El PSOE quiere reprobar al 'número dos' de Interior, José Antonio Nieto

• Ya logró la reprobación del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado
• Le reprochan reunirse con el hermano de I. González en el marco del caso Lezo

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

El grupo parlamentario socialista del Congreso de los Diputados defenderá en el próximo Pleno una moción para reprobar la actuación del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y exigir al Gobierno su cese.

Una semana después de conseguir la reprobación del ministro de Justicia -el primer ministro en activo reprobado por el Congreso en democracia- y la del fiscal general del Estado, los socialistas buscan ahora el respaldo mayoritario de la Cámara para reprobar al número dos de Interior.

Para ello, ha registrado una "moción consecuencia de interpelación urgente sobre la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del Ministerio del Interior en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción".

Por reunirse con el hermano de Ignacio González

En el texto proponen al resto de grupos parlamentarios "reprobar la actuación del secretario de Estado de Seguridad y exigir al Gobierno su cese por su responsabilidad en los hechos señalados y por resultar, en consecuencia, inadmisible que continúe ostentando el ejercicio del mando sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado."

En la exposición de motivos, el PSOE justifica esta iniciativa por "los graves indicios y sospechas" que, a su juicio, pesan por la reunión de Nieto con el hermano del expresidente madrileño Ignacio González, actualmente en prisión vinculado a una "grave trama de corrupción ligada al Partido Popular", en referencia al caso Lezo.

Añade que "la ausencia de explicaciones" lo pone en duda, máxime siendo, como es, "el responsable del ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Segundad del Estado y de la coordinación y la supervisión de los servicios y misiones que les corresponden".

Además, justifica su postura en que está "acreditado que parte de los encausados recibieron información de que estaban siendo investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que pudo haberles permitido obstaculizar las investigaciones e incluso sustraerse a la acción de la justicia".