El Congreso rechaza que el Constitucional revise el CETA, el tratado de libre comercio con Canadá

• Podemos: crea un sistema de tribunales que constituye "una justicia paralela"
• Esto plantea una duda "objetiva y razonable" sobre su constitucionalidad, dicen
• PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y PDeCAT avalan la tramitación del acuerdo

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea de solicitar al Tribunal Constitucional que revise la constitucionalidad del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA, por sus siglas en inglés). El acuerdo, suscrito en Bruselas en octubre del pasado año, continúa así con su tramitación.

Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha recabado el apoyo para rechazar el CETA de Esquerra Republicana (ERC), Compromís, y Bildu, mientras que el PP, el PSOE, Ciudadanos, PNV y PDeCAT han avalado la tramitación del acuerdo internacional.

El tratado pasará ahora a la Comisión de Exteriores, donde se elaborará un dictamen que deberá volver al Pleno del Congreso para su ratificación. Desde que fuera ratificada por el Parlamento Europeo, el tratado entró en vigor de forma provisional, aunque ésta no será definitiva hasta que todos los parlamentos nacionales y regiones competentes lo ratifiquen.

Gobierno, PSOE y Ciudadanos apoyan el tratado

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, ha defendido que el acuerdo incrementará los intercambios comerciales y de inversión, "lo que redundará en mayor actividad y crecimiento". "Tenemos mucho que ganar con este acuerdo, que además es una apuesta clara por las sociedades abiertas", ha añadido.

En la defensa de la propuesta de solicitar una cuestión previa de inconstitucionalidad presentada por Unidos Podemos, Pablo Bustinduy ha argumentado que el acuerdo "modifica sustancialmente" las funciones judiciales y normativas del ordenamiento, al crear un sistema de tribunales que constituye "una justicia paralela" y "comités mixtos de regulación". En su opinión, esto plantea "una duda objetiva y razonable sobre la constitucionalidad de estos preceptos" que hace recomendable una revisión por parte del Tribunal Constitucional.

Frente a esto, Dastis ha subrayado que "nada de lo dispuesto y acordado" supone "la menor merma o atisbo de menoscabo de sus libertades", ya que el mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado, que es el elemento que cuestiona Unidos Podemos, solo es una "mejora" del que existía hasta ahora.

El Grupo Socialista ha rechazado paralizar la tramitación porque es "un buen acuerdo", según ha explicado Soraya Rodríguez, aunque ha puntualizado que "no es el mejor acuerdo". "Este acuerdo beneficia a la ciudadanía de la Unión Europea y a la ciudadanía de Canadá", ha considerado, porque elimina "prácticamente el 100 % de los aranceles, abre mercados" y facilita el comercio.

Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido el acuerdo porque supone "un avance para los ciudadanos" y porque confía en que "la competencia y el talento hagan mejor este país". Rivera ha cargado contra Unidos Podemos por plantear un "debate ideológico" con "excusas de constitucionalidad", al tiempo que les ha acusado de haber "nacido ya viejos, con ideas del siglo XIX".

ERC, Compromís y Bildu, en contra del acuerdo

La diputada Ana María Surra (ERC) ha considerado que el tratado "supone una auténtica capitulación a los intereses de las grandes empresas", por lo que ha criticado los tribunales de arbitraje y la falta de transparencia en su elaboración.

El diputado del PNV Esteban Bravo ha coincidido con el ministro en que hace décadas que existen tribunales de arbitraje, que se mejoran con este tratado, y ha asegurado que las empresas que se beneficiarán serán las pymes, ya que las multinacionales tienen capacidad de entrar en los mercados con la regulación actual.

Desde PDeCAT, Jordi Xuclà i Costa ha confiado en que el acuerdo permita que Canadá sea una "inspiración" democrática para los países europeos, mientras que tanto Bildu como Compromís han criticado que el texto vulnera la soberanía nacional española.

El diputado del PP José Ramón García Hernández ha afeado a quienes rechazan el tratado que "estigmatizan el comercio", mientras ha garantizado que su grupo buscará "siempre acuerdos comerciales que sean justos".