Un juzgado investiga a la delegada de gobierno de Madrid y a Pablo González por delito societario

• Se investigan acuerdos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid en 2013
• Dancausa: "No existe ninguna irregularidad, no ya penal, sino tampoco civil"
• El Ayuntamiento de Madrid denuncia un daño patrimonial de 11 millones

Un juzgado abre diligencias contra Dancausa y otras 15 personas por presunto delito societario

Un Juzgado ha incoado diligencias previas por presunto delito societario contra 16 exmiembros del Consejo de Administración de Mercamadrid, entre ellos la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, y Pablo González, hermano del expresidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González.

Se trata de un auto del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que les da traslado de la denuncia formulada contra ellos por la Fiscalía y les advierte de que figuran como investigados (antes imputados), y que además ofrece acciones a los posibles perjudicados de Mercamadrid, informa el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Las diligencias se abren respecto a Concepción Dancausa, Pablo González -hermano de Ignacio González, en prisión provisional por otra causa de corrupción, el caso Lezo-, José Manuel Torrecilla Jiménez, María Jesús Prieto Jiménez, María Dolores Flores Cerdán, Manuel Beltrán Pedreira, José Antonio Crespo Albelda, Pablo del Amo Serrano, Silvia Llerena Muñoz.

Además, Marta Fernández-Pirla Martínez, José Enrique Núñez Guijarro, José Ignacio Ortega Chacón, Manuel Troitiño Pelaz, Fernando Gomar Sánchez, Juan María López Álvarez y José Domingo Rodríguez Losasa, todos los cuales integraban en 2013 el Consejo de Administración de la empresa pública Mercamadrid.

Daño patrimonial de 11 millones, según el Ayuntamiento

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó el pasado 25 de abril una denuncia contra los integrantes del Consejo de Administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos Dancausa, en aquel entonces concejala de la exalcaldesa Ana Botella.

Fue el gobierno municipal del Ayuntamiento de Madid quien llevó a la Fiscalía en enero de 2016 un informe que hablaba de "mala gestión" y presuntas "prácticas irregulares" encontradas en esta sociedad mixta con participación mayoritaria del Ayuntamiento

La denuncia pedía que se tomara declaración en calidad de investigados a estas personas por los acuerdos de transacción y contratos de arrendamiento suscritos por Mercamadrid con la empresa Merca Ocio 22 S.L.

Mercamadrid asumió el pago del alquiler de unas naves a Merca Ocio durante 20 años para evitar un litigio judicial por impago, un acuerdo que habría supuesto un "importante perjuicio patrimonial" para la primera, "a la vez que un enriquecimiento ilícito para Mercaocio", al firmar la empresa pública un acuerdo extrajudicial "lesivo" que le costó 623.000 euros al año. En total, el gobierno de Carmena calcula que el daño patrimonial para Mercamadrid "puede superar los 11 millones" de euros.

Dancausa defiende que actuó según los informes

Tras conocerse su imputación, Concepción Dancausa ha dicho estar "absolutamente tranquila" ante la investigación de la que es objeto, ya que afirma que las decisiones que están en cuestión se adoptaron de acuerdo a informes.

"Me acabo de enterar", ha dicho la delegada del Ejecutivo en Madrid, que ha conocido la decisión judicial en un acto con la Policía, y ha dicho no haber recibido aún ninguna notificación. En cualquier caso, ha afirmado que "entra dentro de la normalidad que un juez quiera investigar la denuncia de un fiscal".

Además, la delegada del Gobierno ha emitido un comunicado en el que señala que el juzgado no le imputa todavía ningún delito y que "lo único" que ha hecho es "admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid", por lo que todavía no se la está imputando ningún delito.

Dancausa también considera "lamentable" que "tras dieciséis meses de supuesta investigación a raíz de una denuncia instigada por Podemos, la Fiscalía no haya hecho las mínimas comprobaciones que le habría permitido ver que aquí no existe ninguna irregularidad, no ya penal, sino tampoco civil".

Ha añadido que este miércoles mismo había presentado "un escrito de alegaciones al que se adjunta toda la documentación que demuestra que la denuncia es infundada, porque, sorprendentemente, omite hechos esenciales".

