pretende visibilizar los casos de detenciones arbitrarias, aislamiento, torturas y la violación de los derechos humanos que denuncian.  "Venezuela genera muchas noticias -asegura Carolina Jiménez- pero no podemos olvidarnos de los nombres de los detenidos por motivos políticos. Necesitamos la presión internacional".