El Congreso tramitará derogar las penas de cárcel para los piquetes que coaccionen en las huelgas

• El Código Penal contempla en su redacción actual penas de hasta tres años
• El pleno aprueba tramitar la propuesta de Unidos Podemos para su derogación
• Incluye sobreseer las causas abiertas y revisar las condenas ya impuestas
• El PP ha votado en contra junto a Foro Asturias y Ciudadanos se ha abstenido

Manifestación a favor de los sindicalistas de Airbus juzgados por la huelga general de 2010

El Congreso de los Diputados tramitará una proposición de Ley de Unidos Podemos y sus confluencias para derogar el artículo del Código Penal que contempla penas de hasta tres años de cárcel para aquellos piquetes que coaccionen a los trabajadores para secundar una huelga. La iniciativa también contempla el sobreseimiento de las causas abiertas y revisar las condenas impuestas en los últimos años a sindicalistas en aplicación de este tipo penal.

El pleno de la Cámara Baja ha aprobado la toma en consideración de esta propuesta con 176 votos a favor -PSOE, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu, entre otros-, la abstención de los 32 diputados de Ciudadanos y 134 votos en contra del Partido Popular y Foro Asturias, entre otros, según informa Efe.

El artículo 315.3 que Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea plantea derogar establece en su redacción actual penas de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o multa de 18 a 24 meses para "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".

En la exposición de motivos, este grupo parlamentario argumenta que el delito de coacciones ya está tipificado y que el "tipo penal agravado de coacciones en caso del ejercicio del derecho de huelga no solo no es necesario, sino que es contrario a los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical".

Una idea que ha sido defendida en los últimos años por los sindicatos, que han pedido su derogación. De hecho, esta mañana el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han registrado en el Congreso una reforma del Código Penal para "despenalizar el derecho de huelga" y abolir el artículo 315.3.

La proposición de Ley de Unidos Podemos plantea que el artículo 315 castigue con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses a aquellos que "mediante engaño y abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de libertad sindical o el derecho de huelga" con penas superiores en grado. También plantea que si estas conductas se llevan a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impongan penas superiores.

Anulación de las sentencias condenatorias

La iniciativa de Unidos Podemos también insta al sobreseimiento de las causas cuando la ley esté en vigor y que los procedimientos que hubieran recaído en sentencia condenatoria se revisen en el plazo máximo de 15 días para anularse la condena y que en el caso de que hubiera comenzado se cancele y se indemnice por el tiempo que hubiere estado en prisión.

El texto afirma que actualmente existen "cerca de 90 expedientes abiertos" que afectan de forma directa a 300 sindicalistas con peticiones de penas de prisión por parte de la Fiscalía "de cerca de 90 años".

El diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha dicho que la negociación colectiva y el derecho a huelga son las herramientas "más potentes" de los trabajadores para defender sus derechos y la diputada Aian Vidal ha subrayado que se criminaliza el derecho a la huelga.

El PSOE considera "torticero" el artículo del Código Penal

El portavoz de Empleo del PSOE, Rafael Simancas, ha considerado "torticero" el artículo y ha afirmado que pedirán también modificar el artículo 172 del Código Penal para distinguir las coacciones cuando proceden de un derecho fundamental. "Hay que defender los piquetes informativos que no son comandos violentos", ha puntualizado.

El diputado de Ciudadanos, Javier Cano, ha argumentado su abstención en que no pueden aceptar indemnizaciones por sentencias ya firmes, y Mikel Legarda, del PNV, ha pedido la comparecencia de expertos.

El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha recordado que el PSOE fue quien instauró esta reforma del Código Penal y la diputada del PP Silvia Valmaña ha asegurado que el artículo 315.3 protege el derecho a la huelga.

La modificación o derogación de este artículo ha sido planteada antes por varios grupos de la oposición. De hecho, según recuerda Europa Press, el PSOE y Ciudadanos acordaron la derogación del mismo en el pacto posterior a las elecciones del 20 de diciembre de 2015 que terminó con la investidura fallida de Pedro Sánchez.