La UE y Reino Unido se enzarzan por el pago de la factura de 100.000 millones de euros

• Reino Unido rechaza pagar dicha cantidad para abandonar la Unión Europea
• El FT estima que es el montante que solicitarán los socios comunitarios
• Bruselas dice que la factura no es un castigo sino respeto a los compromisos
• La Comisión Europea presenta el mandato de la posición negociadora de la UE
• El documento no contempla ninguna cifra concreta

El negociador por la UE para el Brexit, Michel Barnier, fotografiado en Bruselas

El ministro británico para el Brexit, David Davis, ha señalado este miércoles que su Gobierno no pagará 100.000 millones de euros para abandonar la Unión Europea, al tiempo que ha subrayado que todavía hay que negociar los términos de la salida del bloque comunitario.

Davis se ha referido así a una información publicada por el diario económico Financial Times en la que indica que la cantidad que la Unión Europea va a reclamar a Reino Unido para permitirle abandonar el club comunitario en el marco del proceso de negociación iniciado por la primera ministra británica es de 100.000 millones de euros, Theresa May.

"No pagaremos 100.000 millones de euros. Tenemos que discutir en detalle qué derechos y obligaciones hay", ha asegurado el ministro Davis, en declaraciones a la cadena de televisión británica ITV.

Davis ha explicado que el Gobierno británico no había visto ninguna cifra por parte de la UE de la factura de su salida.

"No es un castigo ni un impuesto"

Horas más tarde, el negociador de la Comisión Europea (CE) sobre el Brexit, el francés Michel Barnier, ha subrayado que la suma que el Reino Unido deberá pagar por salir de la Unión Europea "no es un castigo ni un impuesto", sino que obedece a la necesidad de que Londres cumpla con los compromisos que ha adquirido.

"Se adoptaron unos compromisos y estos deben cumplirse, es una cuestión de responsabilidad", ha señalado Barnier en una rueda de prensa, en la presentación de la recomendación de la CE para abrir las negociaciones con el Reino Unido, un borrador que necesitará aún el visto bueno de los Estados miembros para ser ratificado.

Barnier ha advertido de que "no respetar las cuentas es una situación que podría explotar", y ha mencionado los "problemas políticos y jurídicos" que podrían derivar de la interrupción de los proyectos y programas en cuya financiación se ha implicado el Reino Unido.

En ese contexto, ha asegurado que los Veintisiete nunca han pretendido "pedir un cheque en blanco al Reino Unido", y ha insistido en que solo es cuestión de que ese país "pague sus cuentas". El mandato, que apunta las claves para pactar con Londres la "metodología" de cálculo a partir de las partidas que deberá cubrir, no ofrece ninguna cifra del monto que podría abarcar, aunque Bruselas estima que la cuenta podría ascender a al menos 60.000 millones de euros.

Esa es una de las razones por las que en el documento de Barnier no aparece ninguna mención a la situación de Gibraltar, pese a que las 'líneas rojas' de los líderes europeos sí recogieron el derecho de España a vetar cualquier entendimiento posterior al Brexit que pueda afectar a la relación de la UE con este territorio.

Derechos de los ciudadanos comunitarios "de por vida"

Por otro lado, también exigirá a Londres que mantenga "de por vida" los derechos de los ciudadanos europeos que hayan residido, residan o vayan a residir en Reino Unido hasta la fecha en que el país abandone el bloque comunitario.

"Nuestro objetivo es claro, esos hombres y mujeres deben de poder seguir viviendo como hasta ahora y durante toda su vida", ha afirmado Barnier.

Barnier ha explicado que la UE reclama estas garantías para "todos" los ciudadanos afectados por la "incertidumbre creada" por Reino Unido con su decisión de abandonar el club comunitario, lo que incluye a los aproximadamente 4,5 millones de ciudadanos europeos y británicos afectados a uno y otro lado del Canal de La Mancha.

Además, ha aclarado que no sólo exigirán que se respeten los derechos de residencia, sino que también reclaman garantías en áreas como la educación, la sanidad y el reconocimiento de titulaciones; derechos todos ellos protegidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE).

"Como negociador, me concentraré en los hechos, las cifras, la ley y las soluciones, no me guiaré por la emoción ni la hostilidad", ha declarado Barnier en una rueda de prensa en la que ha apostado por resolver "con calma y sin dramas" las cuestiones más urgentes para avanzar en el proceso de desconexión.

Negociación en fases

El mandato es el desarrollo técnico de la posición política fijada el pasado sábado por los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a Veintisiete, en la que los derechos de los ciudadanos europeos en suelo británico y la factura que deberá asumir Reino Unido antes de su marcha son las prioridades del bloque, así como evitar una frontera exterior o frontera dura entre Irlanda del Norte e Irlanda..

Los Veintisiete plantean una negociación gradual para no abordar la discusión sobre la forma que deberá tener el marco de las relaciones futuras hasta que no se den "avances sustanciales" en la primera fase, centrada en el estatus de los ciudadanos, el coste del divorcio y aclarar la situación de la frontera en el Ulster.

La propuesta de Barnier es aún un borrador que puede ser modificado en próximas reuniones técnicas a Veintisiete, aunque el objetivo es que la versión definitiva sea adoptada por los ministros europeos de Exteriores en una reunión ordinaria el próximo 22 de mayo.

A partir de entonces, la Unión Europea tendrá el instrumento legal para que Bruselas negocie en su nombre las condiciones del divorcio con Londres, aunque no abrirá las conservaciones hasta después de las elecciones en Reino Unido el 8 de junio.