La delegada explica, respecto a la operación de 2013 que se investiga, que "Mercamadrid arrendó los locales a Merca Ocio porque era la mejor manera de poner fin a un litigio de resultado incierto, de recuperar unos cánones impagados, y, sobre todo, porque Mercasa se comprometió a subarrendar esas mismas naves por el mismo precio, por lo que la operación era beneficiosa para Mercamadrid".

"La decisión se adoptó siguiendo el procedimiento establecido y con todos los informes favorables", ha continuado la delegada, quien ha concluido que "tan pronto como la denuncia se archive", analizará "el ejercicio de todas las acciones legales que me asisten en Derecho para resarcirme del daño reputacional y moral que este denuncia pueda causarme".

El origen de la denuncia

En su denuncia la Fiscalía recuerda que en 2001 la empresa Mercamadrid convocó un concurso para la adjudicación de dos derechos sobre una superficie de 14.100 metros cuadrados con idénticos objetivos: la construcción y explotación de un hotel y de instalaciones para servicios de restauración.

En ambos casos la empresa adjudicataria resultó ser la sociedad Konin 22. Mercamadrid estableció a la empresa la obligación de abonar en concepto de canon dos cantidades que superaban los 135.000 euros anuales. En 2003, no obstante, Konin 22 cedió los dos derechos de superficie a la entidad Merca Ocio Hoteles 22, que se subrogó en la posición de la primera.

Merca Ocio Hoteles 22 comenzó a explotar el negocio pero en marzo 2010 dejó de abonar los importes correspondientes al canon de derecho de superficie. Ello motivó que Mercamadrid emprendiera acciones judiciales contra la empresa, reclamando el dinero adeudado.

Demandas cruzadas entre Mercamadrid y Merca Ocio

Merca Ocio, por su parte, formuló una demanda reconvencional en la que reclamaba la resolución de los contratos y escrituras por los que se adjudicó el derecho de superficie relativo sólo a la construcción y explotación de los servicios de restauración. Al mismo tiempo solicitaba a Mercamadrid una indemnización por daños y perjuicios de ocho millones de euros euros, al aducir la imposibilidad de explotar el negocio de restauración.

Mercamadrid se opuso a la reclamación aportando incluso pruebas de que la empresa había realizado eventos y actividades en la superficie por los cuales se negaba a pagar.

Pese a ello, el 16 de octubre de 2013 se reunió el Consejo de Administración de Mercamadrid, que adoptó por unanimidad un acuerdo para poner fin de forma extrajudicial al litigio. El acuerdo, que contaba con un informe jurídico elaborado por uno de los denunciados, otorgaba viabilidad a la demanda presentada por Merca Ocio y preveía que la cúpula de Mercamadrid pudiera negociarlo.

El acuerdo, que daba estos poderes al director general de Mercamadrid, José Manuel Torrecilla, fue suscrito un mes más tarde por la vicepresidenta segunda, María Dolores Flores, tras la dimisión de Torrecilla, con dos acuerdos de transacción que pusieron fin a la vía judicial.

Enriquecimiento ilícito

Para la Fiscalía, el "enriquecimiento ilícito" de Merca Ocio obedece a que Mercamadrid dejó de ingresar casi 700.000 euros por los cánones impagados, al tiempo que la empresa pública asumió la obligación de pagar a una cantidad compensatoria de 623.000 euros hasta el año 2032.

Hasta octubre de 2016 Merca Ocio recibió 2,25 millones de euros "para obtener el uso de dos salas -de su propiedad- que no destina a actividad alguna y que, por tanto, no le proporcionan beneficio alguno".

También recuerda la Fiscalía que el acuerdo no resultaba "equitativo" para ambas partes, ya que Merca Ocio no realizó ninguna concesión puesto que tan sólo se limitó a reconocer la existencia de una deuda "perfectamente contrastada" y a su compensación con rentas futuras.

Incluso subraya que, en contra de lo que afirmaba el informe técnico, la reclamación a Mercamadrid de ocho millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios no era "viable".

Por último, la denuncia recoge un informe del Ayuntamiento de Madrid donde se pone de manifiesto que el precio pactado por el arrendamiento de las dos salas era un 81% superior al precio de mercado y deja bien claro que en el "momento actual" no consta "si se ha efectuado la compensación de rentas con cantidades adecuadas convenida, ni si Mercaocio ha abonado con posterioridad a octubre de 2013 los cánones correspondientes a los derechos de superficie construidos".