Los fiscales del caso Lezo apuntan a que el número dos de Interior avisó a González y Anticorrupción lo niega

• En su informe aluden a una investigación "chivada" del número dos de Interior
• Nieto exige a los fiscales que aclaren si le acusan de algo o que lo desmientan
• Afirman que los acusados usaron contactos para "entorpecer" el procedimiento
• Zoido respalda a su 'número dos' y pide rigor antes de lanzar "hipótesis"

Los fiscales de Lezo apuntan a que el número dos de Interior avisó a González de la investigación

Los fiscales de la Operación Lezo se oponen a la excarcelación del expresidente madrileño Ignacio González, en un escrito donde aluden a una "presunta investigación 'chivada'" del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. El fiscal sostiene también que Ignacio González recurrió a personas con "influencias" en las carreras judicial y fiscal, o incluso de la Policía, "para lograr impunidad en sus acciones".

Sin embargo, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción han subrayado que el escrito "en modo alguno quiere imputar ningún delito" al secretario de Estado de Seguridad sobre un presunto "chivatazo" al expresidente madrileño. En concreto, dichas fuentes han precisado que una de las fiscales del caso, Carmen García Cerdá, ha señalado que esa frase en ningún caso quiere imputar delito alguno a Nieto.

Otras fuentes de Anticorrupción han añadido a Efe que se trata de "conjeturas", como demuestra el hecho de que no haya ninguna investigación abierta por el presunto "chivatazo".

En su informe, que no se ha hecho público al completo debido al secreto sumarial, los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, han mencionado la reunión que Nieto tuvo con el hermano de González, Pablo, también detenido en el caso y que se encuentra en prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros.

El párrafo del escrito firmado por los fiscales del caso dice textualmente: "El día 6 de marzo del 2017, en el despacho de Ignacio González sito en la C/ Alcalá 89 de Madrid, se grabó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del Secretario de Estado de Seguridad (..)", refiriéndose a José Antonio Nieto, quien admitió una reunión con Pablo González dos días después de la reunión de los hermanos.

Los fiscales han recordado que el propio juez Eloy Velasco valoró ya en el auto de prisión "la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad, por lo que ello puede implicar", dado que se celebró dos días después de una reunión de los hermanos González.

El texto relata cómo antes de esa reunión Pablo González contactó con sus hermanos y en una de esas llamadas, al hablar de Ignacio, dice: "Le habían avisado de que tenía pinchados los teléfonos...Vamos, vamos se quedó un poco preocupado".

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. EFE

Nieto exige una aclaración

A todo esto, el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha pedido a los fiscales al frente de la Operación Lezo que aclaren si le imputan algún delito al relacionarle "con una investigación chivada" o, en caso contrario, emitan una nota aclaratoria matizando o desmintiendo este extremo.

En un escrito, remitido este martes por la tarde a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Nieto exige saber "los cargos que se le imputan y sobre la base de qué hechos objetivos".

En caso contrario, el 'número dos' de Interior solicita a Anticorrupción que emita una nota aclaratoria que palie "el daño provocado a la Secretaría de Estado de Seguridad y a su titular".

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado confiar en su "número dos", si bien aún no había leído el escrito de los fiscales al hacer estas declaraciones en los pasillos del Senado

Contactos para "entorpecer" la investigación

Al margen de esta cuestión, el escrito con el que los fiscales niegan la salida de la cárcel del expresidente de la Comunidad de Madrid añade que el propio González admitió que contactó "con algún alto cargo de la Policía Nacional para saber "cómo estaban algunas cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase" y también reconoció que recurrió algún miembro del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o de la Policía "para conocer el estado de sus casos, aunque manifestó no recordar con quién".

"Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones", destacan los fiscales.

De hecho aseguran que ha sido "una constante" en esta investigación que González, "junto con otros investigados, se han valido de sus relaciones personales en distintos sectores para tratar de entorpecer o dilapidar el procedimiento".

"Para ejecutar esta acción de entorpecimiento de la investigación" González y su hombre de confianza en Latinoamérica, Edmundo Rodríguez, recurrieron "a personas perteneciente al ente público Canal de Isabel II, a la del Cuerpo Nacional de Policía y a personas vinculadas a la política y el Poder Judicial".

La Fiscalía habla asimismo de "un pacto delictivo" entre los investigados, cuyo "principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de 'componendas ilícitas pagadas con dinero público'".

González tenía un nivel de vida "incompatible" con sus ingresos

Sobre el desvío de fondos, la investigación tiene ya acreditado que González "disfrutaba de un nivel de vida incompatible con sus fuentes de renta" y en cuanto al arraigo familiar invocado para obtener su excarcelación, la Fiscalía apunta a que la "mayor parte de los miembros de la familia" "presuntamente han intervenido en las actividades investigadas".

La Fiscalía considera además que el que sea una persona de notoriedad pública tampoco anula el riesgo de fuga, ya que "la realidad judicial de España" ha demostrado que en otros casos en que eso parecía "impensable" la huida finalmente se produjo.

"Tejemanejes" de Edmundo Rodríguez en la filial del Canal

En otro informe, los fiscales también se oponen a la puesta en libertad de Edmundo Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II. Principalmente porque el "ingente dinero público desviado permanece oculto", afirma el fiscal, que hace hincapié en el "uso indiscriminado" que se hizo de la empresa pública que presidió Rodríguez de 2003 a 2016.

Inassa fue gestionada, según el fiscal, "como si de una empresa privada se tratase", hasta tal punto que el propio Rodríguez manifestó al juez que "era privada y así se gestionó", aunque luego reconoció que quien ponía el dinero para sus ampliaciones de capital e inversiones era Canal Extensia, empresa pública, y que el dinero comprometido también lo era.

"Estos tejemanejes, alejados del control de los órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid, y sin contar con las autorizaciones legalmente previstas, le han granjeado indiciariamente elevadas ganancias ilícitas", lo que explicaría sus inversiones inmobiliarias en Colombia, República Dominicana y Londres.

La investigación también apunta a que los imputados pudieron pagar comisiones a funcionarios en Panamá, Colombia o República Dominicana a cambio de adjudicaciones, "negocios que presuntamente siguen a día de hoy reportando ingentes beneficios fraudulentos" a Rodríguez.

"Una de las operaciones más groseras" de Rodríguez, destaca el informe, fue la adquisición de la empresa brasileña Emissao con un sobreprecio de 20 millones de euros de capital público de la Comunidad de Madrid que se desvió y que le generaron unas ganancias que depositó en cuentas de Suiza.