El Gobierno propone un bono social vinculado a los ingresos al que podrán acogerse familias numerosas y pensionistas

• Se crea una categoría de consumidores vulnerables, con descuento del 40%
• El resto de beneficiarios del bono social verán reducida su factura un 25%
• Deben tener la tarifa regulada (PVPC) y menos de 10 kW de potencia contratada
• El ministro anuncia que todos "van a tener limitado el consumo bonificado"

Una mujer programa una lavadora.

Todas las familias numerosas y aquellas unidades familiares en las que todos los miembros con ingresos sean pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente -siempre que reciban en ambos casos la prestación mínima- podrán acogerse al nuevo bono social eléctrico, lo que les permitirá una rebaja del 25% en la factura. Así lo recoge el borrador de real decreto (ver .PDF) que desarrolla el bono social -basado a partir de ahora en criterios de renta de la unidad familiar- y que el Gobierno ha remitido este miércoles a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para que un consumidor sea considerado vulnerable y pueda acogerse al bono social primero debe tener una potencia contratada inferior a 10 kW y estar acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), la tarifa regulada por el Gobierno. A partir de ahora, además, se tendrá en cuenta el nivel de renta de su unidad familiar referido al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que actualmente es de 532,51 euros al mes y que el Gobierno ha propuesto subir un 1% este año en los Presupuestos Generales del Estado.

En concreto, podrán acogerse al bono social los hogares sin menores a cargo que tengan una renta anual menor o igual a 1,5 veces el Iprem, aquellos con un menor a cargo que tengan una renta anual menor o igual a dos veces el Iprem y aquellos con dos menores a cargo que tengan una renta anual menor o igual a 2,5 veces el Iprem.

Estos umbrales de renta se verán incrementados en 0,5 veces el Iprem para las víctimas de violencia de género, víctimas del terrorismo y para aquellos hogares con algún miembro con una discapacidad superior al 33%.

Se crean nuevas categorías de consumidores vulnerables

Además, se crea una nueva categoría, los consumidores vulnerables severos -para aquellos hogares con rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos para los consumidores vulnerables- que tendrán una mayor protección y se beneficiarán de un descuento del 40% de su factura eléctrica.

Asimismo, las familias numerosas o los hogares donde todos sus miembros que tengan ingresos sean pensionistas de la Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo la cuantía mínima en ambos casos, serán considerados vulnerables severos si su renta es inferior a dos veces el Iprem o una vez el Iprem, respectivamente.

En el caso de los consumidores vulnerables y vulnerables severos se amplía de dos a cuatro meses el plazo para que, en caso de impago, una comercializadora pueda proceder a la suspensión del suministro.

Por último, se crea también la categoría de consumidores en riesgo de exclusión social, que serán aquellos consumidores vulnerables severos que, por sus especiales circunstancias, estén siendo atendidos por los servicios sociales de ayuntamientos o comunidades autónomas. Estos consumidores serán considerados esenciales y no se les podrá suspender el suministro eléctrico.

También se refuerzan las obligaciones de información para los consumidores. Así, en caso de impago y con carácter adicional a los dos requerimientos fehacientes de pago que se venían exigiendo hasta el momento a las comercializadoras, éstas deberán además informar al consumidor en el momento de producirse el impago y nuevamente 15 días antes de proceder al corte de suministro.

No se puede acoger al bono social quien esté en el mercado libre

Las administraciones competentes en materia de política social tendrán además un listado actualizado de las suspensiones previstas del suministro eléctrico, para que puedan identificar los casos en riesgo de exclusión que puedan verse afectados y tomar así las acciones necesarias para proteger a estos consumidores y evitar cortes indeseados.

Adicionalmente, todas las comercializadoras deberán comunicar a sus clientes la posibilidad de acogerse al PVPC y por tanto de poder solicitar el bono social si cumplen con las condiciones establecidas. Además, el cambio se realizará sin ninguna penalización o coste adicional.

Asimismo, las comercializadoras deberán advertir a los consumidores acogidos al bono social que vayan a suscribir un contrato en el mercado libre sobre la pérdida del derecho a percibir dicho bono social.

El consumo bonificado, limitado

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha asegurado en el caso de las familias numerosas que "no se van a financiar lujos". "No se va a poner el bono social para calentar la piscina climatizada, por poner un ejemplo un tanto absurdo. El bono social es para niveles de consumo habituales en una familia con ese número de miembros", ha dicho Nadal en declaraciones a los periodistas en el Congreso, en las que ha recalcado que todos los consumidores "van a tener limitado el consumo bonificado".

En concreto, el límite de energía en cada periodo de facturación sobre la que se aplicará el descuento en el término de facturación de energía del PVPC del consumidor acogido al bono social será de 1.200 kWh/año y hogar para aquellas unidades familiares sin menores. Ese nivel subirá a los 1.680 kWh/año y hogar para los que tengan un menor y a los 2.040 para los que tengan dos menores. Para las familias numerosas será de 3.600 kWh/año y hogar, en tanto para las unidades cuyos ingresos dependan de pensionistas que perciban la cuantía mínima será de 1.680 kWh.

El coste será de unos 235 millones al año

El nuevo modelo de bono social costará entre 230 y 235 millones de euros al año, frente a los 180-200 millones que cuesta ahora, ha avanzado el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. Según el nuevo mecanismo de financiación del bono social, aprobado mediante real decreto-ley el pasado 31 de enero, esta ayuda debe ser costeada por todas las comercializadoras eléctricas y no solo por las que desarrollan también actividades de generación y distribución, como ocurría hasta ese momento.

El real decreto que desarrolla la normativa sobre el bono social, que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y será enviado al Consejo de Estado. Navia espera que la ley este aprobada previsiblemente en junio. Después se abrirá un periodo transitorio de seis meses para adaptar la nueva legislación.