Ignacio González pide salir de la cárcel y asegura que no se fugará porque su hija se va a casar

• El expresidente de la Comunidad de Madrid ha recurrido su ingreso en prisión
• Afirma también que el embargo de sus bienes imposibilita que pueda escapar
• Su mano derecha en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, alega arraigo familiar

Ignacio González, trasladado para declarar ante el juez el día en que fue detenido en la Operación Lezo.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha apelado directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la prisión preventiva que cumple desde el pasado 21 de abril por su implicación en la Operación Lezo alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse.

Afirma, entre otras razones, que huir de la justicia sería "materialmente imposible" porque tiene sus bienes embargados y carece de medios económicos, además de tener un "arraigo notorio" en España donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales "va a celebrar su boda en pocos meses".

Así se señala en el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la defensa de González alude además a la debilidad de las pruebas de que dispone el instructor del caso, Eloy Velasco, para justificar una medida tan gravosa como es su prisión incondicional.

En relación con su situación familiar, González alega igualmente ante la Sala de lo Penal que una de sus hijas es estudiante, de 18 años, que su padre tiene más de 90 años y no existe ningún indicio de que "desee romper su relación familiar", a lo que hay que añadir que tanto su mujer como su padre, su hermano y su cuñado se encuentren igualmente investigados en la causa resultante de la Operación Lezo.

Rechaza una prisión incondicional que considera "ejemplarizante"

"Huir es impensable", según la defensa del exmandatario madrileño, porque ello daría lugar al abandono de sus hijas "en una situación en la que es necesario un apoyo mutuo y del entorno familiar y de amistades para la tranquilidad y el sosiego que en estos momentos necesita", además de para poder ejercer su derecho de defensa. La "notoriedad pública" de González, añade el escrito, hace igualmente impensable la posibilidad de huida.

Considera además la defensa de González que la prisión puede entenderse como una "medida punitiva anticipada y en cierto modo ejemplarizante y de castigo" debido a la alarma social generada "en relación con las causas que etiquetan socialmente como vinculadas con la corrupción", algo que para el letrado "resulta inadmisible en nuestro ordenamiento jurídico constitucional".

Tanto González como su hombre fuerte en Latinoamérica, el expresidente de Inassa Edmundo Rodríguez Sobrino -igualmente en prisión sin fianza- ya han recurrido directamente en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional esta medida cautelar, eludiendo de esta forma el trámite del recurso de reforma ante el instructor del caso, que consideran perdido de antemano.

El recurso presentado por el abogado de Rodríguez Sobrino, además de concluir que no se puede considerar al exdirectivo responsable criminal de los negocios de Inassa en varios países latinoamericanos, argumenta la falta de motivación del auto y de indicios racionales de criminalidad suficientes que justifiquen la prisión incondicional.  Incide igualmente en que no hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas, así como en el arraigo familiar del investigado.

El abogado de Rodríguez Sobrino pide a la Sala que, en todo caso, y con carácter subsidiario, imponga una medida "menos gravosa e igual de efectiva" como una fianza, aplicada a otros imputados en la causa, o la obligación de comparecer ante el juzgado.