Dimite un viceconsejero del gobierno de Madrid imputado por la trama Púnica

• El juez imputa a Miguel Ángel Ruiz, viceconsejero de Medio Ambiente
• Ordena siete registros por la gestión de la empresa pública Arpegio
• Entre ellos, el despacho del miembro del gobierno de Cristina Cifuentes

El exconsejero de Arpegio y viceconsejero de Medio Ambiente Miguel Ángel Ruiz.

El viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Ruiz, citado este martes como investigado por el juez del caso Púnica, Eloy Velasco, ha presentado su dimisión, según fuentes del Gobierno madrileño.

La dimisión de este miembro del gobierno autonómico 'popular' de Cristina Cifuentes se ha sucedido después de que el juez ordenara siete registros, entre ellos el del despacho de Miguel Ángel Ruiz, por su actividad cuando estaba en Arpegio, empresa pública cuya sede también está siendo registrada, y de que le citara como imputado el 12 de julio junto a otras once personas dentro de la pieza que investiga a dicha empresa.

Según las fuentes del Ejecutivo madrileño, tras recibir el auto en el que se le cita como investigado, Ruiz ha presentado esta mañana su dimisión a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, tanto de su cargo como viceconsejero como de secretario de Territorial del PP de Madrid, en aplicación del código ético de altos cargos de la Comunidad de Madrid, así como el del PP de Madrid.

Desde el gobierno de Cifuentes se subraya que los hechos por los que se investiga a Ruiz datan de la etapa en la fue consejero delegado de Arpegio, entre 2008 y 2010, época en la que era presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre.

Registros por la gestión de la Fundación Arpegio

Este martes, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han practicado siete registros en el marco de la pieza de la trama Púnica en la que se investigan presuntas irregularidades detectadas en la gestión del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados y sus colaboradores con las empresas públicas Prisma, Arpegio y Fundación Arpegio 2.

Según informan fuentes jurídicas, se han llevado a cabo registros en despachos de abogados y también en la sede de la Fundación Arpegio.

Los agentes buscan información sobre los fondos del Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid (Prisma) ante la sospecha de que los empresarios pagaron comisiones a cambio de recibir contratos.

En lo que respecta al hasta hoy viceconsejero, el juez ha ordenado el registro para obtener información relacionada con su etapa en la que ejerció como consejero delegado de Arpegio.

Supuesto pago de comisiones por obras

El juez de la Audiencia Nacional ya pidió a la Comunidad de Madrid que le entregara los convenios suscritos con Arpegio para que gestionara los fondos públicos del plan Prisma, ante la sospecha de que promotores pagaron comisiones por estos contratos al amparo de Francisco Granados.

Reclamó en concreto los convenios firmados con Arpegio entre 2006 y 2011 en los que se otorgaba a la empresa pública la gestión y adjudicación de las obras financiadas con Prisma, al sospechar que dichas operaciones fueron planeadas por Granados como un sistema para obtener beneficios ilícitos. El exsocio de Granados David Marjaliza había revelado el pago de comisiones por contratistas y promotores para acceder a las obras de los 22 consorcios urbanísticos de Arpegio y los dos planes Prisma de la Comunidad de Madrid sobre los que ahora se centra la investigación.

El juez quería conocer los convenios autorizados por el Consejo de Gobierno y suscritos por el consejero de Presidencia relativos a ese plan de financiación de obras con dinero público, y también de acuerdos en los que designó al vocal que representaba a la Comunidad en la mesa de contratación de varias de esas obras.

Hace seis meses, el viceconsejero de Medio Ambiente justificó ante la comisión parlamentaria que investigó estos hechos la factura de 16 millones para promocionar la empresa pública dedicada a la gestión del suelo y del Plan Prisma a costa del que se pagaron 3,3 millones de euros en primeras piedras.

Aseguró que por lo que pudo observar como presidente de la mesa de contratación de Prisma, desde diciembre de 2008 hasta marzo 2011, "los procedimientos se hicieron de forma transparente" y aseguró desconocer si se habían producido mordidas.