La Audiencia pide a la Fiscalía otro informe sobre la recusación del juez de la pieza política de los ERE

• El juez, que resultó elegido por sorteo, fue un ex alto cargo de la Junta de Andalucía
• La Fiscalía ya rechazó recusar al juez como solicitaba el PP y Manos Limpias
• La Audiencia de Sevilla le da tres días para que presente un nuevo informe

El juez Pedro Izquierdo.

La Audiencia de Sevilla ha pedido a la Fiscalía un nuevo informe sobre la recusación presentada contra Pedro Izquierdo, ex alto cargo de la Junta de Andalucía y elegido como juez ponente en la pieza política del caso de los ERE, en la que están procesados los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En una providencia notificada este martes, la sección tercera de la Audiencia le pide a la Fiscalía que informe en tres días sobre el incidente de recusación, que presentaron el PP y Manos Limpias.

En marzo pasado, la Fiscalía rechazó recusar al juez, que fue secretario general para la Justicia en Andalucía entre los años 2008 y 2014. También le instó a que examinara si había intervenido en los procedimientos administrativos que se tratarán en el juicio, ya que eso podría "incidir en la decisión" sobre la "idoneidad" del magistrado para conocer del asunto.

En respuesta a la Fiscalía, el juez aseguró que no ha tenido ningún conocimiento "que no fuera el general que pudiera tener el sector de la población interesada en estar informada, por lo que no he podido formar criterio en detrimento de la debida imparcialidad".

En una segunda providencia, los magistrados de la sección tercera le piden a los de la sección primera el auto de transformación en procedimiento abreviado de esta pieza de los ERE, así como los escritos de acusación y el auto de apertura del juicio oral, lo que consideran "esencial" para resolver la recusación.

Elegido tras dos sorteos

El magistrado recusado fue elegido, tras dos sorteos, uno público y otro privado, como ponente de la pieza política de los de los ERE, en la que están procesados 22 ex altos cargos de la Junta de Andalucía junto a Chaves y Griñán.

La recusación se instruirá después de que el juez Izquierdo rechazara dejar el caso y dijera que tiene la "percepción" de que puede "ejercer de forma responsable" sus obligaciones profesionales como presidente de la sala y ponente del caso. Además de estas afirmaciones, el juez aseguró que se ha visto "perturbado el sosiego y tranquilidad" de él y del tribunal.

En su informe, aseguró que cuando fue nombrado alto cargo "ni conocía ni tenía relación de ningún tipo con los encausados o encausadas", y añadió que luego tampoco ha tenido una relación íntima con ninguno de ellos.

También afirmó que no ha participado "nunca en ningún órgano colegiado de gobierno ni preparatorio de las decisiones del mismo", y señaló que las presuntas conductas delictivas que se enjuiciarán se refieren a un sistema de ayudas que comenzó en la década de los años 90 y en el año 2000, mucho antes de que fuera nombrado alto cargo.

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán -presidente entre los años 2009 y 2013- por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.

Para Chaves, que fue presidente durante 19 años, entre 1990 y el 2009, la Fiscalía pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.