El presidente de la Generalitat advierte al fiscal general del Estado del "error" de judicializar el proceso catalán

• Para la Fiscalía, la visita responde a una "cortesía institucional"
• Este jueves hay reunión de fiscales autonómicos en Barcelona

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibe al fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont se ha reunido con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, a quien ha manifestado que cree un "error" judicializar el proceso soberanista, mientras Maza le ha recordado la "obligación de la Fiscalía de cumplir las funciones que la ley le encomienda".

Con motivo de su viaje a Barcelona para participar en la junta de fiscales superiores de comunidades autónomas, que se celebrará mañana por primera vez en la capital catalana, Maza ha acudido a las 17.30 horas al Palau de la Generalitat para verse con Puigdemont.

La reunión se ha alargado durante una hora y media y en la misma también han estado presentes el conseller de Justicia, Carles Mundó, el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, y el fiscal de sala jefe de la Unidad de Apoyo, Francisco Moreno Carrasco.

Al finalizar el encuentro, el conseller Mundó ha atendido a los periodistas en la plaza Sant Jaume, ante la Generalitat, y ha explicado que en la reunión se ha abordado "todo lo que tiene que ver con las relaciones de la consellería de Justicia con la Fiscalía, además de comentar el momento político".

Mundó ha dejado claro que "el Govern no dice nada en privado que no explique en público": "Siempre explicamos que judicializar una cuestión que es de naturaleza política es una vía equivocada. Por lo tanto, insistir en la vía judicial para resolver una cuestión de naturaleza política es sin duda un error", ha señalado.

Maza, por su parte, ha evitado hacer declaraciones tanto a su llegada a la Generalitat como al final de la reunión y, de hecho, ha abandonado el edificio del gobierno catalán por una puerta lateral para evitar a los periodistas que aguardaban a su salida en la puerta principal.

En un comunicado posterior, la Fiscalía General del Estado ha explicado que, "durante el transcurso de la reunión, dado el carácter institucional de la visita, no se ha considerado oportuno tratar aquellos temas que se encuentran judicializados", si bien Maza "ha recordado la obligación que incumbe a la Fiscalía de cumplir las funciones que la ley le encomienda".

Por otro lado, ha añadido que la Fiscalía General del Estado, "teniendo en cuenta la asunción de competencias en materia de Justicia por parte de la Generalitat y el hecho que ello implica un especial marco de relación y colaboración entre su Administración y el Ministerio Fiscal, especialmente en medios materiales, en el curso de la reunión se ha hecho un somero recuento de las cuestiones que fueron tratadas en la última Comisión Mixta del 19 de abril".

La reunión se produce con varias querellas en marcha

La reunión se produce con varias querellas en marcha que la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), por orden de la Fiscalía General, ha presentado contra varios cargos electos soberanistas.

El último caso se produjo el 16 de mayo, cuando Maza ordenó al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, querellarse contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por el anuncio de comprar 8.000 urnas.

Esta querella alega delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de fondos públicos y fue criticada por Puigdemont, que defendió que la licitación era "impecable" y recordó que la comunidad andaluza también compró urnas en su día y no pasó nada.

Otros procesos judiciales en marcha son los que afectan a cinco miembros de la Mesa del Parlament, investigados por permitir que la Cámara catalana debatiera iniciativas vinculadas con el referéndum y el proceso soberanista.

El ministerio público, además, anunció el pasado lunes día 22 que estaba analizando el borrador que publicó El País sobre una ley de desconexión que supuestamente prepara el Govern para el caso que se le prohíba celebrar un referéndum independentista.

El Govern considera estos procesos una "judicialización" del proceso soberanista, y reclama que este proyecto político se aborde desde el diálogo y la negociación con el Estado, no a través de los tribunales.