El juez impone a Francisco Granados una fianza de 400.000 euros
- Tras los últimos registros cambia la prisión incondicional del cabecilla de Púnica
- Cree que ha disminuido el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas
- El exconsejero madrileño del PP lleva en prisión dos años y medio
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha impuesto una fianza de 400.000 euros al ex consejero madrileño Francisco Granados para salir de prisión, donde se encuentra desde el 31 de octubre de 2014 por su presunta implicación en la causa por la denominada Operación Púnica.
En la resolución, el juez modifica la prisión incondicional por la de prisión eludible con fianza de 400.000 euros de Granados a la vista de los últimos registros realizados en la causa en relación con Arpegio-Prisma, lo que disminuye el riesgo de que pueda influir en la destrucción y desaparición de pruebas, teniendo en cuenta también que ya se han levantado el secreto que pesaba sobre diversas piezas separadas secretas.
Además, a juicio del magistrado, también ha disminuido el riesgo de fuga ante el hecho del tiempo transcurrido, al tiempo que considera positivo que Granados pueda acudir "en otras condiciones" al primer juicio oral de esta causa, el del chivatazo que le dio el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino de la investigación de la UCO a él y su socio David Marjaliza.
Medidas cautelares tras pagar la fianza
No obstante lo anterior, al no haber desaparecido por completo los riesgos, el juez considera proporcional acordar la libertad de Granados una vez depositada la cantidad de 400.000 euros en metálico.
En caso de depositar la fianza, Granados deberá comparecer ante el juzgado central de instrucción 6 o el más cercano a su domicilio los días 1 y 15 de cada mes, facilitar número de teléfono y correo para ser localizado de forma permanente, fijar domicilio y tiene prohibido salir del territorio nacional sin autorización judicial.
La defensa del presunto cabecilla de la trama Púnica solicitó su libertad por última vez el pasado 8 de mayo alegando que sus hijas adolescentes le necesitan y que no tiene otros ingresos que no sean del trabajo de su mujer, reducidos a una "ridícula cantidad" al verse perjudicada por la situación procesal de su marido.
En su escrito remitido al magistrado, la defensa de Granados insistió en que la familia de este vive en una "modesta casa hipotecada" en la que las niñas comparten habitación y recordó que no tiene más bienes que los que le han bloqueado en el marco de la instrucción del procedimiento y descarta que exista patrimonio oculto en el extranjero.
Respecto a la posibilidad de destrucción de pruebas, su representación procesal expuso que no tiene potestad para hacer desaparecer documentación relacionada con la trama Púnica porque los diversos cargos públicos que ostentó los abandonó hace varios años, lo que hace "absolutamente imposible imaginar ese supuesto".