El juez y los fiscales del caso Lezo carecen de pruebas que confirmen chivatazos a Ignacio González

• El fiscal Moix asegura que el número dos de Interior "no tiene nada que ver"
• Los fiscales citaban una "investigación chivada" del secretario de Estado Nieto

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, compareció en el Congreso el 28 de abril para explicar su reunión con el hermano de Ignacio González.

El juez Eloy Velasco y los fiscales del caso Lezo carecen por el momento de pruebas que acrediten los indicios de chivatazos al expresidente madrileño Ignacio González, lo que les impide impulsar una investigación específica para identificar a sus autores.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, los únicos indicios de los que disponen son una conversación en la que se habla de "una magistrada de la casa" que le alertó de las pesquisas sobre González y la reunión que el número 2 de Interior, José Antonio Nieto, mantuvo con Pablo González, hermano del expresidente madrileño que se encuentra también en prisión.

Sin embargo, no existe ninguna grabación, correo electrónico o intervención telefónica que acredite que en esa reunión, o previamente, Nieto informara a González de la existencia de la investigación que dio lugar a la Operación Lezo, como tampoco hay prueba alguna sobre la identidad de esa magistrada.

Los únicos que podrían arrojar luz sobre esas sospechas son el presidente del diario La Razón, Mauricio Casals, que fue quien se refirió en esa conversación a dicha magistrada y que en su declaración ante Velasco no desveló su identidad, y Pablo González, quien en su comparecencia ante el juez se acogió a su derecho a no declarar. Nieto, por su parte, ha admitido que se reunió con él pero ha subrayado que en ningún momento se abordó la investigación a su hermano.

Esa ausencia de pruebas fehacientes hace por el momento difícil ahondar más allá en los indicios como sí se pudo hacer en el caso del soplo que le dio al exconsejero madrileño Francisco Granados, poco antes de su detención en Púnica en 2014, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, alertándole de que la UCO estaba investigando los negocios de su socio David Marjaliza.

"Presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad"

En el informe en el que la Fiscalía Anticorrupción se oponía a la puesta en libertad de González, que se hizo público el martes, los fiscales del caso aludían a la "presunta investigación 'chivada' del secretario de Estado de Seguridad", en alusión a José Antonio Nieto.

Preguntado por los periodistas sobre si el número dos de Interior podría resultar imputado en el caso, el fiscal jefe Anticorrupción ha declarado: "El señor Nieto no tiene nada que ver con el tema" y se ha remitido al comunicado de la Fiscalía General del Estado, en el que una de las fiscales del caso Lezo, Carmen García Cerdá, ha señalado que Anticorrupción no quería imputar "en modo alguno" ningún delito a José Antonio Nieto, al mencionarle en ese escrito con la "presunta investigación chivada" al expresidente de la Comunidad de Madrid.

El párrafo del escrito firmado por los fiscales del caso, Carlos Yáñez y Carmen García Cerdá, dice textualmente lo siguiente: "El día 6 de marzo del 2017, en el despacho de Ignacio González sito en la C/ Alcalá 89 de Madrid, se grabó una conversación mantenida entre las 19:37 horas y las 20:03 horas por los tres hermanos González, que evidenció el interés de todos ellos por conocer quien estaba al frente del Cuerpo Nacional de Policía vinculado a los problemas de Ignacio González por la presunta investigación 'chivada' del Secretario de Estado de Seguridad. El auto recurrido valora la gravedad de la comunicación con el secretario de Estado de Seguridad por lo que ello puede implicar".

El escrito que ha sido facilitado a la prensa -y del que se han eliminado 38 páginas aludiendo al secreto de las actuaciones-, señala que en una de las conversaciones de los hermanos González intervenidas durante la investigación, el 6 de marzo de este año, se "evidenció el interés de todos ellos por conocer quién estaba al frente" de la Policía Nacional.

El pasado 28 de abril el secretario de Estado confirmó en el Congreso que recibió en su despacho a Pablo González, directivo de Mercasa y hermano de Ignacio González, el presunto cabecilla de la trama corrupta. En dicho encuentro, según su versión, no se habló de ninguna investigación y menos de la Operación Lezo, que no conoció hasta que estalló el 19 de marzo.

PSOE, Podemos, IU y el Canal de Isabel II podrán acusar en el caso Lezo

El juez Eloy Velasco ha admitido al Canal de Isabel II como acusación particular en el caso Lezo, mientras que la acusación popular la ejercerán siete entidades, entre ellas PSOE, Podemos o IU.

Así, las acusaciones populares serán siete: la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), personada ya en el caso Gürtel o Púnica; Podemos, que ya está personada en el caso Pujol, y PSOE e IU, que entre otras causas ejercen la acusación en los casos Gürtel y los papeles de Bárcenas, respectivamente.

También ha sido admitida la personación como acusación popular de la Organización de Discapacitados, la asociación por la Transparencia y los Derechos Humanos (APTDH) y la Asociación Transparencia y Justicia, que respalda el excomisario José Manuel Villarejo.

Sin embargo, todas ellas deberán ejercer la acusación popular "bajo una misma representación y defensa" que deberá asumir ADADE teniendo en cuenta que fue la primera asociación en pedir la personación