La Audiencia Nacional investiga a Iberdrola por alterar el precio de la luz

• Registran las sedes de Madrid y Bilbao tras la denuncia de Anticorrupción
• Se investiga un presunto delito de "alza artificial" del precio de la luz en 2013
• La CNMV ya multó a la eléctrica con 25 millones de euros por estos hechos

La Audiencia Nacional investiga a Iberdrola por alterar el precio de la luz en 2013

El juez de Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Iberdrola por un delito relativo al mercado y los consumidores que habría sido cometido presuntamente por los responsables que adoptaron las decisiones que llevaron al alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.

En el marco de esta investigación, el miércoles se practicaron entradas y registros en la sede de Iberdrola de Madrid y de Bilbao para requerir información sobre los hechos. La Fiscalía Anticorrupción denunció a Iberdrola por urdir un plan que elevó el precio de la luz y le proporcionó un "lucro ilícito de 20 millones" durante el invierno de 2013 coincidiendo con una ola de frío.

La investigación se refiere a un presunto delito presuntamente cometido por los directivos o empleados de la empresa que adoptaron las decisiones que llevaron al "alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013".

Fue precisamente en diciembre de 2013 cuando el Gobierno se vio obligado a suspender el sistema de fijación de precios trimestral de la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) y crear el actual Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

Iberdrola niega que su filial Iberdrola Generación España haya realizado una "manipulación fraudulenta" del mercado mayorista de la electricidad, niega haberse beneficiado de su supuesta actuación y asegura que ha prestado toda su colaboración al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los registros.

Primera investigación penal a una compañía eléctrica

El fiscal Antonio Romeral ha sido el encargado de investigar el caso que por primera vez da lugar a la investigación judicial de la actuación de las compañías eléctricas. El ministerio público sostiene que Iberdrola alteró el funcionamiento del mercado para aumentar los precios por encima "del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda".

La compañía ya fue multada con 25 millones de euros en 2015 por Competencia en relación con estos hechos, multa que suspendió cautelarmente la Audiencia Nacional en marzo de 2016, que ahora abre esta actuación penal.

La sanción a Iberdrola Generación está relacionada con una actuación dirigida a elevar el precio de las ofertas en las centrales hidráulicas del Duero, el Sil y el Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, justo antes de que la tarifa eléctrica se disparara.

En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista. Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26%, lo que hubiera subido la tarifa un 10%.

Ante esta situación, la CNMC advirtió de situaciones atípicas, aunque no manipulación, lo que derivó en la suspensión de la subasta y, en última instancia, la sustitución del sistema de tarifa de último recurso por el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC).

Fuentes de la compañía defienden que Iberdrola Generación "actuó siempre como un gestor prudente y razonable de las centrales hidroeléctricas investigadas", lo que, según la empresa, "ha probado mediante la presentación de informes de expertos cualificados independientes".

Iberdrola negó en su día "rotundamente" haber manipulado los precios ofertados en el mercado mayorista por sus instalaciones de generación eléctrica. Y ahora critica que Competencia calificó "de manera incorrecta y sesgada" lo ocurrido "a través de una serie de inconsistentes juicios de intenciones" y que el expediente sancionador es "incoherente" con otras decisiones previas.