Los fiscales piden en el Congreso despolitizar la elección del fiscal general

• Proponen que se escoja entre una terna o que lo designe el Consejo Fiscal
• Quieren que el órgano de los fiscales asuma más poder ante los fiscales jefe
• Piden que se les desvincule del Gobierno si asumen la instrucción penal

Representantes de tres asociaciones de fiscales antes de comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso.

Las tres asociaciones de fiscales han pedido en el Congreso que se cambie el sistema de elección del fiscal general del Estado para desvincularlo del Gobierno y que se de más poder al Consejo Fiscal, un órgano que podría encargarse de su nombramiento o al menos controlar su actuación.

Las asociaciones han expuesto ante los grupos parlamentarios los principales problemas que ven al ministerio fiscal y las reformas que se deberían acometer, empezando por la figura del fiscal general, que está, han coincidido las tres, muy politizada.

Concepción Talón, presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), ha expuesto que su sistema de elección y cese "provoca la suspicacia de la ciudadanía" en un momento en que es urgente que la Fiscalía quede "al margen de esa politización" para que no sea "en ningún caso ni correa de transmisión del poder Ejecutivo".

Así, ha propuesto nuevos sistemas de elección del fiscal general en los que no influya el Gobierno, como por ejemplo uno de ternas elegidas entre los 24 fiscales de primera categoría, o bien que el Consejo Fiscal se encargue de hacerlo.

Su cese también es un punto controvertido, ya que, ha recordado Talón, uno de los motivos es el incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, una "causa de cese genérica e imprecisa" que viste el "libre albedrío" con "un ropaje mas correcto".

Más funciones al Consejo Fiscal

Otro de los puntos en los que dos de las tres asociaciones han coincidido es en la reforma de las funciones del Consejo Fiscal,  un órgano de 12 miembros (nueve de ellos elegidos por la carrera) que actualmente es solo de asesoramiento, cuando, para los fiscales, debería tener una función más decisoria.

"No puede limitarse -ha defendido Talón- a ser un órgano de asesoramiento y que luego el fiscal general del Estado, sin ningún tipo de contrapeso, pueda hacer lo que quiera".

En cuanto a la reforma penal para que los fiscales lleven la instrucción penal, Talón ha afirmado están preparados para antes habría que cambiar su estatuto para desvincularlos del Gobierno y que puedan "trabajar con rigor".

"Poder absoluto" del fiscal general

Para la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María de las Heras, "el principal escollo" que pone en duda la independencia y la autonomía del ministerio fiscal es precisamente "el poder absoluto que tiene el fiscal general del Estado dentro de la institución".

Por ello, ha apelado a la "voluntad, valentía y responsabilidad política" de los grupos para modificar el estatuto fiscal y regular "el sistema de jerarquía y de transmisión de órdenes" dentro de carrera, al tiempo que ha señalado la necesidad de que toda la plantilla fiscal "participe en el nombramiento" de los fiscales jefe.

Sobre la posibilidad de que los fiscales lleven la investigación, ha afirmado: "La función propiamente constitucional del juez es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (...). Que los fiscales no llevemos la instrucción no significa que no investiguemos".

Poner término al "fiscal general del Gobierno"

Por último, Miguel Pallarés, el portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales (APIF), la más nueva y minoritaria, ha enfatizado la necesidad de desvincular al fiscal general del Gobierno, un problema que ha arrastrado siempre la democracia española.

"¿Qué fiscal general del Estado se ha podido quitar el estigma de haber sido designado directamente por el Gobierno?", se ha preguntado Pallarés, que ha sido tajante en su petición a los diputados: "Acaben, pongan término, al fiscal general del Gobierno, y den ustedes luz verde al fiscal general del Estado".

Pallarés ha propuesto como una alternativa que no necesitaría de una reforma de la Constitución que el fiscal general sea nombrado a propuesta del Gobierno, pero debiendo el candidato contar una amplia mayoría del Congreso.

Al igual que la AF, ha pedido un Consejo Fiscal con más poder de control para que pueda echar atrás decisiones de los fiscales jefe como las de quitar a un determinado fiscal la investigación de un cierto asunto (tal y como ocurrió con la decisión del jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, de sustituir a los dos fiscales que llevaban el caso 3% de CDC).

Finalmente, ha abogado por que la investigación la lleven efectivamente los fiscales, y no los jueces, ya que con el actual sistema España está "haciendo un papelón en Europa".