La comisión en el Senado sobre la financiación de los partidos se constituirá el 6 de junio

• Los grupos tienen de plazo hasta el 2 de junio para designar a sus representantes
• En su escrito de creación, el PP nombra una treintena de casos de corrupción

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante una intervención en el Senado.

El PP ha puesto en marcha finalmente la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos, que se constituirá el próximo 6 de junio. Los grupos tienen de plazo hasta el viernes día 2 de ese mes, viernes, para designar a quienes sean sus representantes, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

La creación de la comisión fue aprobada por el Pleno el pasado 5 de abril y a propuesta del PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta; el objeto es estudiar la financiación de todos los partidos políticos, hacer propuestas para mejorar el sistema por el que reciben fondos y evitar casos de corrupción. Pero los 'populares' la han mantenido inactiva hasta ahora, a la espera de cómo evolucionaba en el Congreso la comisión de investigación sobre la financiación del PP.

Este miércoles se empezó a debatir en la Cámara Baja el trabajo de esa comisión, desde cuándo debe empezarse a investigar y quién comparece. El coordinador general 'popular', Fernando Martínez Maíllo, aseguró que si la oposición va a convertir en una causa general contra el PP este foro y no admite que declaren líderes de otros partidos más que Mariano Rajoy, les llamará a comparecer en la comisión del Senado.

Y unas horas después de esta advertencia, la comisión en la Cámara Alta se ha puesto en marcha. El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha remitido este jueves por la mañana una carta a los portavoces de los grupos parlamentarios en la que les informa de los detalles.

La comisión se constituirá el 6 de junio

En concreto, que la comisión se constituirá el 6 de junio, martes, y que hasta el viernes anterior, a las dos de la tarde, pueden presentar en el registro los nombres de los senadores que van a formar parte de la misma: 15 serán del PP, 6 del PSOE, 2 de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, uno de ERC, otro del PNV y dos más del Grupo Mixto.

En la constitución de la comisión se elegirá a los miembros de la Mesa que dirigirá los trabajos. El PP cuenta con mayoría absoluta en el Senado y podría mantener la presidencia, porque le corresponde, aunque también podría cederla a otro grupo. En el Congreso, está presidida por Nueva Canarias.

Ese día 6 de junio, los miembros de la comisión se volverán a citar para una siguiente ocasión y para empezar a organizar sobre qué se trabaja y quién comparece. Mientras tanto, avanzarán en paralelo los trabajos de la comisión de investigación del Congreso, donde está previsto precisamente que el 7 de junio se decida una lista de comparecientes y el periodo de tiempo que se investigará.

El Senado abrirá así una comisión de investigación veinte años después de la última, creada en 1995 para analizar las responsabilidades políticas derivadas de la actuación de los Grupos Antiterroristas de Liberación, los GAL.

Una treintena de casos de corrupción

En la solicitud de creación de la nueva comisión, el PP explica que busca la revisión de la financiación de todos los partidos y fórmulas de más transparencia para el futuro. Asegura que la corrupción es un problema que ha afectado a todos y enumera una treintena de asuntos conocidos en los últimos años y que afectan a prácticamente todos los miembros del arco parlamentario; entre ellos, sólo cita dos que le afectan directamente: Púnica y Gürtel.

El escrito del PP arrancan con el caso Filesa de financiación ilegal del PSOE, que provocó una comisión de investigación en el Congreso en 1994. Añade que entre 1987 y 2007, los partidos ingresaron más de 100 millones de euros a través de donaciones anónimas, según los informes del Tribunal de Cuentas: "CiU se llevó 42 millones, el PNV 27, el PP 25 y el PSOE 8".

Dice a continuación que también hubo condonaciones de deuda bancaria, que califica de "donaciones exorbitantes": "Tan sólo en 2005 al PSC se le perdonaron 6,6 millones y otros 7,8 fueron renegociados con el PSOE, IU y otros con un tipo de interés tres veces inferior al aplicable. A ERC se le condonaron 2,7 millones".

El PP insiste en que ningún partido puede enarbolar "una superior autoridad moral sobre los otros" y sigue enumerando casos de corrupción aunque no menciona a los partidos afectados: el 'caso Tragaperras' y el caso 'De Miguel (PNV), el caso Casinos (CiU); en Andalucía, añade, el fraude de los ERE, cursos de formación, Invercaria, "los casos Avales, Mercasevilla, el de facturas de la UGT, la Agencia Idea y las infraestructuras educativas", el 'caso JEREME', 'caso Marismas', caso Consorcios UTDELT (que afectan a la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE).

Y continúa: 'Bahía Competitiva', caso PTA (PSOE), los casos gallegos Pokemon, Patos y Santos Héctor Rodríguez (varios partidos), el caso Mercurio (PSC), caso Caja Castilla-La Mancha, los aragoneses caso Plaza/Naves (PSOE) y caso Pagarés/karting, el caso Marea y la ampliación del Puerto del Musel (PSOE asturiano, al que pertenece el actual portavoz socialista del Senado, Vicente Alvarez Areces), la presunta prevaricación en Santoña (PSOE), "la compra de votos en Melilla" (PSOE y Coalición por Melilla), el caso Palau "o el 3% en Cataluña" (CiU) "y otros que hemos ido conociendo a lo largo de los

últimos años".

Añaden que tampoco está permitida la "utilización de las asignaciones de los grupos municipales" para la financiación de nacional de partidos (en referencia a Ciudadanos), ni la financiación de "forma directa o indirecta" por parte de países extranjeros "al entorno de un partido político de ámbito nacional, o el 'crowfunding' "eludiendo" algunos requisitos legales (en clara alusión a Podemos).